El 15 de diciembre venidero Sergio Salomón Céspedes Peregrina asumirá el cargo de comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), aunque en su gestión como gobernador de Puebla nombró titular del Registro Civil del estado a José Francisco de la Fuente Flores, sobre quien pesa una investigación por haber colaborado con una red de tráfico de migrantes.
El 8 de octubre la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el actual titular del INM, Francisco Garduño, vinculado a proceso por ejercicio indebido de la función pública luego del incendio del centro migratorio de Ciudad Juárez que costó la vida a 40 personas, será relevado cuando el mandatario poblano entregue la estafeta al morenista Alejandro Armenta Mier.
Licenciado en Derecho y sin ningún antecedente en su currículo relacionado con temas migratorios, Céspedes será titular de una de las instituciones con más quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), luego de que en el último sexenio el INM se caracterizó por una política de contención masiva y militarizada contra las olas de migrantes que atraviesan el territorio mexicano.
Previo a ser gobernador sustituto, tras la muerte de Miguel Barbosa Huerta en diciembre de 2022, Céspedes Peregrina era el líder del Congreso local y antes de eso fue alcalde de Tepeaca. Su trayectoria política se inició en el PRI; en tiempos del panista Rafael Moreno Valle se sumó al morenovallismo y, de la mano de Barbosa Huerta, llegó a Morena en los comicios de 2021.
La presidenta Sheinbaum aseguró que el poblano era un “hombre muy calificado” y una persona “con muchas capacidades” que se hará cargo de hacer un “planteamiento integral de mejora” del INM.
De acuerdo con información obtenida por Proceso, fue el propio gobernador quien buscó dirigir el INM. Desde el 14 de agosto el portal de noticias e-Consulta anticipó en una nota que el mandatario sería titular de ese instituto.
Además, según esa información, el caso fue informado a un integrante de la estructura de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, previo a que hiciera oficial el nombramiento de Céspedes.
La designación del aún gobernador de Puebla, al frente del INM, se hizo pese a que uno de los asuntos más oscuros de su administración se relaciona precisamente con temas migratorios.
Actas para chinos
El 10 de octubre de 2023 el secretario de Gobernación del estado, Javier Aquino Limón, y el subsecretario de Desarrollo Político, Carlos Reyes Espinosa, fueron informados de que el INM y el Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo) habían detectado indicios de presuntas irregularidades cometidas en el juzgado civil del municipio de San José Chiapa, a cargo de José Antonio de la Fuente Flores.
De acuerdo con esa tarjeta informativa entregada a Proceso, utilizando el usuario y la contraseña, así como el equipo de cómputo del juez De la Fuente Flores, se subieron a la plataforma del Sistema Nacional de Registro e Identidad (SID) actas apócrifas de nacimientos y matrimonios de migrantes chinos que estaban siendo usadas para regularizar estatus migratorios ante el INM.
En este informe se presentó evidencia de dos actas de nacimiento y tres de matrimonio de ciudadanos chinos supuestamente registrados en San José Chiapa, entre abril y junio de ese año, las cuales estaban en la plataforma nacional SID, pero carecían de documental que las sustentara.
Esto fue presentado como una posible “punta del iceberg” que ameritaba iniciar una inspección física para detectar la totalidad de este tipo de movimientos hechos desde ese juzgado, al tiempo que se debía dar parte a las autoridades federales sobre el presunto tráfico de documentos oficiales.
Este hallazgo coincidía con que, meses antes, una supuesta oficina de gestión de trámites migratorios había ofrecido a distintos jueces y servidores del Registro Civil del estado una suma millonaria de dinero por emitir este tipo de actas a 200 migrantes chinos con las cuales podrían tramitar su residencia permanente en México.
Fuentes consultadas por este medio, indican que la delincuencia organizada, que opera vía ese tipo de despachos, estaría cobrando entre 100 mil y 150 mil pesos a migrantes de distintas nacionalidades por integrar los expedientes que les faciliten regularizar su estatus migratorio en el país…
Fuente.-PROCESO/
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