Al menos siete personas han muerto durante la madrugada de este sábado en un bar de Jerez, un pueblo a las afueras de la capital de Zacatecas, tras un ataque de un grupo de sicarios. Según los medios locales, poco después de la media noche varios hombres armados entraron en el local y abrieron fuego de manera indiscriminada.
Entre los fallecidos se encuentran clientes, camareros y músicos de una banda que tocaba en directo en el momento de la emboscada. Al menos otras cinco personas fueron heridas. La ráfaga de balas duró apenas un minuto y los atacantes huyeron, de acuerdo con las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad, rumbo a Fresnillo, una de las ciudades más violentas del Estado, foco rojo del crimen organizado en México.
El bar está situado en una zona muy céntrica del pueblo —unos 60.000 habitantes—, apenas a tres calles del palacio municipal. El alcalde, José Humberto Salazar Contreras, anunció que tanto la Fiscalía como las autoridades federales ya trabajan en el caso. Jerez, a una hora en coche de la capital, cuenta con un cuartel de la Guardia Nacional inaugurado hace tan solo dos años como parte del operativo de seguridad para contener la violencia creciente en la zona.
Zacatecas es parte de la ola de violencia que azota a los Estados rurales del centro de México, relativamente tranquilos hasta hace pocos años, alejados tanto de las puertas de entrada y producción de droga —las costas y las montañas— como de las puertas de salida por la frontera norte. Pero en los últimos años el mapa del crimen organizado se ha ensanchado cada vez más. Como Guanajuato, San Luis Potosí o Aguascalientes, la región ha registrado un vertiginoso aumento en los registros de asesinatos, secuestros o extorsión.
Un repaso solo a los últimos dos meses ilustra la crisis de seguridad con sucesos en distintos puntos del Estado. A principios de diciembre fueron asesinados en menos de una semana un coordinador de la Guardia Nacional, durante un choque con las mafias, y un juez, al que le dispararon en la cabeza cuando salía de su casa un sábado por la mañana. Apenas unos días después, se volvieron a vivir 48 horas de terror: un motín y un intento de fuga en un penal cercano a Fresnillo, seguido de decenas de ataques, incendio de coches y bloqueos de carreteras en las inmediaciones de la capital; vehículos incendiados, columnas de fuego, sonidos de disparos y sirenas policiales.
Ya en enero, un ciudadano estadounidense y tres mexicanos desaparecieron en una carretera colindante con el Estado de Jalisco. Una semana después, sus cadáveres aparecieron en una fosa clandestina cerca de donde se les había perdido la pista. Esta misma semana, los medios locales informaron de dos asesinatos en bares en la capital. Zacatecas lideró hace dos años la tabla de homicidios con una tasa de 109 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Las cifras han menguado levemente, pero sigue en los primeros puestos de violencia.
El Estado también ocupa los primeros puestos en desplazamiento forzado de personas, según el reciente informe de La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. El estudio cuenta 42 “episodios de desplazamiento interno masivo” en 10 Estados del país causados por la violencia de grupos armados, la persecución política o el asedio territorial. El 84% de los desplazados escaparon de los Estados de Michoacán, Chiapas y Zacatecas.
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