"JUICIO POLITICO en TELA de JUICIO": UNA HERRAMIENTA de RENDICION de CUENTAS MAL EMPLEADA por la POLITICA a la MEXICANA...porque todo, absolutamente todo, lo prostituyen.

México cuenta con la figura de juicio político, una herramienta que tiene como objetivo que legisladores y funcionarios públicos le rindan cuentas a la ciudadanía, pero que solo se ha utilizado para amenazar y negociar.

De acuerdo con el abogado constitucionalista Luis Enrique Pereda, no debería espantarnos este mecanismo, sucede en otras partes del mundo y ayuda a darle seriedad y profesionalismo al trabajo político porque obliga a que el Congreso demuestre que un funcionario acusado realmente hizo mal uso del servicio público y, aún mejor, que sea retirado de su cargo sin posibilidad de volver al gobierno o al trabajo legislativo. 

entre mas leyes tiene un pais mas corrupto es y mas corruptos hay:

"FUERO a la MEXICANA": LA "INMUNIDAD PROCESAL en MEXICO es un PERMISO para DELINQUIR y NO FUNCIONA IGUAL en RESTO del MUNDO"...es la capa que todo lo tapa.

Pero ¿qué es exactamente el juicio político? ¿Cuántos malos funcionarios o legisladores mexicanos han tenido que defenderse ante el Congreso de la Unión? 

El juicio político

Aunque este término llega a utilizarse como sinónimo de costo político o castigo electoral, Luis Enrique Pereda nos dijo que en realidad es una herramienta jurídica que se encuentra en la Constitución y que fue creada para que rindan cuentas los servidores públicos. 

“El juicio político es una sanción jurídica de naturaleza política. Está en el título cuarto de la Constitución, en ese contexto se entiende como una sanción ante la violación del deber de los servidores públicos”, explicó.

El artículo 109 de la Constitución dice que un servidor público será sancionado mediante juicio político “cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.

De acuerdo con Pereda, se trata de un juicio, “pero no es de naturaleza jurisdiccional, sino de naturaleza política, el cual se sigue ante la Cámara de Senadores como si esta fuera un juez, y acusa la Cámara Diputados como si fuera un fiscal”.

En cuanto a las sanciones, en el Artículo 110 solo se establece que “consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público”.

El mismo artículo 110 dice que “podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión”, así como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros de la Judicatura Federal y secretarios de despacho.

También se puede llevar a juicio político al Fiscal General de la República, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero Presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral y los integrantes de los órganos constitucionales autónomos. Tanto a nivel nacional como a nivel estatal.

Por último, también pueden ser juzgados de esta manera “los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos”.

En cuanto al presidente de la República, Luis Enrique Pereda opina que de manera deliberada “hay poca claridad de la Constitución al respecto. La redacción está hecha deliberadamente confusa para tomar la decisión que convenga o se quiera o se pueda, llegado el caso”.

El juicio político es una sanción jurídica de naturaleza política interna, igual que lo es la declaración de procedencia, pero no deben confundirse, según Pereda. Ya que esta última tiene que ver con quitar el fuero constitucional para que legisladores y funcionarios puedan ser vinculados a procesos penales. Mientras que el juicio político termina con una sanción de naturaleza política. 

“Ejemplos de declaración de procedencia, la hemos visto recientemente con el diputado Mauricio Toledo y el diputado Saúl Huerta, que se les retiró el fuero constitucional”.

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Juicio político para qué

También vimos la declaración de procedencia con varios políticos en el pasado, como el actual presidente Andrés Manuel López Obrador en 2004, cuando era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal y no suspendió una obra a pesar de que lo exigía una orden judicial.

Sin embargo, no hemos visto a un servidor público sentado ante el Congreso en un juicio político, al menos a nivel federal, aseguró Luis Enrique Pereda. 

El experto detalló que en los últimos 20 años no se ha aplicado y menos antes, durante la hegemonía priista del siglo pasado, en la que la gran mayoría de legisladores pertenecían al mismo partido del presidente y el Congreso no era un contrapeso.

En el caso de Rosario Robles, cuyo proceso de juicio político se inició el año pasado por participar en el mecanismo de desvío millonario de recursos públicos conocido como la “Estafa Maestra” en el sexenio de Enrique Peña Nieto, no se puede hablar de juicio político todavía porque su caso aún no se juzga ante el Senado.

“Hay un gran dicho que dice: a todos santo se le construye su capillita y a todo político se le presenta su denuncia de juicio político”, nos dijo Pereda, sin embargo, a pesar de las denuncias esta figura constitucional no se utiliza.

Si solo sirve para denunciar a servidores públicos pero nunca se ha dictado sentencia contra ninguno, ¿entonces para qué existe el juicio político? ¿No sería mejor que se eliminara?

Luis Enrique Pereda opina que está bien que existan este tipo de mecanismos: “hay más cosas en la Constitución que no se utilizan y no por eso deberían de desaparecer. No porque no se usen, carecen de utilidad”.

“La Constitución es un acuerdo político entre factores reales de poder de su momento, establece soluciones a posibles problemas o a posibles conflictos para no tener que pelearse”, comentó el experto.

Y agregó que lo que sí es cierto es que “sería mejor idea que se pudiera aplicar cuando así se considere, pero que no se actualice no quiere decir que sea un estorbo o un dinosaurio ahí muerto en la Constitución. Su existencia ayuda a tomar decisiones, incentiva ciertos acuerdos y permite ciertos pactos”.

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Una reforma necesaria

En días recientes, el diputado morenista Rubén Cayetano García presentó una iniciativa para expedir la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, lo cual tendría como consecuencia revisar y en su caso modificar los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución.

Para Luis Enrique Pereda es un buen momento para pedir mayor claridad en qué es exactamente el juicio político, y a quienes se les aplica, “sobre todo en el tema del presidente de la República, que es bastante nebuloso”. 

Además es buen momento para dejar claros los eventos en los que podría utilizarse. Ya que considera que, aunque es un control de naturaleza política y no puede ser tan específico como si fuera de naturaleza penal, sí podría mejorar la redacción para que no sea tan ambigua.

“Como está ahora, se presta para que los senadores lo anden utilizando –junto con la desaparición de poderes–, como una especie de amenaza. Sin embargo, por su naturaleza política, no es del todo incorrecto, pues así ocurre en varios parlamentos del mundo”, dijo Pereda.

Y puso como ejemplo el impeachment de Estados Unidos, el cual se presta para que las fuerzas políticas lo puedan utilizar como un mecanismo de control.

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Mecanismo de presión del Poder Ejecutivo

El abogado constitucionalista Luis Enrique Pereda considera que es normal que se le dé un uso político al juicio político, pues básicamente lo lleva en el nombre.

“No hay que espantarnos, solo hay que tratar de darle más claridad de cuándo procede y contra quién procede, pero que se le dé un uso político está bien, incluso si no se logra actualizar, para eso nació. Ahora, hay que darle seriedad al tema”, explicó.

En cuanto a la seriedad con la que se debe tomar, el abogado subrayó que debe aprovecharse para mejorar el servicio público, pero sin abusar, “si vas por el mundo amenazando a todos con juicio político, el propio Congreso no se lo estaría tomando en serio”, además de que “no puede ser un arma del Poder Ejecutivo”.

“Una de las características esenciales del juicio político es que debe haber una verdadera división de poderes para que el Poder Legislativo pueda llamar a cuenta a otros actores políticos fundamentales, entre ellos el propio Ejecutivo”, agregó.

Para Pereda el miedo a que se use mal el juicio político se debe a que la ciudadanía no confía en la clase política, “pero precisamente estos mecanismos sirven para dotarlos de seriedad y profesionalismo”.

Y concluyó que “el juicio político es el pan nuestro de cada día en los parlamentos serios del mundo. Es cierto que es común encontrar circo, maroma y teatro en la política mexicana, pero una de las muchas áreas de oportunidad para dignificarla, es tomarnos en serio el juicio político”.

fuente.-Andrei Vazquez/