"YA se CANSO de CONFIAR en la LEY y LLEVA MAS de 24 HORAS ATRINCHERADA en la CNDH EXIGIENDO JUSTICIA para su HIJA ABUSADA SEXUALMENTE"...y no se movera hasta irse satisfecha.

A más de 24 horas atrincheradas en una sala de juntas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), familiares de víctimas insisten en que no se irán sin que se actúe en sus casos.

"Sólo nos quieren dar papeles para que uno se mueva y nosotros no llegamos hasta aquí para irnos otra vez como niño con juguete nuevo, ya estamos cansados que lo hagan así", comentó Marcela Alemán, cuya hija fue violada en 2017, cuando tenía cuatro años y medio.

"Ya me cansé de tanto documento que no sirve para nada, traigo una mochila llena, y ya me cansé; que todos los padres sepan que esto es lo que van a vivir si no cambiamos este sistema".

Su esposo, Roberto Cuello, se reunió por la mañana con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, pero no quedaron satisfechos con la respuesta, pues les dijo que el caso depende de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que está pendiente de resolver si lo atrae.

"Yo quiero un abogado bueno, yo sé que todavía se puede hacer algo para que estén en la cárcel los culpables"; dijo.

La hija de Marcela y Roberto, que tiene actualmente siete años, fue abusada dentro del Instituto Luis González Urbina, de San Luis Potosí, pero además fue víctima de trata, pues la sacaban del colegio para llevarla con hombres y mujeres.

"Cumple años el 21, y lo único que deseaba era una fiesta con amiguitos de verdad, porque tiene tres años encerrada, con miedo, y era lo único que me había pedido este año, y eso me parte el alma, que hasta eso tenga que pedir", comentó Marcela, vía telefónica.

"Ha sido una lucha muy dura porque muchos rechazan lo que dicen los niños, y nosotros lo que hicimos fue creerle a nuestra hija, porque los niños no mienten con esos contextos sexuales".

Ella acusa a María Teresa de Jesús Rodríguez Galván, psicóloga del Instituto Luis González Urbina, quien no fue sentenciada debido a fallas procesales.

Marcela explicó que actualmente no tiene dónde vivir, debido a que recibió amenazas en Matehuala, de donde son originarios.

Además, han sufrido varios padecimientos de salud, como anemia y parálisis facial, y quedaron en la ruina debido a que su abogado les cobraba hasta 70 mil pesos por audiencia, y al final se fue al bufete de la parte acusada.

"Lo que pasa es que nosotros siempre fuimos muy confiados en la ley, en la justicia y en el licenciado, eso fue lo malo", lamentó.

"A qué otra instancia podemos recurrir después de aquí, ¿qué otro lugar podemos tomar? Porque ya tomamos (la Comisión Ejecutiva de) Atención a Víctimas, qué otro lugar falta de recorrer como padres exigiendo justicia, que es lo único que queremos".

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