El narcotraficante mexicano más buscado, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, está siendo juzgado por la justicia de Estados Unidos en una corte de Brooklyn, Nueva York, acusado de once delitos, entre ellos tráfico de drogas y lavado de dinero, por los cuales podría ser sentenciado a cadena perpetua.
Pero El Chapo no es el único que está siendo juzgado en la corte federal de Brooklyn: también se está juzgando a ex presidentes, gobernadores, secretarios de Estado, comandantes, y otros altos servidores de distintos órdenes de gobierno de México y la relación que guardan con los cárteles de la droga y otros negocios del crimen organizado. Es decir, en Brooklyn también se juzga al narco-Estado que existe en México.
Hasta ahora, lo que se denunciado en la Corte en Estados Unidos, en apretada síntesis es lo siguiente: Jeffrey Lichtman, el abogado de Guzmán Loera dijo el 13 de noviembre, que tanto Enrique Peña Nieto, presidente de México, como su antecesor Felipe Calderón, recibieron sobornos del Cártel de Sinaloa.
En los días posteriores la fiscalía estadounidense presentó como uno de sus testigos clave a Jesús Zambada García, apodado El Rey, hermano de Ismael Zambada, El Mayo, dirigente del Cártel de Sinaloa, junto con El Chapo. Jesús Zambada hizo varios revelaciones, entre otras que él personalmente entregó tres millones de dólares (mdd) en dos ocasiones (seis mdd en total) a Genaro García Luna, secretario de Seguridad federal en el sexenio de Felipe Calderón, a cambio de protección del Cártel de Sinaloa. Declaró además que García Luna recibió otros 50 mdd del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
El hermano del Mayo Zambada también declaró que El Chapo planeó asesinar a José Luis Santiago Vasconcelos, entonces titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR, porque no aceptaba sobornos. Vasconcelos murió el 4 de noviembre de 2008 en un accidente aéreo en la Ciudad de México, junto a Juan Camilo Mouriño. El mismo testigo afirmó haber entregado 250 mil dólares a un teniente “amigo” de la policía estatal que alertó de un operativo de captura de Guzmán Loera, porque ya lo tenían rodeado en Sinaloa.
Más allá de otras anécdotas, como la pistola con la cacha incrustada de diamantes perteneciente al capo juzgado en Brooklyn, o la ejecución de socios porque no lo saludaron en alguna ocasión o porque no lo obedecían, en el juicio contra el Chapo se ha contado además que se sobornaba a la PGR, la Policía Federal, las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y hasta de la Interpol.
Y en las semanas siguientes vienen más revelaciones, pues los fiscales que quieren condenar a El Chapo van llevar al estrado a los colombianos Miguel Ángel Martínez y los hermanos Álex y Jorge Cifuentes, quienes sobornaban a la fuerza área de Colombia; César Gastélum, narcotraficante mexicano quien supuestamente sobornó a candidatos presidenciales de Honduras y participó en una conspiración para asesinar a un presidente de ese país centroamericano; y Dámaso López, el Licenciado, ex socio de El Chapo arrestado en 2017 y extraditado a Estados Unidos un año más tarde. El testimonio de El Licenciado podría hacer confesiones más graves contra el Estado mexicano, puesto que él controlaba a los funcionarios corruptos que estaban bajo las órdenes del Cártel de Sinaloa, según información de Nación 321.
Lo que se ha contado en la corte de Brooklyn no es algo que la opinión pública mexicana desconociera, pero ahora se exhibe de manera sistemática y ordenada y podría corroborar lo que en México sabemos en las calles: que si el narcotráfico funciona, y otros negocios ilícitos, es porque tiene la protección del poder político y las fuerzas armadas de este país.
No obstante, todo indica que el juez encargado del juicio, Brian Cogan tiene indicaciones de que sólo avance el enjuiciamiento de El Chapo Guzmán y no así el enjuiciamiento del Estado mexicano, según lo ha reportado Alan Feuer, asignado por The New York Times a cubrir este juicio.
Feuer ha develado que el juez Cogan recibió distintas mociones del gobierno. El 20 de noviembre escribió en su cuenta de Twitter: “Seamos claros sobre lo que pasó hoy en el juicio del Chapo: el gobierno [de Estados Unidos] promovió una moción secreta para restringir el testimonio acerca de corrupción en México. Los puntos de esa moción fueron discutidos también en secreto y el juez decidió limitar el testimonio sin una explicación completa del porqué”.
Y en su reportaje para el NYT el pasado 21 de noviembre, Feuer contó que los fiscales pretendían esconder las acusaciones contra los ex presidentes u otros funcionarios mexicanos: “Desde el tribunal, [el juez] dijo que estaba de acuerdo con los fiscales y que limitaría las preguntas que los abogados de Guzmán podían hacerle a Zambada en el contrainterrogatorio. También dijo que lo que pudiera saberse a partir de una línea de indagación más amplia no superaba la necesidad de ‘proteger a individuos y entidades’ que no estaban involucrados directamente en el caso y ‘que resultarían avergonzados’ si se permitía que Zambada testificara sin restricciones” (https://www.nytimes.com/es/2018/11/21/chapo-guzman-juicio-dia-seis/).
En resumidas cuentas, parece que el gobierno de Estados Unidos interfiere en el juicio de El Chapo, para no involucrar a miembros del Estado mexicano. O tal vez se guarde esa información para usarla cuando les convenga.
Como sea, lo que se ha develado en Brooklyn es suficiente para poner en el banquillo de los acusados también al Estado mexicano, o más correctamente al narco-Estado mexicano.
Lo que se ha corroborado en cortes de Estados Unidos, y no sólo en el juicio contra El Chapo, sino también en juicios contra los Zetas que ha seguido el periodista Juan Alberto Cedillo, dejan en claro que la mentada guerra contra la drogas y el crimen organizado es mera simulación, puesto que no se puede “ganar” una guerra con un “enemigo” con el que se pacta y con un “enemigo” que aporta flujos millonarios para el enriquecimiento de altos puestos de la clase política, gobiernos, fuerzas armadas y policiales de todo el país. Y para el pago de campañas electorales y funcinamiento de partidos.
Lo que confirma el juicio de Brooklyn es que los grandes negocios del crimen organizado en México no pueden operar sin la complicidad y protección del poder político y altos mandos de las fuerzas armadas y policiales de este país.
Y esto nos obliga a preguntarnos para qué diablos sirve, entonces, la guerra real que sí existe en México, que aumenta a ritmos acelerados los homicidios violentos, las masacres, las desapariciones, las fosas clandestinas y centros de exterminio.
La respuesta hay qué buscarla en quienes se benefician de esa violencia que provoca miedo o terror, desplazamiento de territorios y la reorganización de los mismos para usufructo de grandes negocios capitalistas, como los mineros, los forestales, los inmobiliarios, o turísticos.
Como dijo Oswaldo Zavala (autor de “Los cárteles no existen”) a Heriberto Paredes: “¿Y quiénes verdaderamente sufren con todo esto [la guerra]? Los sectores más pobres del país, los jóvenes pandilleros, los desempleados y sin educación que conforman el perfil más recurrente de las víctimas de homicidio. Mientras, la clase alta y las trasnacionales continúan el saqueo de los recursos naturales allí donde curiosamente la violencia no incomoda a las empresas extractivistas”.
Lo que en territorios llenos de violencia y desapariciones han confirmado activistas y defensores de los pueblos, y periodistas o académicos en sus reportajes y libros, ahora también se conoce en Brooklyn. La guerra contra el narco es una estafa. Lo que tenemos es una guerra que sirve a distintas dinámicas de acumulación de capital.
fuente.-Ruben Martin/
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