Con Peña Nieto el país se consolidó como un verdadero paraíso de
mafias, tanto políticas como criminales: solapó la corrupción de los
gobernadores con el manto de la impunidad; permitió la infiltración del
crimen organizado en la mayoría de los municipios y permitió con sus desatinos
y yerros que la delincuencia organizada tomara el control de municipios y
estados hasta convertirse en grupos de poder fácticos que gozan de impunidad.
En el año 2010, el Senado de la República dio a conocer una
cifra alarmante que hoy es de miedo: el 80% de los municipios del país son gobernados
por alcaldes que, directa o indirectamente, tienen una relación con alguna
modalidad del crimen organizado.
Esto quiere decir que estos munícipes habrían llegado
financiados por el narcotráfico –sólo por citar la expresión más violenta del
crimen organizado –y que dichas autoridades en su momento tuvieron que devolver
los favores –financiamiento, operación política y otros –no sólo con impunidad
sino entregando el control de los municipios de gobiernan.
Y dicho control consiste, según se observa en Veracruz,
Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California, Morelos, entre otros
estados –en poner a disposición del crimen organizado las estructuras
policiacas, concesiones de obra pública, cuotas fijas, y hasta los Centros de
Comunicaciones, Comando y Control, conocidos como C-4.
Es verdaderamente humillante, en muchos casos, como los alcaldes
están al servicio de la mafia. Morelos, donde gobierna el cacique Graco
Ramírez, es un ejemplo de verdadero cogobierno con el crimen. El gobernador que
dice ser de la izquierda progresista en realidad conduce al estado de Zapata
acompañado de alcaldes vinculados con el narcotráfico. Para estas autoridades
resultó mejor pactar que combatir a los varones de la droga.
A lo largo de cinco años de gobierno, durante los cuales la
corrupción ha galopado impune en todo el país, la asignatura pendiente y que
será una suerte de herencia maldita de Peña Nieto al concluir su gobierno, es
la inseguridad pública.
De esto parece estar consciente tanto el Presidente como su
Gabinete de Seguridad, encabezado por Miguel Ángel Osorio Chong, pero lo cierto
es que no hay resultados que generen confianza en el gobierno. Ningún
gobernador ha podido enfrentar al crimen organizado. Algunos dan la espalda al
problema, otros administran la crítica situación y unos más han optado por
unirse al enemigo como una forma de sobrevivencia política.
En la reunión que Peña Nieto sostuvo el miércoles 30 con su
Gabinete de Seguridad el mandatario justificó el fracaso de su gobierno en
materia de seguridad al afirmar que los gobiernos estatales no tienen capacidad
para enfrentar al crimen organizado. En reunión en el Senado, Osorio Chong
pidió castigo para los gobernadores y autoridades que no han hecho bien su
trabajo en materia de seguridad, como aceptado que se les ha dado todo el dinero
y las herramientas para cumplir pero se han desentendido del problema a pesar
de sus terribles consecuencias.
Osorio Chong –quien está más ocupado en concretar la candidatura
presidencial que en los problemas del país –dijo que urge que en los próximos
meses se replantee la estrategia de seguridad para combatir al crimen
organizado. Pero parece olvidar que el gobierno de Peña Nieto ha carecido de
una estrategia clara para tal propósito. En el gabinete no sólo hay malos
entendidos, falta de coordinación y desperdicio de fuerzas sino confrontaciones
y luchas de poder que a lo largo de cinco años han dado al traste con todo
intento de enderezar un método eficaz de combate a la criminalidad.
A lo largo de estos cinco años fallidos, la fórmula de combate
al crimen ha consistido en un derroche descomunal de dinero como si para acabar
con la delincuencia se necesitara más presupuesto, armamento y operativos
inútiles, lo que ya ha demostrado su ineficacia.
Esta forma de combatir al crimen permite solo enfocarse a las
consecuencias pero no parece que haya interés ni mucho menos voluntad política
para enfrentar las causas.
El problema en realidad pasa por la corrupción en todos los
órdenes de gobierno. Se trata de la complicidad de las policías y sus
jefes; de los fiscales, de los alcaldes y hasta de los gobernadores que han
consolidado sus carreras políticas en confabulación con las mafias del crimen
organizado. Ahí están los casos de Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, Javier
Duarte y es muy probable que a la lista de escándalos de corrupción e impunidad
se sumen otros mandatarios como Roberto Sandoval Castañeda, gobernador de
Nayarit, a quien se le vincula con el narcotráfico, y Graco Ramírez, en cuyo
gobierno se ha consolidado el capo Santiago Mazari Hernández, “El Carrete”,
jefe del cártel de Los Rojos, quien tiene amplia influencia en Morelos y
Guerrero.
No hace mucho tiempo los gobernadores de Guerrero, Morelos y
Michoacán invirtieron buena parte de sus presupuestos para enfrentar al crimen.
Incluso hasta dejaron de pagar a proveedores, generando mayor endeudamiento,
porque dijeron que lo primero era apuntalar la seguridad pública. Nada más
falso. En realidad nadie sabe en qué se invirtieron miles de millones que no
sirvieron para nada. Dichas entidades hoy son territorios del narco y sus
gobernadores pasaron a ser meras figuras decorativas y algo peor: redujeron su
posición para funcionar como una suerte de gerente de grupos mafiosos.
El de Peña Nieto, sin duda, ha sido un gobierno fallido por
donde se le vea. El país está sumido en la bancarrota, con crisis de
gobernabilidad, corrupción al más alto nivel y con redes mafiosas que mantienen
bajo control todos los territorios. Y aun cuando el Presidente lo reconoce, lo
cierto es que no hay soluciones concretas.
Es un volver a empezar a cada momento. Gobiernos van y vienen y
el problema prevalece sin solución mientras Peña Nieto se empeña en difundir
sus “logros” en todos los medios de comunicación, “logros” que sólo él aplaude
como si estuviera parado frente a un espejo sin ver la realidad del país.
fuente.-Ricardo Ravelo/
fuente.-Ricardo Ravelo/
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