El pasado 27 de diciembre amanecimos con la noticia para muchos esperada de que los precios de los combustibles en México se incrementarán entre 14% y 20% en 2017.
Por desgracia, a partir del anuncio la conversación se ha centrado en machacar al gobierno por la promesa aventurada y quizá innecesaria de que pondría un alto definitivo a los famosos “gasolinazos”. Como suele suceder cuando hay raja de por medio, la discusión sobre los efectos positivos y negativos de la medida en el corto, mediano y largo plazo ha pasado a segundo plano en el análisis.
Estamos instalados en la grilla y pasando por alto aspectos fundamentales como el destino y manejo de los recursos que se generarán a partir de los impuestos que componen el precio de los combustibles.
A modo de granito de arena, me gustaría contribuir a la discusión poniendo sobre la mesa algunas consideraciones sobre los efectos que podría tener el incremento de los combustibles en materia de seguridad en el corto plazo.
Para ello, me referiré primero a la amenaza (la delincuencia) y después a la capacidad del gobierno para responder a ella (las instituciones de seguridad). Es necesario advertir que la lista no pretende ser exhaustiva y que la magnitud y persistencia de los fenómenos dependerá de diversos factores como el tamaño, gradualidad y duración de los incrementos en los precios de los combustibles, las diferencias de precio entre regiones, incluyendo las variaciones en zonas fronterizas, la elasticidad y capacidad de ajuste de los mercados, así como la calidad y diversificación de las cadenas logísticas.
Es posible anticipar que la medida generará un mercado negro más amplio y más redituable que el que tenemos ahorita,1 alimentado no sólo por consumidores dedicados a actividades ilícitas sino por personas físicas y morales que simplemente deseen pagar menos por el combustible que utilizan, máxime si de ello depende su ingreso (e.g. transportistas y taxistas).
En consecuencia veremos un incremento en el robo de combustibles en sus modalidades más conocidas: ordeña de ductos, robo de pipas y cobro extorsivo de “moches” a transportistas de combustible. Asimismo, podemos prever un aumento en otro tipo de actividades como las importaciones ilegales de combustibles (provenientes principalmente de los Estados Unidos).
La expansión del mercado negro de combustibles fortalecerá a las organizaciones que ya se dedican a estas actividades, pero también atraerá a nuevos jugadores que probablemente opten por hacer cosas menos sofisticadas como robar vehículos con tanques amplios para almacenar grandes cantidades de combustible o robar gasolina directamente de las bombas en las estaciones. En uno y otro caso, habrá que tomar en cuenta el efecto que un mayor flujo de ingresos tendrá en las comunidades que albergan y en muchos casos promueven y protegen estas actividades.
Especial atención merecerá la posible incursión en el mercado negro de los combustibles de redes delictivas centradas en otro tipo de actividades (intensivas en transporte), pero cuya organización y poder operativo podrían dinamizar el segmento. De entrada debemos asumir que las redes especializadas en el tráfico de drogas no se verán mayormente afectadas por el incremento en el precio de los combustibles por lo que su participación directa puede descartarse. El mercado de las drogas es sumamente inelástico y un costo como éste es fácilmente transferible a los consumidores finales. Concediendo que siempre puede haber quien busque optimizar por la vía de los consumidores y por la vía de sus operaciones, podemos afirmar que la participación de este tipo de organizaciones se limitará al “alquiler” de su potencia operativa: personal, capacidad de fuego, redes de corrupción pre-establecidas, marca criminal, etc.
No obstante, la situación podría variar en el caso de las redes delincuenciales que se dedican a actividades altamente lucrativas, pero con mercados más elásticos como el tráfico de personas o la migración ilegal. Además de convertirse en una fuente adicional de demanda, dichas redes podrían tratar de integrar a quienes ya roban combustible o incluso incursionar directamente en el mercado. En uno y otro caso, la competencia entre delincuentes podría traducirse en erupciones de violencia en zonas específicas del país.3
Finalmente, deberemos monitorear los efectos que este aumento podría tener en el crimen urbano. A manera de saque, si la variación es suficientemente grande como para “bajar a las personas de sus coches”, podríamos esperar un incremento en los delitos de propiedad derivado del aumento en el numero de oportunidades para delinquir y de las facilidades que darían los congestionamientos en los segmentos menos eficientes y cómodos del sistema de transporte público de las zonas urbanas; es decir, mismo número de delincuentes, pero muchas más carteras, teléfonos y bolsas caminando por la calle y usando transportes con espacios limitados. Por otro lado, dependiendo, entre otras cosas, de un efecto inflacionario sostenido como resultado de la medida es posible, aunque poco probable, que algunas ciudades registren incrementos en delitos de propiedad orientados a satisfacer necesidades básicas.
En cuanto a nuestra capacidad de respuesta habría que poner atención a tres posibles efectos. El primero tiene que ver con la saturación de las autoridades encargadas prevenir y perseguir este tipo de delitos, incluyendo a los dueños de los ductos, las pipas y la inteligencia sobre los flujos de combustible en el territorio. Además de resistir el intento de las redes delictivas por mermar sus capacidades y la tentación de los propios funcionarios de involucrarse en un negocio que será más rentable, las instituciones deberán hacer frente a una mayor carga de trabajo en un escenario donde lo que menos falta hace es más chamba.
Seguramente la pulsión por politizar absolutamente todo, hará que en los meses posteriores al incremento, cuando se registren los primeros robos de combustible, la necesidad de “hacer algo” (además de la propia incidencia) ejerza mucha presión sobre las autoridades responsables del tema. Habrá que trabajar para que la respuesta sea ordenada y eficaz.
En segundo lugar, registraremos un aumento en el número de patrullas “(de) chocolate” en el país. No hablo de patrullas importadas ilegalmente, sino a los vehículos asignados a labores de seguridad pública que veremos estacionados y subutilizados. Si en este momento algunos estados y muchos municipios no cuentan con recursos suficientes para realizar el tipo de patrullajes que se requieren, menos podrán hacerlo a partir de enero. No es que patrullar las calles sea necesariamente la panacea frente al delito, sin embargo, dada la capacidad de respuesta y gestión territorial de muchas corporaciones, estacionar patrullas equivale a generar verdaderos vacíos de vigilancia en las calles.
Por último, es probable que presenciemos un incremento en el número de empresas (sobre todo si hay nuevos actores en el mercado legal de los combustibles) que recurran a servicios de seguridad privada para proteger sus operaciones. Lo anterior no debe ser un problema. Por el contrario, debe verse como una oportunidad siempre se establezcan mecanismos de supervisión, intercambio de información y coordinación eficientes entre los gobierno y las empresas. De lo contario, se podrían empezar a generar disparidades que en vez de ayudar, fortalezcan las dinámicas del mercado negro en beneficio de quienes cuenten con menos recursos para hacer frente al problema.
¿Qué hacer al respecto?
Como mencioné anteriormente se requiere más información para poder determinar la verdadera escala del problema y actuar en consecuencia. Sin embargo, no está de más pensar en algunas acciones preventivas.
En primer lugar, los gobiernos podrían dedicar recursos adicionales (derivados del IEPS) a fortalecer las capacidades de prevención y persecución de los delitos vinculados al mercado negro de combustibles en las zonas de alta incidencia (y no estaría mal que de todos los delitos).
Con esto no me refiero exclusivamente a las labores policiales y de procuración de justicia sino también a la auditoría y vigilancia (ciudadana) de las operaciones empresariales vinculadas al flujo y transporte de combustibles. De manera relacionada, habría que identificar las comunidades que albergan a este tipo de redes delincuenciales e intervenir con proyectos orientados a promover su inclusión y desarrollo, pero también su confianza en las autoridades.
En segundo lugar, se podría lanzar una campaña para desincentivar la compra de combustibles en el mercado negro que incluyera acciones de concientización dirigidas a ciudadanos y empresarios, pero que también buscara endurecer las sanciones para las personas que adquieran combustibles de manera ilegal.
En tercer lugar, habría que redoblar esfuerzos para la implementación de esquemas de proximidad policial que permitan gestionar el territorio de manera más eficaz y reduzcan la dependencia que muchas corporaciones tienen en los esquemas de patrullaje con vehículos motorizados.
Al respecto, podríamos pensar también en fomentar la compra de patrullas híbridas con recursos federales o en promover subsidios a los combustibles utilizados por las corporaciones policiales, especialmente en zonas de baja densidad poblacional.
En cuarto lugar, habría que invertir mayores recursos (provenientes también del impuesto) en programas de reordenamiento y acondicionamiento del transporte público con una perspectiva de prevención situacional, sobre todo en aquellas zonas donde se detecten incrementos en los flujos derivados del aumento en los precios de los combustibles.
Finalmente, habría que promover la colaboración activa entre los sectores público y privado para prevenir y reducir el robo de combustibles. Dicha colaboración podría materializarse en el intercambio de información (e. g. centros de inteligencia donde participen las áreas de seguridad de las empresas), el fomento a la denuncia para garantizar una detección y respuesta más eficiente por parte de las autoridades, la atención conjunta a las comunidades que albergan a este tipo de redes y la supervisión de las actividades de quienes operan las rutas de transporte de combustibles y poseen inteligencia sobre su flujo en ductos.
Lo aquí presentado no pretende abonar al optimismo nacional, sino simplemente detonar una discusión que nos permita estar preparados. No podemos tomar este tipo de ajustes a la ligera, menos aun cuando el objetivo central es atraer inversiones al sector y la capacidad de respuesta en materia de seguridad es tan heterogénea a lo largo del país. Los detalles sobre qué hacer, cómo y cuándo los tendremos en breve. En pocos meses se vislumbrará la ruta a seguir.
Fuente.-
Pablo Vázquez Camacho
Licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Maestro en Política Criminal por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres (LSE). Twitter: @PabloVazC
1 Ver también: http://bit.ly/2hxdHqg
2 Es importante considerar el impacto de los costos del combustible en los niveles de hacinamiento y la “calidad” del transporte que utilizan quienes transitan por el territorio nacional en busca de llegar a Estados Unidos.
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