Un grupo de la policía española dedicado a perseguir a delincuentes sexuales y otro especializado en fugitivos colaboraron para seguir los pasos de Diego Cruz Alonso, el presunto violador de la menor de edad Daphne Fernández detenido en junio en Madrid.
El joven de Veracruz, acusado de pederastia, huyó a España antes de ser imputado en México y se escondió de la policía evitando usar su verdadera identidad.
Dos meses de investigaciones fueron necesarios para dar con el paradero de Cruz, uno de los cuatro denominados Porkys de Costa de Oro, y detenerlo la noche del 10 de junio. Los inspectores Astrid Díez, jefa de la sección de investigación de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), y Lorenzo Martínez, jefe de sección de Relaciones Internacionales del Cuerpo Nacional de Policía, reciben a EL UNIVERSAL para explicar la operación.
“Tenemos un contacto muy habitual con los agentes de la Procuraduría General de la República y con la Policía Federal”, explica Martínez. “A principios de abril, días antes de que se emitiera la ficha roja de Interpol, ellos nos dieron el aviso de que Cruz había volado desde México. Cotejamos la información y vimos que era cierto”. A las 17:15 horas del día 30 de marzo, Cruz Alonso aterrizaba solo en el aeropuerto de Barajas en un avión de Aeroméxico. Gracias al pasaporte que posee por tener un abuelo español, Cruz entró en el país como un ciudadano europeo más.
Los inspectores explican que la policía se volcó en el caso desde el principio no sólo por cortesía hacia México. “Un delincuente sexual es un peligro en nuestro suelo, porque puede reincidir en cualquier momento”, cuenta Díez. “Le dimos absoluta preferencia. Era un problema de México que ahora también se había convertido en nuestro”, asiente Lorenzo.
La policía comenzó las gestiones para encontrar a Cruz en hospederías, pero no estaba registrado en ninguna. España solicitó información a México sobre los familiares del joven en el país. Su padre, Héctor Cruz, había lanzado falsas pistas en los medios, asegurando que su hijo se instaló en Bilbao para estudiar.
Ante la ola de indignación que desencadenó en México la salida de Cruz, su padre aseguró que ese viaje estaba planeado desde hacía tiempo, para que el joven —que fue suspendido de la Universidad del Valle— completara un semestre en una universidad vasca.
“Hicimos gestiones en todos los centros educativos españoles para ver si estaba matriculada en alguna, pero nada”, dice Lorenzo, quien asegura que también tenían constancia de que Cruz no vivía con su familia.
La razón de que la policía no diera con el prófugo es que no estaba registrado en la residencia de Madrid en la que se alojaba, un lujoso complejo de apartamentos con habitaciones a 800 euros. Cruz entró en ella junto con un acompañante e, incumpliendo la legislación española, sólo éste se inscribió, permitiendo a Diego permanecer invisible a los ojos de la policía.
Mientras continuaba buscándolo, para evitar que Cruz usara su pasaporte español y escapara a otra nación europea o tomara un avión a un país con el que México no tenga convenio de extradición, la policía instaló vigilancias en los aeropuertos. También puso sobre aviso a los países vecinos.
Como los medios de comunicación inmediatamente avisaron de la huida de Cruz a España, el joven sabía que lo buscaban y tomaba precauciones.
La parte positiva de esto fue que la comunidad mexicana en España también se implicó en la búsqueda. “Un colectivo que se dedicó a poner carteles por Madrid hizo una gran tarea demostrándole a Cruz que no habría impunidad para él”, cuenta Martínez. “Perjudicaron su imagen y lo presionaron con las fotos que difundieron. Eso le dificulta el anonimato”.
Cruz finalmente fue localizado y detenido a la puerta de una residencia de estudiantes en la calle de Fuencarral. El diario español El Mundo asegura que el joven, siempre vestido con ropa de marca, llevaba una vida acomodada y presumía de que en México era rico. Acudía a los toros en Las Ventas, al futbol en el Santiago Bernabéu e incluso vio jugar a Djokovic en el Madrid Open de tenis.
Para hacer más difícil su rastreo, pagaba al contado, usaba su segundo nombre (Gabriel) y el apellido materno (Alonso), y se comunicaba con su familia mediante un segundo teléfono que dedicaba sólo a eso. La noche de su detención, salía de fiesta por la puerta de la residencia con una decena de amigos.
Habían bebido; Cruz se resistió y dijo no ser el protagonista de las fotos que le enseñaron los agentes vestidos de paisano. Sus compañeros, que no sabían nada de sus antecedentes, pensaron que su amigo estaba siendo atacado o que, incluso, intentaban secuestrarlo. Según este diario, uno de los chicos, de nacionalidad francesa, fue detenido por resistencia a la autoridad y liberado al día siguiente, al intentar defenderlo.
Díez niega que fuera una detención violenta. “La dificultad es que se trata de una zona de marcha por la noche, con muchos chicos saliendo, y cuando nos acercamos al sospechoso pensaron que estábamos molestándole”. La inspectora explica que Cruz demostró estar asesorado para una situación como ésa y se negó a dar información. Sin embargo, obtuvieron su pasaporte y, como español, la policía tenía sus huellas dactilares.
Los inspectores aseguran que la colaboración con la contraparte mexicana ha sido fluida. “Es un tema por el que hemos identificado una gran preocupación”, comenta Martínez. “Continuamente recibíamos llamadas de representantes mexicanos interesándose. En nuestro trabajo hemos notado que es un caso que en México ha tenido impacto y que había mucho interés en que detuviéramos al acusado”, explica.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno envió a Cruz a la prisión de Soto del Real, a 40 kilómetros de Madrid, donde espera que se resuelva su proceso de extradición para saber si será procesado en México o España. En ningún caso evitará el juicio.
Sin llegar a consumir los 45 días que tenía para el plazo, la embajada de México en España presentó al Ministerio de Exteriores español la petición de extradición. Martínez, con una gran experiencia en estos casos, considera que las evidencias apuntan a que terminará siendo extraditado a pesar de su estrategia legal de retrasarlo.
Los trámites se espera que duren hasta cuatro meses, pero podría alargarse porque en agosto los juzgados en España bajan su actividad. Además, las extradiciones deben ser validadas por el consejo de ministros, y con la parálisis política del país funciona sólo en asuntos prioritarios.
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