Al cierre de 2015, el
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que la fuga de
Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, fue uno de los dos
acontecimientos de mayor crisis para el gobierno de Enrique Peña Nieto. El otro
fue la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa,
Guerrero.
La primera crisis de la
que hablaba Osorio Chong en el noticiario radiofónico de Joaquín López Dóriga
el 21 de diciembre del año pasado se derivaba de una clara vulneración al
sistema carcelario federal, el más seguro y costoso del país. En particular,
del Centro Penitenciario de Readaptación Social número 1, Altiplano.
Tan sólo ese año el
presupuesto modificado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y
Readaptación Social, del cual dependen los penales federales, ascendió a 17 mil
915 millones 200 mil pesos. Y para este 2016 se le han etiquetado recursos
públicos por 18 mil 841 millones 241 mil 451 pesos. Así que el asunto del
dinero y su aplicación eficaz no es menor.
Este multimillonario
presupuesto debería bastar para evitar que los reos de alta peligrosidad evadan
la prisión, pero no es así. Aunque desde la primera fuga del Chapo en
2001 y hasta la segunda en 2015 no se conoció de alguna otra evasión en los
penales federales de mediana y máxima seguridad, en los últimos 5 años se
registraron otras dos fugas.
Pero a diferencia del Chapo,
los otros dos reos consiguieron evadirse en sigilo por la opacidad que la misma
autoridad generó. Los hechos no fueron del conocimiento público: nadie filtró
videos, nadie explicó el modo en el que los presuntos delincuentes lograron
corromper al sistema, y no hubo comparecencias al Congreso de los responsables
de la seguridad pública y nacional.
Mucho menos hubo
directores cesados y encarcelados (como sí ocurrió con Celina Oseguera, quien
fuera coordinadora de penales federales, tras la fuga del Chapo)
pues, se quiera o no, al evitar el ojo de la opinión pública,
las autoridades cubrieron la vulneración del sistema penal federal con
impunidad.
La reserva de la información
Pese a que se trata de
dos reos de alta peligrosidad, el encubrimiento de estas fugas ha llegado a tal
punto que las autoridades federales mantienen bajo reserva su identidad. Así lo
demuestra la respuesta a la solicitud de información 3670000002516 hecha por Agenda
de la Corrupción, en la que se clasifican como confidenciales los nombres
tanto de Guzmán Loera como de los otros dos evadidos.
“Por lo que respecta al
nombre de los presos, la Coordinación General de Centros Federales clasificó la
información como confidencial, de acuerdo con lo establecido en los artículos 3
fracción II, 18 fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental”, indica la respuesta.
La primera evasión
ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el 27 de mayo de 2011, del
Centro Federal de Readaptación Social número 6, Sureste, ubicado en
Huimanguillo, Tabasco.
La segunda fuga también
fue previa a la del Chapo Guzmán, pero ya en el actual
gobierno de Peña Nieto. Ocurrió el 14 de marzo de 2014 en el Centro Federal de
Readaptación Social número 9, Norte, ubicado en el kilómetro 30 de la carretera
Juárez-Chihuahua, en esa entidad.
La tercera vulneración
del sistema ocurrió, como ya se sabe, en el Centro Federal de Readaptación Social
número 1, Altiplano, el 11 de julio de 2015.
En los tres casos fueron
personas del sexo masculino las evadidas, refieren los datos oficiales
obtenidos por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Los delitos por los que
se encontraban recluidos son secuestro, homicidio, delincuencia organizada,
lesiones, contra la salud y asociación delictuosa.
La crisis del sistema penitenciario
Formalmente, el Órgano
Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social tiene como
visión “ser la instancia que contribuya al fortalecimiento del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, mediante la aplicación de la política penitenciaria para
la readaptación a la vida social y productiva de los sentenciados, con estricto
apego a la ley y respeto a los derechos humanos, para consolidar las
libertades, el orden y la paz pública, así como la preservación del estado de
derecho y prevención del delito”.
No obstante, en los
penales federales –al igual que en los estatales– se incurre en prácticas que
violan los derechos humanos de los reos. Ejemplo de ello es la denuncia hecha
por Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, en noviembre de 2015 respecto del aislamiento.
La recomendación de la
Comisión sobre este tema indica que el aislamiento penitenciario se debe
regular, pues en algunos casos se ha aplicado como un tipo de internamiento
cotidiano excesivo.
En octubre del año
pasado, la misma CNDH en voz de la tercera visitadora General, Ruth Villanueva
Castilleja, advertía de una grave crisis que padecen las cárceles estatales y
federales por sobrepoblación.
De acuerdo con sus datos,
en 28 centros estatales y uno federal existe riesgo crítico, pues los internos
sobrepasan en más de 40 por ciento la capacidad instalada (Aristegui Noticias,
14 de octubre de 2015).
Por ello, es tiempo de
que las autoridades tomen con seriedad la situación en los penales federales y
actúen en consecuencia, para evitar más evasiones de reos de alta peligrosidad
y, al tiempo, garantizar los derechos humanos de la población recluida.
Fuente.-Nancy Flores,
@nancy_contra
Opino que los Pri vatisen ya que quieren privatizar hasta el agua los del PRI
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