El pasado 23 de
diciembre, Luis Antonio Lagunas presentó una solicitud de matrimonio en el
Registro Civil de la ciudad de México, cuya ceremonia se llevaría a cabo en una
casa en Cuajimalpa. La solicitud no era una de tantas. Lagunas pretendía
desposar a Elba Esther Gordillo, la ex líder del sindicato de maestros presa
desde hace tres años por delincuencia organizada, fraude y lavado de dinero.
La
boda estaba programada el dos de enero de este año, fecha en que estaban
seguros estaría en su casa, en prisión domiciliaria, como consecuencia de un
amparo que su defensa busca desde enero de 2015 por razones de edad y salud. El
amparo no llegó. Pese a las muchas fallas, omisiones y errores de la PGR en la
acusación, un juez le dio la razón.
La programada boda es uno de los episodios
más extraños en el litigio y que más intriga, por la secrecía con la que la
manejó. Personas cercanas a ella aseguran que en ningún momento comunicó a su
familia, o a su abogado Marco del Toro, su intención de casarse con Lagunas,
quien fue contratado por su defensa cuando la detuvieron para servir de enlace
permanente de la maestra con Del Toro. El abogado se convirtió en un gestor
eficiente de las necesidades de la maestra y un facilitador de trámites para
toda su familia. Lagunas salió del despacho de Del Toro a finales de 2014, pero
la maestra lo contrató para seguir atendiéndola.
Lagunas no es un
abogado penalista, pero tenía experiencia en asuntos penitenciarios. Conforme
pasó el tiempo, Lagunas se convirtió en la persona que más tiempo pasaba con
ella, aunque personas cercanas a ella dicen que nunca notaron una relación más
allá de la profesional. Sin embargo, de acuerdo con la documentación presentada
en el Juzgado Undécimo del Registro Civil de la ciudad de México, Gordillo y
Lagunas estaban decididos a casarse. La boda se celebraría el 2 de enero en la
casa en Cuajimalpa donde ella, esperaban, estaría confinada en prisión
domiciliaria, enfrentando el proceso en su contra.
La solicitud de
matrimonio fue acompañada con el acta de nacimiento de la maestra y una copia
de su pasaporte, donde se registra su fecha de nacimiento el 6 de febrero de
1945 (tiene 71 años) en Comitán, Chiapas, mientras que él presentó su
credencial del IFE y una copia de su acta de nacimiento, donde se lee que nació
en Chilapa de Álvarez, Guerrero, el 23 de agosto de 1983 (tiene 32 años).
Presentaron también un convenio de separación de bienes, firmado por los dos
contrayentes. Las firmas que aparecen en el documento fueron cotejadas con sus
firmas en otros documentos y se ven iguales. Lagunas presentó como comprobante
de domicilio un recibo de Telmex con la dirección de un departamento en el
edificio blanco que se encuentra en Reforma 222, donde la maestra tiene varias
propiedades.
No se sabe si la dirección del recibo telefónico corresponde a un
inmueble propiedad de ella.
La boda no se concretó. La solicitud fue
rechazada porque Lagunas nunca presentó la copia certificada del amparo y
faltaron las actas de nacimiento originales. La lucha por lograr que enfrente
su proceso en su domicilio ha sido tortuosa. El 8 de febrero el Tercer Tribunal
Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, le concedió a la maestra un
amparo para reponer parte del procedimiento por el cual se le negó el beneficio
de la prisión domiciliaria. En respuesta, los ministerios públicos federales
interpusieron un recurso en contra de esa sentencia para evitar que la
resolución sea revocada. Una vez más el amparo regresó al Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito, que había fallado previamente en contra de
la maestra.
La defensa de Gordillo alega además de la edad, su salud.
Por ley, después de los 70 años puede tener el beneficio de la prisión
domiciliaria, a lo que se le añaden dos aneurismas que tiene y un deterioro del
único riñón que le queda. Si bien la boda es del ámbito privado, el estado de
salud emocional que sugiere la secrecía de la boda de su familia y abogado, al
mal estado físico en el que se encuentra, la posibilidad que el ajuste de
cuentas político del gobierno, tenga consecuencias funestas, la coloca en el
campo del interés público.
El trato contra la maestra ha contrastado con
el trato a narcotraficantes. Por ejemplo, la PGR dejó salir en libertad en 2013
a Rafael Caro Quintero, sentenciado a 40 años por narcotráfico y el asesinato
del agente de la DEA, Enrique Camarena en 1985, con lo que cambió para siempre
la relación entre México y Estados Unidos, y que provocó un conflicto político
con Washington.
En septiembre pasado, un juez federal concedió la prisión domiciliaria
a Ernesto Fonseca, de 85 años, acusado por los mismos delitos que Camarena.
Es más fuerte el odio a ella que a los narcotraficantes. La conserjería
jurídica de la Presidencia contrató abogados externos para cabildear en los
juzgados contra el amparo de la maestra, y sumó a esa presión, sin tener
atribución para ello, al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda, Alberto Bazbaz. La boda frustrada es más que una
anécdota en este caso. Con el paso del tiempo se incuba con mayor solidez la
percepción que su detención y proceso, es una venganza política.
Fuente.-twitter: @rivapa
pero hay quien quiera casarse con ese remedo de mujer? acánganas!
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