Es insostenible la versión oficial sobre la forma como fue capturado el líder del cártel del Pacífico.
La acción es un ejemplo más de cómo soldados y marinos actúan al margen de la ley, ante la ausencia de un marco legal que le certidumbre a su labor.
El ejemplo más reciente fue la reciente captura de El Chapo Guzmán, cuando la Secretaría de Marina informó el 8 de enero por la mañana, en un comunicado de prensa, que los marinos habían sido agredidos con disparos de arma de fuego por presuntos integrantes de la delincuencia organizada, luego de que “personal naval recibió una denuncia ciudadana donde se señalaba que en un domicilio se encontraban personas armadas” y que al repeler la agresión un marino fue herido, cinco agresores perdieron la vida y seis personas fueron detenidas.
Pero resulta que, según las versiones difundidas después por la procuradora general de la República, Arely Gómez y por funcionarios del gabinete de seguridad, esos hechos fueron el preludio de una compleja operación de inteligencia que derivó horas después en la captura del prófugo más buscado del país
El problema es que, la Fuerza de Tarea de la Armada de México que ingresó al domicilio en el que se escondía Guzmán –el mismo del que se dio cuenta horas antes en el comunicado de la Secretaría de Marina- no contaba con la orden de cateo correspondiente para ingresar al inmueble.
Podrá decirse que el fin justifica los medios, que se trataba ni más, ni menos que del líder del cártel de Sinaloa, pero los funcionarios, desde el presidente de la República, pasando por la procuradora Gómez y el resto de los miembros del gabinete de seguridad se regodean cada vez que pueden sobre su compromiso con la legalidad, el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.
Este detalle no es menor, incluso, sería suficiente para que un juez independiente pensara seriamente en dejar en libertad a Guzmán por violación al proceso legal, o por lo menos, para ponerle un fuerte susto a la procuradora Gómez ante la posibilidad de que el narcotraficante resultara beneficiado por algún amparo..
Lo cierto es que el caso de El Chapo Guzmán se suma a las decenas de acciones que marinos y militares realizan al filo de la navaja, entre lo permitido y no permitido, porque hasta a la fecha, no existe un marco legal que le dé certidumbre legal a sus acciones contra la delincuencia en acciones que desarrollan todos los días, como son los retenes, los cuales para muchos especialistas son inconstitucionales.
La culpa no es de los soldados y marinos, la responsabilidad es del comandante supremo de las fuerzas armadas y del Congreso de la Unión que han antepuesto sus intereses particulares antes de otorgar garantías a quienes han estado en la primera fila en el combate al crimen organizado.
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