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domingo, 30 de agosto de 2026

“SALIERON RESPONDONES: ATACAN con EXPLOSIVOS a POLICÍAS de ZACATECAS”… y no es ningún hecho aislado.


La violencia en Zacatecas ya no sólo se mide con balas, emboscadas y patrullas perforadas: ahora también se anuncia con explosivos en plena carretera, como si el crimen organizado hubiera decidido convertir los límites estatales en su propio campo minado.

El saldo confirmado hasta ahora es de una agente estatal y una civil lesionadas, ambas reportadas estables, además de la detención de un presunto responsable originario de Aguascalientes. La agresión ocurrió el sábado 29 de agosto en el tramo Villa García–San Rafael de Ocampo, y vuelve a exhibir que en Zacatecas los explosivos ya dejaron de ser una excepción para convertirse en parte del paisaje criminal.

La agresión ocurrió después del mediodía del sábado 29 de agosto, en una zona donde la frontera entre estados parece servir menos para dividir territorios que para diluir responsabilidades. 

También resultó lesionada una civil, identificada en reportes periodísticos como Alma Patricia, maestra originaria de Villa García, quien circulaba en un Mazda rojo alcanzado por la onda expansiva. Las autoridades reportaron a ambas fuera de peligro, aunque el automóvil particular terminó incendiado y calcinado: una precisión burocrática que difícilmente mejora el panorama para quien quedó atrapada en el atentado. 

De acuerdo con versiones difundidas por autoridades de Aguascalientes y medios locales, una motocicleta con presuntos explosivos habría sido colocada junto a la vía y detonada cuando circulaba la patrulla estatal. Además de la explosión, se reportaron detonaciones de armas de fuego, afectaciones a una unidad policial y al menos dos vehículos dañados. La carretera estatal 43 tuvo que ser interrumpida: porque en Zacatecas, al parecer, la movilidad depende de que ningún grupo criminal decida instalar una trampa explosiva en el camino. 

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que el operativo de seguridad se mantuvo en la zona y confirmó después la detención de un probable responsable, originario de Aguascalientes. Habrá que esperar a que la investigación sostenga esa acusación con pruebas y no sólo con el entusiasmo habitual de los boletines oficiales. 

No fue un hecho aislado

Lo más inquietante es que éste no fue un episodio excepcional. Es el segundo ataque con explosivos contra fuerzas de seguridad en Zacatecas en menos de una semana.

El 27 de agosto, dos elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas —las FRIZ— resultaron con lesiones leves tras una agresión con artefactos explosivos en la carretera federal 54, a la altura de la comunidad San Luis Custique, en el municipio de Tabasco. En ese operativo fueron detonados dos explosivos contra los agentes y otros cuatro artefactos tuvieron que ser neutralizados mediante explosiones controladas.

La repetición importa: no se trata únicamente de un ataque contra una patrulla ni de una alerta aislada en una carretera secundaria. Dos agresiones con explosivos en cuestión de días sugieren una escalada preocupante en la capacidad y disposición de los grupos criminales para atacar a corporaciones estatales, incluso con artefactos improvisados y en rutas transitadas por civiles.

En Zacatecas ya no basta con esquivar baches, retenes y balaceras: ahora también hay que cruzar carreteras con el temor de que alguien haya dejado una bomba al borde del camino.

El Gobierno despliega operativos, pide calma y anuncia detenciones. Pero la pregunta no desaparece con el boletín: ¿cuántas carreteras más deben explotar para que esto deje de tratarse como un “hecho aislado”? 

Con información: ELNORTE/ LA JORNADA/

sábado, 29 de agosto de 2026

«ATINALE al PRECIO ?: DECOMISOS de DROGA EXHIBEN TASACIONES como SI FUERA DINERO NARCO YA en la CAJA REGISTRADORA»…difiere cuando ya va vestida para entrar al mercado de EE.UU


Una camioneta cae con 58.8 kg en Del Rio; una lancha con 1,900 kg se atora frente a Zihuatanejo. El contraste no habla de un narco “inmutable” porque un decomiso sea irrelevante: habla de una cadena que puede perder cargamentos, pero cuya economía sólo se entiende si se distingue el precio de mayoreo del precio de venta al menudeo. 

El ángulo: dos aduanas, dos escalas

La roca Durango: 49 paquetes escondidos en los paneles laterales de una Dodge Durango intentaron cruzar de Ciudad Acuña a Del Rio, Texas. CBP reportó 129.67 libras —58.8 kg— y le colgó una “valoración de calle” de 1.731 millones de dólares. Eso equivale a unos 29,450 dólares por kilo, o 29.45 dólares por gramo. 

La lancha: frente a Zihuatanejo, Semar aseguró 53 bultos con unos 1,900 kg, atribuyó al golpe un valor superior a 400 millones de pesos y dijo que equivalían a más de tres millones de dosis. La aritmética oficial da aproximadamente 210,526 pesos por kilo; si se divide en tres millones de dosis, da cerca de 133 pesos por dosis. 

En otras palabras: la camioneta es el paquete que ya iba vestido para entrar al mercado estadounidense; la lancha es un cargamento de escala logística, todavía en tránsito. Compararlos como si ambos ya estuvieran convertidos en bolsitas de venta es comparar el precio del café verde en puerto con el del espresso servido en Manhattan.

¿Los 400 mdp están sobrevalorados?

Depende de qué estén valuando. Si Semar presenta 400 millones de pesos como ingreso neto que el cártel dejó de embolsarse, sí: es una simplificación demasiado alta y se vende como dinero que el narco tenía ya cobrado.

Ese número no descuenta transporte, protección, corrupción, pérdidas, intermediarios, adulteración, distribución ni el hecho de que el decomiso ocurrió antes de llegar al consumidor final.

Pero como “afectación económica” o valor de referencia de la carga, la cifra no es extravagante: implica unos 210 pesos por gramo de cocaína pura-equivalente antes de cualquier fraccionamiento. Además, está muy por debajo del equivalente minorista de la estimación de CBP en Texas.

TRADUCIDO; el titular de “400 mdp” no mide una caja registradora confiscada; mide una hipótesis de mercado. Las autoridades normalmente eligen el punto de la cadena que hace sonar más fuerte el golpe.

CBP es explícito en el lenguaje: llama a sus 1.7 millones de dólares “street value”, es decir, valor si se vende en la calle. En otro caso de 2025, la propia agencia diferenció alrededor de 300 mil dólares como valor estimado de cocaína de más de 700 mil dólares como valor de calle al venderla por gramo. Eso confirma que “valor” puede cambiar brutalmente según el eslabón elegido.

El verdadero tamaño de la diferencia

Si los 1,900 kg de Guerrero se tasaran usando el mismo múltiplo de CBP en Del Rio —US$29,450 por kg—, darían aproximadamente US$55.96 millones en valor de calle estadounidense. Aun usando un tipo de cambio ilustrativo de 18 pesos por dólar, serían alrededor de 1,007 millones de pesos, más de 2.5 veces el “más de 400 mdp” anunciado.

Eso no convierte automáticamente el anuncio mexicano en falso. Más bien exhibe que usa una base distinta: presumiblemente una valoración de carga en tránsito, no un cálculo de narcomenudeo en Estados Unidos.

La propia cifra de “tres millones de dosis” es reveladora:
1,900,000 gramos dividido en 3,000,000 dosis, igual a 0.63 gramos por dosis.

Es una dosis estadística, no una bolsita real ni una medición de pureza. Sirve para traducir toneladas a impacto social, pero no para reconstruir con precisión las utilidades de una organización criminal.

Matiz sobre la oferta y la lluvia de cocaina

La tesis de abundancia no es caprichosa. La UNODC reportó que la manufactura mundial de cocaína en 2024 era casi cinco veces mayor que una década antes; para 2023, el dato difundido por el organismo apuntaba a un récord de 3,708 toneladas, 34% por encima de 2022. 

En sudamerica la producción de hoja de coca y cocaína está concentrada históricamente en la zona andina.

La zona andina, en sentido geográfico, se refiere a los países atravesados de forma importante por la cordillera de los Andes: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina

Con información: BREITBART/

EL “CALOR HACE su TRABAJO”: EE.UU DERRIBA TRES NARCODRONES con DISPAROS LASER al SUR de TEXAS"…es un topón tecnológico que los palurdos van a perder.


En la frontera entre México y Estados Unidos ya no bastan bardas, patrullas, helicópteros, sensores y discursos de campaña. Ahora Washington sacó el rayo láser.

El Ejército de Estados Unidos informó que utilizó un sistema de energía dirigida para derribar tres drones considerados “hostiles” en el Valle del Río Bravo, al sur de Texas. Según la versión oficial, los aparatos apoyaban actividades de organizaciones criminales y constituían una amenaza física contra militares estadounidenses y agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la CBP.

La operación ocurrió entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de agosto, ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur, una unidad bajo el mando del Comando Norte de Estados Unidos. El instrumento utilizado no fue un misil, ni una ametralladora, ni un interceptor convencional: fue el Army Multipurpose High Energy Laser, conocido como AMP-HEL, un sistema láser multipropósito de alta energía diseñado para incapacitar o destruir drones. 

Es decir: mientras los grupos criminales mandan aparatos no tripulados a husmear, transportar, vigilar o probar rutas, el Pentágono responde con una tecnología capaz de concentrar energía sobre el objetivo hasta quemar, perforar o inutilizar sus componentes críticos. 

Un dron no recibe una “bala”; recibe un haz de energía que puede dañar sus cámaras, sensores, batería, cableado, sistema de navegación o estructura hasta dejarlo convertido en basura tecnológica con vocación de caída libre. 

El AMP-HEL es, en términos sencillos, un sistema antidrón móvil: va instalado en un vehículo, detecta y sigue el blanco mediante sensores y apuntado estabilizado, y mantiene el láser sobre una parte vulnerable de la aeronave durante el tiempo suficiente para que el calor haga su trabajo. 

No es una espada láser de película ni un rayo que revienta cosas con una sola lucecita dramática; es una plataforma militar que combina detección, seguimiento y un haz de alta potencia para neutralizar aeronaves pequeñas sin necesidad de lanzar un misil de cientos de miles de dólares. 

La ventaja para Washington es evidente: cada disparo puede costar muchísimo menos que un proyectil convencional, el sistema no depende de cargar una reserva limitada de misiles y puede enfrentar varios blancos mientras haya energía disponible y las condiciones lo permitan. En lenguaje militar, presume “cargadores profundos”; en español llano, significa que el láser no se queda sin municiones tan rápido como un sistema que dispara misiles. 

El Comando Norte no reveló el punto exacto de los derribos, no identificó a la organización criminal presuntamente relacionada con los drones, no explicó qué misión realizaban los aparatos y tampoco precisó si eran simples cuadricópteros comerciales adaptados o plataformas de mayor capacidad. 

Lo que sí queda claro es el mensaje político y militar: la frontera sur de Estados Unidos dejó de ser sólo un espacio de vigilancia migratoria y combate al contrabando. También se está convirtiendo en un laboratorio de guerra tecnológica contra drones, donde el narco —o quien opere esos aparatos— se topa ya no con una patrulla, sino con un ejército ensayando armas de energía dirigida. Y cuando la respuesta estatal a un dron es un láser militar, queda claro que el debate fronterizo entró, literalmente, en otra dimensión. 

Cómo funciona el láser

  • Detecta el dron: radares, cámaras y sensores electroópticos localizan un objeto pequeño en el aire.
  • Lo sigue: el sistema calcula trayectoria, distancia, velocidad y punto de impacto.
  • Fija el haz: el láser se concentra sobre una zona vulnerable, como cámaras, electrónica, motor, batería o fuselaje.
  • Transfiere calor: el objetivo absorbe energía; sus piezas se sobrecalientan, se deforman, fallan o se incendian.
  • Lo inutiliza: el dron puede perder control, navegación, propulsión o capacidad de operar, y terminar derribado.

No es infalible: lluvia, niebla, polvo, humo, turbulencia atmosférica, distancia, obstáculos y múltiples blancos simultáneos pueden reducir su eficacia. Pero frente a drones pequeños y relativamente lentos, ofrece una respuesta precisa y barata comparada con disparar misiles contra una aeronave que puede costar apenas unos cientos o miles de dólares. 

Con información: ELNORTE/

DE «LENGUA NOS COMEMOS 1 PLATO o… ¿2?»: la UIF de HARFUCH PRESUME 24 MIL CUENTAS CONGELADAS, 7 MIL de NARCOS»… entonces el crimen debería estar temblando de frío.


La Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF) presume que congeló 24 mil 622 cuentas por 8 mil 670 millones de pesos durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. De ese universo, 7 mil 861 —31.9%, o una de cada tres— serían de organizaciones criminales. La cifra luce impecable en la presentación: miles de cuentas inmovilizadas, miles de millones bajo llave y una maquinaria institucional coordinada para asfixiar al crimen… al menos en la diapositiva. 

Sí, leyó bien: veinticuatro mil seiscientas veintidós cuentas. Una cifra tan exacta que casi obliga a preguntar si también tienen contado, con igual precisión, cuántas terminaron en una sanción firme, una sentencia o una red criminal desmantelada.

Según la UIF, 7 mil 861 de esas cuentas estaban vinculadas con organizaciones criminales: 31.9% del total. Traducido al lenguaje de la conferencia mañanera: una de cada tres cuentas congeladas tendría aroma a delincuencia organizada. Las otras dos, quién sabe; quizá eran daños colaterales del entusiasmo financiero, expedientes en proceso o simplemente cuentas que tuvieron la mala fortuna de cruzarse con la burocracia de la sospecha.

El anuncio viene acompañado del catálogo completo de siglas, instituciones y solemnidades: Defensa, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad, Fiscalía, Centro Nacional de Inteligencia, bancos, Grupo Egmont, FinCEN, OFAC y quien se vaya sumando al desfile. Porque si algo no puede faltar en México es una mesa de coordinación: ahí donde el crimen organizado pierde el sueño, no por las capturas ni por las sentencias, sino por la amenaza inminente de otra reunión interinstitucional.

Casualmente, el libreto se parece a la estrategia que Omar García Harfuch ha convertido en doctrina de seguridad en cifras que no aguantan el escrutinio serío,pues os miles y miles de detenidos que citan números de la estrategia mediatica,no aparecen en imágenes y son señalados de ser maquillados.

La UIF también reportó 1 mil 443 cuentas bloqueadas por extorsión, equivalentes a 5.9% del total. Es decir, una de cada 17 cuentas congeladas estaría ligada a ese delito que aterroriza comerciantes, transportistas, familias y pequeñas empresas, mientras las instituciones celebran que al menos ya identificaron el problema en Excel.

Por supuesto, bloquear una cuenta no es poca cosa: puede impedir movimientos de dinero y dificultar operaciones ilícitas. Pero entre congelar recursos, acreditar delitos, procesar responsables, recuperar activos y desarticular redes completas hay una distancia más larga que una conferencia de prensa. Y en esa distancia caben expedientes, litigios, amparos, omisiones, filtraciones y, cómo no, nuevas cifras para el siguiente informe.

Porque en el México de las estrategias de seguridad, los números nunca duermen: se contabilizan, se proyectan, se aplauden y se convierten en narrativa. Lo que sigue pendiente es saber cuántos de esos 8 mil 670 millones de pesos pasarán del PowerPoint a una consecuencia judicial real. 

Con información: NOROESTE/

LOS «MAS CADRONES»: DECOMISO de ARTILUGIOS VOLADORES EXHIBE CRIMIINALES TECNOLÓGIZADOS en SINALOA,TAMAULIPAS y MICHOACAN»…es la violencia V.Aerea.


México ya no sólo decomisa fusiles, camionetas blindadas y bodegas del narco: ahora también anda cazando drones, porque al crimen organizado le dio por actualizarse mientras el Estado sigue llenando formularios.

El narco mexicano decidió que la violencia también merece innovación tecnológica. Y así, entre vigilancia, envío de pequeñas dosis de droga y la posibilidad de lanzar explosivos, los drones se han convertido en el nuevo juguete bélico de las organizaciones criminales.

De acuerdo con registros de la Sedena y la Guardia Nacional, entre 2019 y el 6 de junio de 2026 fueron asegurados 234 drones en el país. La cifra, aclara la propia Defensa, todavía puede moverse cuando el Centro Federal de Inteligencia Criminal termine de validarla; porque hasta para contar los aparatos del narco hay burocracia.

El gran despegue ocurrió en 2025. Entre 2019 y 2024 los decomisos se mantuvieron relativamente modestos —el máximo fue de 15 equipos en 2023—, pero el año pasado las fuerzas federales retiraron de circulación 139 drones: 111 mediante la Sedena y 28 por la Guardia Nacional. Es decir, más de 11 veces los 12 asegurados en 2024 y casi 60% de todos los casos registrados desde 2019.

Y 2026 no pinta precisamente como año de calma: en apenas medio año ya van 46 drones decomisados, casi cuatro veces el total asegurado durante todo 2024. La industria criminal, pues, parece tener mejor ritmo de crecimiento que varias dependencias públicas.

Sinaloa encabeza la tabla con 63 drones asegurados; le siguen Michoacán, con 53, y Tamaulipas, con 36. Entre los tres estados concentran 65% de los casos registrados desde 2018. Después aparecen Chihuahua y Veracruz, con 12 cada uno; Guanajuato, con ocho; Baja California y Guerrero, con seis; y Querétaro, con cinco.

En Sinaloa, los operativos más notorios ocurrieron en Badiraguato y Culiacán. Sólo en Badiraguato se aseguraron 14 drones en octubre de 2025 y otros 11 en noviembre. En Michoacán, los decomisos se concentraron en Apatzingán, Tepalcatepec, Aguililla, Cotija y Buenavista: municipios donde la disputa criminal tiene rato operando en modo guerra. En Tamaulipas, Reynosa destacó por un operativo de octubre de 2025 que dejó 18 drones asegurados en un solo día.

Ante ese panorama, el Ejército mexicano busca ahora apoyo tecnológico de Estados Unidos. El 11 de agosto, el general Héctor Ávila Alcocer, comandante del Ejército, se reunió con el secretario del Ejército estadounidense, Patrick Driscoll. Ambos firmaron una Declaración de Intención —sin carácter vinculante, porque comprometerse de verdad siempre parece opcional— para facilitar a México el acceso a sistemas aéreos no tripulados y equipos para detectar y neutralizar drones.

La cooperación militar entre ambos países existe desde 2016 y contempla encuentros periódicos para intercambiar experiencias, coordinación y diálogo. El nuevo acuerdo permitiría a la Sedena entrar al mercado digital estadounidense para comprar Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS) y contra Sistemas Aéreos No Tripulados (C-UAS).

No es que México apenas descubra el problema. En septiembre de 2021, la Sedena firmó un contrato por 5 millones 487 mil 356.80 pesos con Soluciones Tecnológicas y Protección Aeroespacial para adquirir un sistema antidrones Dronelander K32, presuntamente destinado a Palacio Nacional. El equipo puede interferir y supervisar señales en seis frecuencias —433 MHz, 900 MHz, 1227.60 MHz, 1543 MHz, 2.4 GHz y 5.8 GHz—, además de conectarse a sistemas de monitoreo y resguardarse en un gabinete hermético. Todo para que los drones no se acerquen demasiado al poder, aunque en buena parte del país ya sobrevuelen comunidades sin que nadie los detenga.

El uso criminal de estos aparatos no es una amenaza de ciencia ficción: sirven para vigilar a fuerzas de seguridad y poblaciones, mover droga en pequeñas cantidades y, en zonas particularmente disputadas, lanzar explosivos. Hace unos meses, habitantes de Guajes de Ayala, en Coyuca de Catalán, Guerrero, denunciaron ataques con armas de fuego y drones presuntamente usados por un grupo criminal.

Entre los señalados aparece Los Ardillos, organización con presencia histórica en Guerrero, relacionada por autoridades, pobladores y organizaciones civiles con narcotráfico, extorsión, secuestro, minería ilegal y control de economías locales. Porque en México el crimen organizado no sólo administra territorios: también diversifica servicios y, ahora, presume flota aérea. 

Con información: ELECONOMISTA/

“TAMAULIPAS NO deja de OLER a GASOLINA: GARCÍA SOTO EXPLICA con MANZANAS PODRIDAS las ACUSACIONES contra AMÉRICO VILLARREAL”… ya debería estar en prisión.


Tamaulipas vuelve a oler a gasolina, pero no precisamente por el tráfico normal de la frontera. En su programa A la 1, Salvador García Soto puso sobre la mesa una historia que el gobierno estatal seguramente preferiría guardar bajo siete sellos, un tanque vacío y una carpeta clasificada: la red de contratos públicos vinculados a empresas relacionadas con Sergio Carmona, el llamado “rey del huachicol”.

La bomba no es menor. De acuerdo con la investigación de N+ Focus, Héctor Joel Villegas González —actual secretario general de Gobierno de Tamaulipas y operador político de confianza del gobernador Américo Villarreal— habría otorgado más de 15 millones de pesos en contratos municipales a compañías ligadas al círculo empresarial de Carmona durante su paso por la alcaldía de Río Bravo, entre 2021 y 2022. Porque, al parecer, en Tamaulipas la gratitud política también se factura… y se pavimenta, aunque las calles sigan hechas pedazos.

Los contratos eran, en teoría, para pavimentación y renta de maquinaria. En la realidad, según el reportaje, las calles Cinco de Mayo y Caoba continúan mostrando el tipo de obra pública que sólo existe con plenitud en los expedientes: mucho presupuesto, mucha firma, mucho discurso y muy poco asfalto. El milagro administrativo versión Morena: calles rehabilitadas en el papel, pero abandonadas en el mundo real.

Y por si el guion no fuera suficientemente tropical, dos de las empresas beneficiadas —Aulex Proyectos y Edificaciones y Darle Construcciones— comparten domicilio fiscal en un inmueble de Reynosa visiblemente abandonado. La tercera, Propiedades Inmobiliarias Ojeda Cruz, tendría una dirección en una plaza comercial de Río Bravo donde, según el trabajo periodístico, nadie sabe quiénes son ni qué hacen. Empresas fantasma con domicilio de película de terror burocrática: existen para cobrar, pero desaparecen cuando toca explicar.

La trama conduce al apellido Carmona. Sergio Carmona fue asesinado en noviembre de 2021, en San Pedro Garza García, Nuevo León, cuando cargaba encima acusaciones de lavado de dinero, contrabando de combustibles y presunto financiamiento ilegal de campañas políticas. Su muerte cerró una boca, pero no borró las huellas de una red que, según distintos testimonios y reportes, habría usado el dinero del huachicol para aceitar campañas electorales y comprar protección institucional.

En el reportaje, la fórmula es sencilla y conocida: dinero para campañas, posiciones para operadores, contratos para empresas amigas y protección desde las oficinas públicas. Un modelo de negocio donde el combustible no sólo movía camiones: también movía candidaturas, nombramientos, cabildos y presupuestos municipales. La verdadera refinería estaba en la nómina pública.

García Soto insiste en que el caso de Tamaulipas no puede verse aislado del contexto nacional. Mientras la Fiscalía General de la República parece particularmente selectiva para revelar nombres y profundizar responsabilidades, el huachicol fiscal sigue dejando una estela que alcanza a funcionarios, políticos y personajes cercanos al poder. Cuando el dinero ilícito entra a una campaña, no llega solo: trae consigo compromisos, facturas pendientes y contratos que algún día alguien tendrá que explicar.

El gobernador Américo Villarreal ha rechazado los señalamientos que lo vinculan con investigaciones en Estados Unidos y ha negado que su visa haya sido cancelada. Sin embargo, el problema ya no es únicamente migratorio ni mediático: es político. Porque cuando el secretario de Gobierno aparece mencionado en una investigación por contratos relacionados con la estructura empresarial de un huachicolero, la pregunta deja de ser si hay una campaña en contra. La pregunta es por qué el gobierno de Tamaulipas parece tan cómodo viviendo entre el olor a gasolina, el concreto inexistente y las explicaciones que nunca llegan.

En Tamaulipas, según esta historia, el huachicol no se acabó: se institucionalizó. Ya no necesariamente viaja escondido en pipas; a veces circula con membrete oficial, contrato de obra pública y sello de “todo en orden”.

Con información: ALA1/SALVADOR GARCIA SOTO/