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martes, 17 de noviembre de 2026
«¿QUIERO que lo SEPAN de MI BOCA?: YAHLEEL ACUSA INTIMIDACIÓN de la FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN CORRUPTA que NO TOCA a la ESPOSA del GOBERNADOR»… AVA ha usado y abusado de la justicia, al estilo del CDV.
La Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas,bajo el gobierno corrupto de Morena y Americo Villarreal, tiene ahora un señalamiento que no puede despachar con otro comunicado sobre su compromiso con la legalidad: Yahleel Abdala Carmona anunció que denunció a integrantes de esa institución por presunto abuso de autoridad y violencia política contra las mujeres en razón de género.
La exsecretaria de Bienestar Social bajo el gobierno de Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca (2016-2022) sostiene que le fabricaron una investigación para intimidarla y apartarla de la política.
El anuncio fue difundido desde sus redes ayer 16 de noviembre y coloca bajo cuestionamiento a la institución encabezada por Andrés Norberto García Repper Favila,una curricula con experticia electoral que llego al cargo por encargo del gobernador.
Aunque Abdala, por mesura, solo afirma que denunció a “miembros de la Fiscalía Anticorrupción”, sin identificar a los servidores públicos señalados ni precisar si denunció personalmente al titular, el antecedente apunta al exrepresentante de Morena en tareas jurídicas,ungido por el congreso por ordenes del mandatario.
“Me inventaron una carpeta”: una acusación que necesita expediente, no aplausómetro
“Hago este video para hablar claro y de frente”, comienza Abdala, antes de sostener que la investigación en su contra contiene una acusación falsa, sin pruebas y relacionada con acontecimientos que, asegura, estaban fuera de sus facultades, responsabilidades o atribuciones. Atribuye a esas actuaciones un propósito concreto: “sacarme del camino”.
Y es que el gobierno de Américo Villarreal y Morena tenían un problema: como ya se sabe, Yahleel Abdala buscaba participar como candidata a la alcaldía de Nuevo Laredo en la próxima elección de 2027. La maquinaria de Morena sabe que es una adversaria digna de tomarse en cuenta, si consideramos el resultado de la elección de 2024, en la que perdió por un margen estrecho.
«En la elección municipal de Nuevo Laredo de 2024, Carmen Lilia Canturosas obtuvo 94,584 votos frente a los 89,907 de Yahleel Abdala. Fueron 4,677 votos de diferencia. «…El Mañana de Nuevo Laredo.
De acuerdo con el señalamiento de YAC, una jueza de control tuvo que frenar a los fiscales durante una audiencia y advertirles que no estaban actuando con objetividad,un pasaje del que se puede conseguir el registro audiovisual para identificar la audiencia y revisar las palabras exactas de la juzgadora.
La diferencia importa
El artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales exige investigar tanto los elementos de cargo como los de descargo. El Ministerio Público no cumple su función reuniendo únicamente lo que perjudica a una persona y escondiendo debajo del escritorio lo que podría favorecerla.
La Fiscalía no tiene licencia para inventar culpables y la defensa no obtiene una absolución por denunciar a sus acusadores.
El contraste incómodo: cuando el expediente toca a la familia del gobernador
El cuestionamiento sobre la actuación de Garcia Repper en Anticorrupción adquiere otra dimensión frente al antecedente publicado el 23 de octubre: una denuncia presentada por el empresario Israel Alejandro Valdéz Sánchez el 7 de septiembre de 2026 y que señala a María de la Luz Santiago Diez de Bonilla, esposa del gobernador Américo Villarreal; a su hijo Américo Villarreal Santiago y a otros personajes, por hechos que el denunciante considera constitutivos de extorsión agravada, intimidación, amenazas y uso ilícito de atribuciones.
El mismo empresario ha acudido al amparo federal al mismo tiempo que cuestiona la falta de diligencia de la Fiscalía frente a su denuncia.
El antecedente permite formular una exigencia perfectamente legítima: que García Repper explique, por las vías y ante las personas legalmente procedentes, si la institución aplica el mismo estándar de diligencia cuando los señalamientos alcanzan a antiguos funcionarios y cuando llegan a la familia del gobernador acusada de extorsion.
Porque una fiscalía autónoma no acredita independencia por el volumen con que habla de los de ayer, sino por la seriedad con que investiga también a los de hoy por las mismas conductas de ayer.
El parentesco no demuestra culpabilidad. Tampoco debería funcionar como suspensión de actividades del Ministerio Público.
La denuncia de Yahleel sí tiene cauce; su éxito no viene incluido
Abdala asegura que acudió a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y a la Fiscalía de Delitos Electorales por abuso de autoridad y violencia política en razón de género. Describe acoso, intimidación, difamación, invención de hechos, persecución y represión.
En el frente de abuso de autoridad, su planteamiento puede tener viabilidad si logra traducir las acusaciones generales en actuaciones concretas que encuadren en alguna conducta prevista por el Código Penal de Tamaulipas. Este contempla, entre otros supuestos, violencia sin causa legítima, vejaciones o insultos cometidos por servidores públicos con motivo de sus funciones, así como determinadas negativas o retrasos indebidos de protección o servicios. No todo acto ministerial que una investigada considere injusto constituye automáticamente ese delito.
Para sostener esa vertiente habría que establecer quién hizo qué, cuándo lo hizo, con qué atribuciones actuó y qué datos permiten considerar ilícita su conducta. Una investigación deficiente, una interpretación jurídica equivocada y una fabricación deliberada no son lo mismo.
Violencia política de género
La segunda vertiente enfrenta una exigencia adicional. La legislación define la violencia política contra las mujeres en razón de género a partir de acciones u omisiones que menoscaban derechos políticos y electorales y que contienen elementos de género: que se dirijan contra una mujer por ser mujer, la afecten desproporcionadamente o produzcan un impacto diferenciado. El artículo 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece las conductas penalmente sancionables.
Esto significa que demostrar hostilidad política no basta, por sí solo, para demostrar violencia política en razón de género.
Si Abdala acredita amenazas, intimidación u otros actos dirigidos a impedir el ejercicio de sus derechos políticos, y además demuestra el componente de género y su encuadre en una conducta penal concreta, la denuncia puede adquirir consistencia. Si únicamente acredita una confrontación partidista o irregularidades ministeriales sin ese componente, la clasificación de género podría no sostenerse, aunque los hechos todavía pudieran examinarse desde otras responsabilidades.
La comparación con la denuncia y la inaccion contra la esposa del gobernador justifica el escrutinio de una posible aplicación selectiva de la justicia.
Abdala cierra su mensaje con una advertencia política —“no me escondo, no me callo y no me rindo”— y responsabiliza anticipadamente a quienes acusa si los ataques aumentan.
Si Anticorrupción tiene pruebas contra Yahleel, debe sostenerlas ante un juez sin encono partidista,la especialidad de la «caza». Si sus funcionarios abusaron del cargo, deben responder por ello. Y si existen denuncias contra la familia del gobernador, deben recibir el tratamiento legal que corresponda, sin linchamiento, pero también sin servicio de guardarropa para expedientes incómodos de la parentela en el poder que gobierna sin haber sido votados en las urnas.
La justicia no puede presumir dientes frente a la oposición y pedir anestesia cuando el expediente se acerca a Palacio. Esa selectividad hay que demostrarla; exigir que se esclarezca no requiere permiso del fiscal.
¿Por qué fiscalía corrupta?
Una fiscalía puede incurrir en corrupción no solo por fabricar acusaciones o cobrar sobornos, sino también por proteger deliberadamente a determinadas personas mediante el uso —o el abandono calculado— de sus atribuciones.
Si Garcia Repper evita investigar a familiares del gobernador precisamente por su parentesco, deja de administrar una función pública con imparcialidad y la convierte en una ventaja privada: protección frente al escrutinio penal. La obligación ministerial es investigar los hechos con objetividad y diligencia, no seleccionar a los investigables según su cercanía con el poder al que se arrastra a sus ordenes.
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