En Tamaulipas, la justicia tiene oficinas, presupuesto y fiscal con pasado de recluso,pero lo que escasea son los resultados. No es una ocurrencia para arruinar el discurso oficial del gobierno de Morena y Americo Villarreal: el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2026, de Impunidad Cero, coloca a la institución tamaulipeca en el lugar 25 de 32, con 34.7 puntos. Suficiente para tener membrete; bastante poco para presumir desempeño.
Y cuando se trata de matar, la cifra resulta demoledora: la impunidad acumulada en homicidio doloso en Tamaulipas fue de 90.7% ,de acuerdo con el mismo informe que aunque abarca de 2016 a 2021,el promedio se ha mantenido.

Bajo esa medición ,aproximadamente nueve de cada diez homicidios quedaron sin sentencia condenatoria. No estamos hablando de una denuncia por un espejo roto: estamos hablando de vidas arrebatadas y de un aparato de justicia incapaz de producir condenas en una proporción abrumadora.

La Fiscalía cambia de titular; la exigencia no cambia
Hoy la institución está a cargo de Jesús Eduardo Govea Orozco, designado para un periodo de siete años a partir del 16 de diciembre de 2025. Pero la herencia que recibio,bajo el mismo gobierno no es salvoconducto: recibió la responsabilidad de corregir una institución, no solamente el derecho a ocupar su despacho y empeorarla.
El IEDF 2026 permite identificar el tamaño del problema que tiene enfrente. Sus principales indicadores operativos y de resultados corresponden a 2024; el de impunidad en homicidio, a 2016-2021. Esa distinción importa: una crítica seria no necesita acomodar el calendario para pegar más fuerte.
El delito que no llega a la ventanilla
En 2024, Tamaulipas tuvo el menor porcentaje de delitos denunciados del país: apenas 5.1%. Dicho sin anestesia: alrededor de 95 de cada cien delitos no fueron denunciados ante las autoridades y el feomeno se repitio en 2025,de acuerdo con informe del EVIPE 2026.
La cifra corresponde al conjunto de delitos estimados mediante la ENVIPE, no específicamente a homicidios. Que haya pocas denuncias no acredita que haya poca delincuencia; también revela lo poco que del problema llega formalmente al sistema por desconfianza en el sistema.
Y aun dentro de ese sistema, la respuesta es limitada. La efectividad de la Fiscalía tamaulipeca en la resolución de casos fue de 15.8% en 2024, frente al promedio nacional de 23.1%. El indicador considera asuntos nuevos y rezagados, así como distintas salidas procesales y que coincide con otras mediciones oficiales.
Cuando el estudio combina la proporción de delitos que llegan a investigación con la efectividad institucional, la probabilidad estimada de denuncia y esclarecimiento en Tamaulipas queda en 0.44%. Menos de medio punto porcentual. El promedio nacional, ya de por sí miserable, fue de 1.47%.

Abrir carpetas no es resolver crímenes
El problema no se reduce a que las carpetas permanezcan abiertas. También pueden salir de la estadística mediante decisiones que no equivalen a esclarecer los hechos ni a castigar responsables.
Impunidad Cero advierte que las fiscalías recurren excesivamente a salidas administrativas tempranas y que esa práctica puede simular eficiencia sin ofrecer una respuesta efectiva a las víctimas. El señalamiento es nacional; no debe presentarse como una distribución específica de los expedientes de Tamaulipas.
Por eso, la frase precisa no es solamente que opera una industria que abre y no cierra carpetas. Es más incómoda: opera un sistema donde abrir, archivar o dar por terminado un expediente no garantiza que alguien responda por el crimen.
En Tamaulipas, además, la Fiscalía registró en 2024 un presupuesto de 405 pesos por habitante, frente a un promedio nacional de 448; una carga de 114 investigaciones nuevas por agente del Ministerio Público, frente a 128 en el promedio nacional; y 33 puntos en transformación digital en donde casi operan solo con un sello y una engrapadora.
El diagnóstico combina limitaciones materiales y malos resultados. No todo se explica con falta de dinero, ni todo se arregla exigiéndole al personal que haga milagros entre expedientes.
Govea: menos ceremonia, más resultados comprobables
El contraste institucional tiene otro filo: Tamaulipas obtuvo 88.9% en la evaluación de autonomía de las fiscalías, uno de los puntajes más altos. Pero esa calificación examina designación, remoción y estabilidad de la titularidad; no certifica investigaciones impecables ni independencia efectiva en cada expediente.
El propio informe advierte que la autonomía formal no garantiza mejor desempeño. La autonomía no es una medalla para la oficina del fiscal: debe servir para investigar sin obedecer consignas y rendir cuentas sin esconder resultados. algo que no hacen,pero eso no lo dice el informe,lo dice la realidad cotidiana.
La vara para Govea Orozco debe ser verificable: cuántos homicidios se investigan, cuántos casos se llevan ante un juez y cuántas órdenes se ejecutan. Un informe por separado de la administracion de justicia parece confesarlo sin rubor.
Mo importa que tan complicado sea ,como admitio recientemente y sin pena el Fiscal Anticorrupcion.
Con fechas, universos comparables y separación entre rezago heredado y resultados de su gestión. Porque anunciar detenciones no equivale a probar responsabilidades, y presumir carpetas iniciadas no demuestra que las víctimas hayan obtenido justicia.
Cometer delitos sale barato cuando la consecuencia penal es excepcional.
Con información: IMPUNIDAD CERO/

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