
En México, a los asesinos les sale demasiado barato matar. A las familias, en cambio, buscar justicia les cuesta la vida que les queda. El crimen pone el cadáver; la autoridad, la carpeta de investigación. Y entre una cosa y otra se abre ese agujero donde desaparecen los responsables y se acumulan los discursos.
Ahora fue Eduardo Flores Salado, periodista de amplia trayectoria en Acapulco. Su cuerpo fue localizado la noche del sábado 14 de noviembre en una calle de la colonia Canuto Nogueda, en la comunidad de La Sabana. Presentaba una lesión en el cuello, presumiblemente por estrangulamiento, según los reportes de medios locales recogidos por Proceso. Sus familiares lo identificaron en el Servicio Médico Forense. La Fiscalía de Guerrero informó que abrió una investigación por homicidio calificado. El trámite empieza; la justicia todavía está por verse.
Flores Salado había trabajado en Novedades de Acapulco y actualmente publicaba en Enfoque. Informativo Guerrero Diario, donde cubría información municipal y de seguridad. Fue fundador del colectivo Prensa Rosa e integrante de la Federación de Periodistas de Acapulco.
El mismo sábado de su asesinato, su trabajo apareció en la portada del medio. Entre sus otras notas figuraba una sobre un hombre en situación de calle hallado muerto. Horas después, el reportero que contaba las muertes ajenas se convirtió en la noticia.
No cayó en un vacío. Cayó en un estado donde los antecedentes ya deberían haber reventado cualquier discurso de normalidad: según el recuento de Proceso, entre 1997 y 2026 han sido asesinados 25 periodistas en Guerrero. Otros tres —Leodegario Aguilera, Marco Antonio López y Alan García— permanecen desaparecidos, y alrededor de diez comunicadores viven en desplazamiento forzado. Unos muertos, otros ausentes y otros obligados a irse: vaya manera de garantizar la libertad de expresión.

El panorama nacional tampoco admite maquillaje. Al 2 de noviembre, ARTICLE 19 había documentado seis periodistas asesinados durante 2026 y un acumulado de 181 desde 2000, en posible relación con su labor periodística. Ese corte es anterior al asesinato de Flores Salado: no corresponde sumarlo automáticamente al registro sin que la organización determine si cumple sus criterios. La indignación no necesita inflar las cifras; las cifras verificadas ya son una vergüenza.
Pero sería una trampa contarles esta historia como si el problema terminara en las redacciones. No hace falta tener una credencial de prensa para quedar atrapado en una justicia que produce expedientes con mucha más facilidad que condenas.
El Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2026, de Impunidad Cero, retoma una medición que situó la impunidad acumulada en homicidio doloso de 2016 a 2021 en 92.8%: apenas alrededor de siete de cada cien homicidios recibieron una sentencia condenatoria. No es una tasa de detenciones ni una medición de los asesinatos de este año; es el retrato documentado de un fracaso estructural.
Ahí está el contraste obsceno: para destruir una vida basta un ataque; para conseguir justicia, las familias tienen que enfrentarse a un sistema cuyos resultados están muy lejos de sus obligaciones. La impunidad no entrega un permiso de asesinato con sello oficial. Hace algo menos aparatoso y más corrosivo: deja instalada la expectativa de que matar puede no tener consecuencias.
La apertura de una carpeta es una obligación, no una hazaña. Un comunicado no captura a nadie. Una condena verbal no sustituye una sentencia judicial. Y anunciar que “se investiga” no devuelve la vida ni demuestra que el Estado haya hecho su trabajo.
Eduardo Flores Salado merece una investigación que esclarezca quién lo mató, por qué y quién más pudo participar. También la merece cualquier persona asesinada cuyo nombre no llega a una portada. Porque el escándalo no es solamente que en México maten periodistas. Es que, con oficio o sin él, demasiadas víctimas terminan bajo tierra mientras la justicia sigue en trámite.
Con informacion: PROCESO/
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