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lunes, 16 de noviembre de 2026

«BRAVOS con el PUEBLO: la NARCO COEPRIS de AMÉRICO y GUERRERO ARREMETE con MULTAS contra CARNICERÍA, pero DEJA que ALLEGADOS al CDG CONTROLEN la DEPENDENCIA»… Para enfrentar al pueblo les sobra gobierno.


En Tamaulipas, el gobierno de Morena y Americo Villarreal sabe sacar las uñas cuando del otro lado del mostrador hay un comerciante. Inspectores, verificaciones, sellos y advertencias de multas: ahí sí aparece el aparato institucional, muy digno, muy expedito y con toda la autoridad por delante.

En Tampico, la COEPRIS, encabezada por personaje señalado reiteradamente por corrupción y extorsión, clausuró una carnicería y suspendió un restaurante por irregularidades en el traslado y la conservación de carne, según informó quien «finge» de comisionado estatal, Mario Rebolledo Urcádiz,tambien vasallo del Cartel del Golfo.

El funcionario explicó que las sanciones económicas pueden superar los 500 mil pesos, dependiendo de la gravedad del incumplimiento.

Que quede claro: transportar carne sin condiciones sanitarias merece vigilancia y, cuando corresponda, sanciones. La salud del consumidor no es un adorno. Pero precisamente por eso resulta indispensable exigir algo más que un gobierno muy bravo frente a una cajuela y mucho menos convincente cuando las denuncias hablan de criminales del Cartel del Golfo que controlan quién vende, a quién le compra y cuánto paga por seguir trabajando.

Porque el problema denunciado no termina en cómo llega la carne al negocio: también alcanza a quién estaría imponiendo las condiciones para comercializarla.

En marzo de 2025, en Valor Tamaulipeco publicamos testimonios atribuidos a comerciantes que denunciaban compras forzadas a un proveedor, amenazas, desplazamiento de competidores y cuotas de entre 2 y 20 pesos por kilogramo, según el producto.

Ahí está la pregunta que incomoda: ¿dónde está la misma fiereza institucional para investigar a quienes presuntamente convierten cada kilo de alimento en una oportunidad de extorsión? Para revisar una camioneta no debería faltar autoridad; para perseguir al que amenaza al comerciante tampoco debería faltar voluntad.

El contraste merece escrutinio: la autoridad sanitaria coluida en la extorsion denunciada desde adentro,incluso, exhibe sus actuaciones contra dos establecimientos, mientras las denuncias sobre presunto control criminal del comercio plantean una exigencia distinta y mucho más profunda: proteger a quienes trabajan, no solamente verificar sus refrigeradores. Clausurar un local puede acreditar una intervención sanitaria; no acredita que el Estado tenga bajo control el mercado ni que sus comerciantes estén a salvo.

Coepris también debe rendir cuentas

Y la exigencia de transparencia alcanza a la propia dependencia. En febrero de 2026, en Valor Tamaulipeco identificamos a Alejandro Salazar Salinas como jefe de Coepris en Reynosa y se publicaron señalamientos de su parentesco con un mando del Cártel del Golfo y una operación de cobro de sobornos destinada a Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador al que responde el jefe de COEPRIS ESTATAL en materia de sobornos y extorsiones.

Y aunque el parentesco no es sentencia y una fotografía no sustituye una investigación, tampoco un cargo público debe funcionar como repelente de preguntas.

En los lamentables hechos,la institución encargada de prevenir riesgos sanitarios termina bajo sospecha de representar otro riesgo para el comerciante: el de una ventanilla donde, además de cumplir requisitos, hubiera que pagar favores.

Nadie pide impunidad para una carnicería ni permiso para transportar alimentos de cualquier manera. Se exige que la firmeza no sea selectiva: que el Estado proteja al consumidor de la carne mal conservada y al comerciante de quien pretende cobrarle por venderla.

Porque para ponerle un sello a una cortina basta una inspección. Para impedir que el crimen decida quién puede levantarla, hace falta gobierno y gobernante.

Con informacion: Hoytamaulipas/

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