El Tamaulipas de Morena y Americo Villarreal, no solo es campeón nacional del «Levanton 24/7/365», tambien lidera el problema forense que ya tiene explicación oficial: faltan especialistas certificados en antropología y arqueología forense.
Asi lo reconoció sin rubor el fiscal de «pasado pesado que conoce los barrotes de las celdas del Altiplano», Jesús Eduardo Govea Orozco al anunciar acuerdos con 18 colectivos de búsqueda y activistas independientes. La carencia importa, y mucho. Pero reconocerla no equivale a resolverla: una explicación técnica no puede convertirse en salvoconducto político para administrar el rezago sin fecha de salida.
Porque una cosa es explicar por qué no se identifica a una persona y otra, bastante más cómoda, es repetir la explicación hasta convertirla en paisaje. «Faltan peritos» describe un cuello de botella; no responde quién debe corregirlo, con cuánto dinero, en qué plazo y bajo qué vigilancia. El diagnóstico no puede hacer carrera como coartada.
EL GOBIERNO PROMETE; LAS FAMILIAS SIGUEN ESPERANDO
Tras una reunión de colectivos con el gobernador «tradicionalmente sordo» ,Américo Villarreal Anaya, las autoridades anunciaron más recursos para identificación forense, insumos para elaborar perfiles genéticos y contratación gradual de personal especializado.
También contemplan poner en funcionamiento el Centro de Identificación Forense de Altamira. Hasta ahí, el catálogo de buenas intenciones. Según la información publicada, no precisaron cuánto dinero adicional destinarán, cuántos especialistas contratarán ni cuándo comenzará a operar el centro.
Es decir: hay compromisos, pero faltan las coordenadas que permiten exigir su cumplimiento.
La palabra «gradualmente» puede tener sentido en un programa de contratación. Sin calendario, también puede convertirse en una hamaca burocrática: el funcionario se acomoda mientras las familias siguen esperando. Y un centro cuya apertura se anuncia sin fecha todavía es una promesa, no una respuesta al rezago.
Nadie exige fabricar especialistas por decreto. Lo exigible es que la dificultad venga acompañada de un plan verificable, no de una explicación que se repite cada vez que alguien pregunta por resultados.
SEIS VEHÍCULOS NO SUSTITUYEN UNA IDENTIFICACIÓN
La Fiscalía Especializada en Desapariciones recibió seis vehículos para apoyar investigaciones y búsquedas. El fiscal calificó la entrega como «un esfuerzo modesto». También anunció el reforzamiento del acompañamiento policial, después de los señalamientos de madres buscadoras sobre la falta de protección durante sus recorridos. Son medidas pertinentes para las tareas que describen; no acreditan, por sí mismas, que el atasco forense esté resuelto.
Una camioneta sirve para desplazarse. No sustituye al especialista que recupera y analiza restos ni al laboratorio que procesa las muestras. Confundir equipamiento de búsqueda con capacidad de identificación sería como presumir ambulancias para explicar por qué no hay cirujanos: ambas cosas importan, pero no hacen el mismo trabajo.
Y la seguridad de quienes buscan tampoco debería presentarse como una cortesía del gobierno. Si las familias tienen que reclamar protección para salir al campo, el anuncio merece seguimiento, no aplauso automático.
EL 120 POR CIENTO: MUCHA CIFRA, POCA EXPLICACIÓN
Govea Orozco aseguró que durante 2026 se mantiene un índice de localización de entre 65 y 70 por ciento y una «productividad diaria superior al 120 por ciento» en búsquedas y localizaciones. Sin embargo, la nota no ofrece el total de denuncias, el desglose de personas localizadas con vida o sin vida ni la metodología utilizada para calcular esa productividad a todas luces «falsa y fácilmente desmontable».
La rendición de cuentas comienza donde termina el porcentaje ornamental.
LAS «BODEGAS DEL HORROR»: EL RESGUARDO NO ES LA SOLUCIÓN
La expresión «bodegas del horror» apunta a esa diferencia brutal entre custodiar y resolver: que el Estado tenga bajo su responsabilidad unos restos no significa que haya logrado devolverles una identidad.
Ahí está el fondo de la denuncia. Resguardar restos no equivale a identificarlos. Anunciar infraestructura no equivale a ponerla a trabajar. Reunirse con colectivos no equivale a cumplirles.
MENOS RETÓRICA, MÁS FECHAS Y RESPONSABLES
Lo que falta en el anuncio no es otra frase solemne. Son respuestas comprobables:
- ¿Cuánto presupuesto adicional se destinará a la identificación forense?
- ¿Cuántos especialistas se contratarán y en qué fechas?
- ¿Cuándo comenzará a operar el Centro de Identificación Forense de Altamira?
- ¿Cuál es el número de restos pendientes de identificación y cómo se medirá la reducción del rezago?
- ¿Qué metodología sostiene los porcentajes de localización y productividad?
- ¿Cómo se verificará el cumplimiento del acompañamiento policial prometido?
Estas preguntas corresponden a los compromisos y vacíos señalados en la información sobre la reunión con los colectivos. No son caprichos de quienes buscan: son las condiciones mínimas para distinguir una política pública de una conferencia de prensa.
Tamaulipas no necesita que el gobierno descubra, otra vez, que faltan peritos. Necesita saber cuándo dejarán de faltar, qué capacidad tendrán los laboratorios y quién responderá si los compromisos reciclados vuelven a quedarse en el micrófono.
Porque el horror no se desactiva poniéndole lenguaje administrativo. Y a una familia no se le devuelve un nombre con la frase «se está trabajando».
Con información: EL UNIVERSAL/ Hoytamaulipas/
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