«GOVEA y los TERRENOS MALDITOS: OSIEL CÁRDENAS APARECE en la TRAMA de TRIPLE EJECUCIÓN de ABOGADO, MADRE e HIJA en TAMAULIPAS»… silenciados por la complicidad.

En 2002, el ahora fiscal de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, fue recluido, tras ser detenido en Matamoros, 7 meses en la cárcel de alta seguridad de Almoloya, hoy conocida como el Altiplano, esto luego de ser vinculado, en su entonces calidad de agente del Ministerio Público, con una trama que benefició a un lugarteniente de Osiel Cardenas quien fungía como capo del Cártel del Golfo, actualmente preso en ese mismo penal.

Pero hoy, en 2026, podría repetirse aquella conducta que exhibió a un funcionario que sirvió al crimen organizado,salio en libertad sin ser absuelto y terminó por no servir a la justicia. 

Pero ahora una triple ejecución cometida en Matamoros y el sur de Tamaulipas, vuelve a colocar su actuación bajo escrutinio.

La información revelada en redes es coincidente con ese Tamaulipas donde los ciudadanos sobreviven al gobierno de Morena y Américo Villarreal. El relato de un presunto despojo de un valioso terreno junto al mar tiene de todo: amenazas telefónicas, terrenos que alguien quería cobrar como si fueran propios, documentos notariales cuestionados, una familia de «Saucedas» ligada a una diputada de Morena, un abogado asesinado en Matamoros y dos mujeres que terminaron muertas no sin antes dejar su testimonio.

Lo que todavía falta es lo único que no puede suplirse con discursos: una investigación que establezca, sin complicidades, quién pudo mover los hilos con ayuda exterior, pero desde una celda federal.

Los materiales audiovisuales que sirven de sustento en esta redacción señalan que Virginia Silva García y su madre, Gloria, fueron asesinadas el 19 de septiembre de 2026 en un predio de Altamira conocido como «La Entrada a las Dunas». El escrito vincula el doble crimen con un asesianto previo en Matamoros y el intento de arrebatarle propiedades a Virginia. 

Una llamada, unos ranchos y un nombre que pesa

La transcripción de un audio ventilado en redes, recoge una conversación atribuida a Virginia y Julio de la Cruz Reyna,hermano de ex-capo del Cartel del Golfo en la zona sur de Tamaulipas,donde esta protesta por una operación notarial para entregar un rancho en dación de pago:

«Yo no tengo por qué estar metida en que arruendes, o sea, yo no sé si sabes que en Reynosa está una notaría donde según yo a ti te tengo que entregar los ranchos. ¿Lo sabes? 

¿Aquel hombre? 

No, no, no. Que según tú fuiste con un notario junto conmigo donde yo te doy en dación de pago un rancho.

¿Sabías eso? Bueno, pues van a meter a la cárcel al notario. O sea, yo no tengo por qué estar ni que tu hermano ni que el señor, a ver, lo que me tengan que decir que me lo digan y de qué se trata. Sí, me explico.

Pero porque yo se lo voy a entregar, o sea, que acaso él ha pagado las deudas de los ranchos, acaso él ha puesto algo o yo soy parte de él. 

Se corta la llamada. Sí, se corta.

No, sobrino, o sea, ya mataron a licenciados y si sabes que se cumplió lo que te dijeron 

Yo me di cuenta por la televisión también. Sí, pero pero esto no. Esa gente no está mintiendo.

Yo no tengo por qué vivir en estrés. Así te lo digo. Estoy harta de vivir en estrés.

O sea, yo no tengo. O sea, no. O sea, yo yo en verdad estoy harta.

Porque no le encontré. 

Yo no yo yo no entiendo. Qué pasa? Lo único que presiento es que al señor Osiel Cárdenas Guillén, alguien le ha hecho creer que esas tierras son de él o que las compró o lo engañaron, que se las compraron a alguien para él.

Pero todo se va a aclarar. A mí ya me llevaron hasta el límite del tope. A mí ya, ya.

O sea, a mí ya me llevaron hasta el límite. Cuando yo tuve dinero, cuanto dinero ganaba, repartía y te repartía. A ti yo no te he pedido dinero ni te he mortificado de nada.

Porque siempre o. O sea.….»

Después cuestiona por qué tendría que entregar las propiedades. Dicho sin el barniz de la escritura pública: alguien pretendía presentar como entrega voluntaria lo que ella describía como una operación ajena a su voluntad.

El audio trascendido identifica la conversación como una «llamada telefónica de Julio con Virginia» del 7 de febrero de 2026 y en este se exhibe una credencial a nombre de Julio César de la Cruz Reyna. 

El nombre de Osiel aparece en un pasaje especialmente delicado:

«Lo único que presiento es que al señor Osiel Cárdenas Guillén, alguien le ha hecho creer que esas tierras son de él o que las compró o lo engañaron, que se las compraron a alguien para él»

La frase es contundente como testimonio del temor de quien habla acompañada de una expresión de agotamiento: «Estoy harta de vivir en estrés». También alude a abogados asesinados y a amenazas que ya se habrían cumplido. No es una charla de sobremesa sobre bienes raíces; es una conversación atravesada por el miedo.

El presunto despojo venía con membrete

Según el escrito difundido, el conflicto comenzó a mediados de noviembre de 2025, cuando un hombre identificado como Julio César de la Cruz Reyna habría llamado a Virginia para decirle que un interno del Altiplano le había instruido despojarla de propiedades. La misma versión sostiene que el interlocutor le indicó cómo proceder para que la operación pareciera «legal» y después la amenazó con matarla si acudía a su abogado.

Ahí está el corazón del señalamiento: no solamente quitar terrenos, sino vestir el presunto despojo de trámite. Porque hasta la arbitrariedad, cuando aspira a instalarse en el Registro Público, quiere llegar peinada, sellada y con firma.

El documento afirma que Virginia y su abogado, Fernando Gerardo Covarrubias Treviño, encontraron pagos de impuestos prediales que ella no había realizado. Después, Virginia habría descubierto un supuesto «primer testimonio» que no reconocía y un aviso de prioridad relacionado con un presunto reconocimiento de adeudo y entrega de dos predios en dación de pago a favor de Julio César de la Cruz Reyna.

La denuncia menciona al notario Rodolfo Paras Fuentes, de la Notaría Pública 69 de Reynosa, en relación con ese aviso, y al notario José Rafael Reyes Tiburcio, de la Notaría Pública 155 de Tampico, respecto del supuesto primer testimonio. También atribuye a este último una respuesta que Virginia interpretó como evidencia de colusión. 

La Notaría 69 ya había aparecido en otra controversia pública. En abril de 2025, eV alor Tamaulipeco informamos que Rodolfo Paras denunció en redes presuntos abusos durante un operativo. Ese antecedente permite identificar una polémica previa del mismo notario y,su punible participación en el presunto despojo de Virginia. 

Primero el abogado; después, madre e hija

El escrito sostiene que Fernando Gerardo Covarrubias Treviño fue asesinado a balazos en Matamoros el 2 de febrero de 2026. Añade que, después, Virginia promovió un amparo indirecto ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Tamaulipas, en el que expuso amenazas y el temor de ser secuestrada para obligarla a firmar documentos.

Según esa misma versión, pidió que se notificara a autoridades federales y posteriormente dejó de dar seguimiento al procedimiento por obstáculos, problemas de salud y miedo. El relato también refiere medidas de protección mediante visitas de la Guardia Estatal y una posterior visita de un abogado que habría intentado obtener nuevas firmas. 

El desenlace que describe la denuncia es brutal: el asesinato de Virginia y Gloria, seguido, en menos de una hora, por un incendio provocado en la vivienda de Virginia, donde habrían muerto mascotas. El escrito añade que no se encontró el bolso con sus documentos personales. 

Si estos extremos se corroboran,poco probable en un aparato de justicia inútil, la investigación tendria que explicar su relación con las amenazas y los movimientos registrales denunciados, en lugar de tratar cada episodio como una isla convenientemente desconectada.

Govea: el pasado podria ser prueba del presente

El caso coloca una exigencia pública frente a Jesús Eduardo Govea Orozco, actual fiscal general de Justicia de Tamaulipas, cuyo nombramiento por el Congreso estatal está registrado en la página de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia,acompañado de una hoja de vida que no menciona su pasado en prisión.

Govea tiene un antecedente que vuelve especialmente incómoda cualquier investigación relacionada con el Cártel del Golfo que se complica si volteamos a ver las múltiples acusaciones al gobernador Americo Villarreal.

Un reportaje atribuido a Fátima Monterrosa, de NMás Noticias de Televisa,dio cuenta sobre su detención y reclusión en Almoloya en 2002, dentro del caso de la sustitución de Rogelio González Pizaña, «El Kelín», por otro detenido y obtuvo su libertad bajo reservas de ley.

Ese antecedente ademas de ser un indicio de su conducta pasada ,es una prueba de desempeño presente: investigar con evidencia, esclarecer los documentos señalados, verificar las amenazas y determinar si existe relación entre el conflicto patrimonial y el triple homicidio.

La justicia no puede limitarse a ponerle número a una carpeta mientras las víctimas ya tienen fecha en una lápida.

El texto original en redes:

El pasado sábado 19 de septiembre del presente año 2026, alrededor de las 17 horas, Virginia Silva García, de 54 años de edad, y su madre Gloria, de 83 años, fueron asesinadas a balazos en un predio propiedad de Virginia ubicado en Altamira, Tamaulipas, conocido por la gente como «La Entrada a las Dunas». Se encontraban solas y vulnerables, pues simplemente iban a trabajar como un fin de semana cualquiera, sin imaginar que ese día sería el último. Posteriormente a estos hechos, y en un lapso no mayor a una hora, sujetos con garrafas de gasolina arribaron al domicilio de Virginia con la finalidad de prender fuego a la vivienda. Por fortuna no había personas dentro, pero sí había mascotas: cachorros que fueron atrapados y calcinados por las llamas.

Pero ¿por qué? ¿Qué pudo haber desencadenado este terrible desenlace?

A mediados de noviembre del año 2025, Virginia Silva García recibió una llamada de un sujeto llamado Julio César de la Cruz Reyna, quien le informó que un recluso del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 (conocido como El Altiplano) le había instruido despojar a Virginia de unas propiedades, y le indicó a dónde ir para hacer todo de tal manera que pareciera «legal». Virginia, muy molesta, se negó rotundamente a deshacerse de lo que tanto sacrificio le había costado. El sujeto le colgó la llamada, para minutos después volver a marcar y advertirle que si ella se acercaba a su abogado, lo iban a ejecutar, volviendo a colgar.

Virginia, tras escuchar las amenazas, llamó enseguida a su abogado Fernando Gerardo Covarrubias Treviño para informarle lo sucedido. El abogado la tranquilizó y le dijo que llegaría a Tampico la semana siguiente para hablar personalmente con ella. Así fue: el abogado se desplazó desde Matamoros hacia Tampico y, una vez reunidos, aprovecharon para ir a Catastro Altamira a solicitar información de los predios. Fue ahí donde se percataron de que los impuestos prediales de los dos predios que le querían quitar estaban pagados en su totalidad, o al menos eso simularon en Catastro en complicidad o por solicitud de alguna persona. El abogado y Virginia se preocuparon gravemente al darse cuenta de que aquel sujeto no estaba mintiendo, pues de predial se debía más de un millón de pesos.

El abogado tuvo que regresar a su ciudad por cuestiones de trabajo y Virginia se quedó para seguir investigando. Fue entonces que asistió al Registro Público de la Propiedad en Tampico y se percató de que alguien ya había registrado un supuesto «primer testimonio» en el RPP cuando ella no lo había hecho, y además no coincidía con el que ella tenía en su poder. Al solicitar todo lo relacionado con sus predios, descubrió que había un aviso de prioridad emitido por el Notario RODOLFO PARAS FUENTES, titular de la NOTARÍA PÚBLICA 69 en Reynosa, Tamaulipas. Dicho aviso estaba dirigido al Registro Público de la Propiedad de Reynosa y contenía un supuesto reconocimiento de adeudo y donación de pago a favor de Julio César de la Cruz Reyna, el mismo sujeto que la había amenazado por teléfono. En ese documento, Virginia supuestamente iba a «reconocer» un adeudo apócrifo para entregar dos de sus predios en dación de pago; todo esto premeditado, simulado y, sobre todo, sin la voluntad de Virginia Silva García.

Ante esto, Virginia se acercó con el Notario JOSÉ RAFAEL REYES TIBURCIO, titular de la NOTARÍA PÚBLICA 155 en Tampico, Tamaulipas, para informarle lo que sucedía en el Registro Público y que habían inscrito un supuesto «primer testimonio» totalmente falso. Sin embargo, el Notario, lejos de asombrarse o asustarse, le sostuvo a Virginia que dicho documento sí había sido expedido por él y que se lo había entregado a ella tras habérselo solicitado, lo cual Virginia sabía perfectamente que no era verdad. Quitado de la pena, el Notario le decía que no se preocupara, que al contrario, debería estar «agradecida» de que alguien ajeno le hubiera hecho el «favor» de pagarle los impuestos prediales, los impuestos del registro en el RPP e inscribir el apócrifo «primer testimonio». Virginia se retiró sin decir nada, entendiendo que el Notario JOSÉ RAFAEL REYES TIBURCIO estaba coludido con los delincuentes, sintiendo una enorme decepción pues tenía más de 30 años de conocer al notario y a su padre, a quienes les tenía mucho aprecio.

Desafortunadamente, el pasado 02 de febrero del presente año 2026, el abogado de Virginia, Fernando Gerardo Covarrubias Treviño, fue ejecutado a balazos en Matamoros, Tamaulipas.

Pocos días después, Virginia presentó un Amparo Indirecto ante el JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, donde exponía todo lo que estaba viviendo, la reciente ejecución de su abogado y el miedo constante de ser secuestrada para ser llevada ante el NOTARIO RODOLFO PARAS FUENTES en la NOTARÍA 69 de Reynosa para ser obligada a firmar documentos fraudulentos. En dicho amparo, Virginia solicitaba que se le notificara a la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, a la Fiscal General de la República Ernestina Godoy Ramos y a las autoridades competentes. El juzgado de distrito aceptó el amparo y giró oficios a las dependencias solicitadas. Días después, Virginia llevó otro escrito, pero se dio cuenta de que la secretaria que le había recibido el primer documento ya no estaba; en su lugar había un hombre que, muy molesto, le comentó que no entendía por qué su suplente le había recibido el trámite y girado oficios a las autoridades cuando él no lo hubiera permitido. Al final, por tantas trabas que le ponía el Juzgado de Distrito, exigencias exageradas, problemas de salud y el miedo persistente, Virginia dejó de darle seguimiento al proceso y se limitó a solicitar Medidas de Protección, Oficiales de la Guardia Estatal arribaban todos los días a comprobar si se encontraba bien, pero como llegaban alrededor de las 23 horas, ella optó por ya no salir.

Poco después, a mediados de marzo del presente año 2026, un abogado de nombre Erasmo Favio Tovar Peña se presentó con unos documentos en el domicilio de Virginia para pedirle que los firmara, a lo cual ella se negó rotundamente al sospechar que se trataba de los mismos documentos fraudulentos con los que la estaban presionando, por lo que el abogado se retiró.

Posteriormente ocurrió lo impensable, el asesinato de Virginia, de su madre Gloria, el incendio de su vivienda y una profunda incertidumbre sobre lo que sucederá después. Cabe mencionar que el bolso que contenía la documentación personal de Virginia no fue encontrado en el lugar.

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