El general en retiro Audomaro Martínez Zapata convirtió la rendición de cuentas en un expediente clasificado: tres días antes de irse del CNI firmó el candado para ocultar por cinco años su declaración patrimonial y la de todo el personal del organismo. La coartada fue la seguridad nacional; el efecto político es otro: sembrar sospecha justo donde el servicio público exige luz.
No es que Audomaro Martínez Zapata haya pedido discreción: levantó una cortina de acero sobre su patrimonio. A 72 horas de abandonar la dirección del Centro Nacional de Inteligencia, el general en retiro firmó la reserva de su declaración patrimonial hasta septiembre de 2029. El hombre que encabezó la oficina encargada de saberlo todo de todos decidió que los ciudadanos no debían saber nada de él.
La explicación es de manual: publicar sus bienes, dice el CNI, podría exponerlo a amenazas, extorsiones o atentados de la delincuencia organizada. Pero la transparencia no exige regalar domicilios, rutas ni datos sensibles; para eso existen versiones públicas y mecanismos de testado. Lo que se reserva no es una operación encubierta ni el nombre de un informante: es el patrimonio de un alto funcionario obligado a explicarlo. Excomisionados del INAI han advertido precisamente que la reserva generalizada resulta insuficientemente motivada y que la ley contempla versiones públicas de estas declaraciones.
El problema, entonces, no es sólo la opacidad: es la obscenidad institucional de invocar la seguridad nacional para blindar los bienes de quien tuvo en sus manos la seguridad nacional. En el cuartel se habla de honor, disciplina y lealtad; en el archivo de transparencia, al parecer, esas palabras significan poner candado, apagar la luz y pedirle al país que no haga preguntas hasta dentro de cinco años.
Y la maniobra no ocurre en el vacío. Martínez Zapata ha quedado bajo escrutinio público por los nombramientos y omisiones que rodearon a figuras posteriormente vinculadas o acusadas en asuntos de crimen organizado. La información publicada señala que recomendó o avaló trayectorias de mandos como Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad en Sinaloa, y Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, este último procesado bajo acusaciones de encabezar La Barredora. Son señalamientos y contextos que ameritan esclarecimiento, no una sentencia contra el general: no acreditan por sí mismos responsabilidad penal.
Cuando un exjefe de inteligencia aparece mencionado en el clima de sospecha que dejan La Barredora, el huachicol fiscal y los mandos de seguridad cuestionados, esconder sus bienes no desactiva la duda: la alimenta.
La reserva podrá ser legalmente defendible en abstracto; en términos públicos parece la vieja doctrina de la inteligencia mal entendida: si algo incomoda, se clasifica; si algo compromete, se archiva; y si alguien pregunta, se le responde con “seguridad nacional”.
La paradoja final es brutal: un militar formado bajo la idea de que el uniforme obliga a rendir cuentas termina usando el argumento de proteger al Estado para protegerse de la mirada del Estado. Y mientras el patrimonio permanece bajo llave hasta 2029, la pregunta queda afuera, haciendo guardia: ¿qué clase de inteligencia necesita esconder la cartera de su antiguo jefe?
Con información: VANGUARDIA/ EL UNIVERSAL/
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