En campaña se tiran al cuello; cuando aparecen los contratos, las diferencias ideológicas resultan bastante menos profundas. El caso de las empresas ligadas a Zetas del Cartel del Noreste (CDN) sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no se queda en Tamaulipas con Morena,Americo Villarreal y Carmen Lilia Canturosas en Nuevo Laredo: también alcanza al escaparate naranja de Samuel García. Su Gobierno entregó a Cegesa cuatro contratos por 120.9 millones de pesos. Mucho presumir distancia de la vieja política, pero ahora toca explicar a quién le abrieron la chequera.
Por un lado ambos gobiernos de diferente partido dicen combatirlos con la fuerza del Estado; por el otro, les engordan la chequera con contratos públicos. Así, hasta la violencia legítima queda atrapada en el contrasentido: una mano dispara contra el crimen y la otra alimenta su economía. Mucha guerra contra el narco, pero a la hora de repartir obra, parece que el enemigo también puede ser proveedor.
Entre 2022 y 2023, la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León —Codefront— contrató a Construcciones y Edificaciones Garza Elías, conocida como Cegesa, para realizar obras en el Puerto Fronterizo de Colombia, en Anáhuac. Los contratos fueron firmados por Marco Antonio González Valdez en su calidad de director general honorífico del organismo. Fachadas, casetas, carriles y obras complementarias: el menú de infraestructura vino acompañado de una cuenta millonaria.
El problema no es el color de la pintura, sino quién estaba del otro lado del mostrador. El 13 de octubre, el Tesoro estadounidense sancionó a Cegesa y a sus propietarios, Gamaliel Garza García y su hijo, Gamaliel Garza Elías.
Según la dependencia, la empresa fue utilizada por el Cártel del Noreste para canalizar dinero a campañas electorales de candidatos de su preferencia, obtener contratos públicos mediante corrupción y subcontratar trabajos con personas vinculadas a esa organización criminal. No es una acusación menor ni un detalle perdido entre facturas.
Y la ruta no termina en Nuevo León. El Tesoro identificó a Cegesa como receptora importante de contratos de los gobiernos de Tamaulipas y Nuevo Laredo.
Además, Copasa, otra empresa de Garza García también sancionada, recibió del Ayuntamiento de Nuevo Laredo tres contratos de reencarpetado por un total de 9 millones 87 mil 724 pesos en 2025. Según la autoridad estadounidense, el esquema repartía funciones: Cegesa ejecutaba o subcontrataba las obras y Copasa suministraba los materiales. Negocio integrado, hasta con su propia proveeduría.
Así que reducir el asunto a una pedrada contra Morena deja convenientemente fuera de cuadro al Gobierno de Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Samuel García también tiene cuentas que explicar: cómo se seleccionó a la contratista, qué controles se aplicaron y quién verificó a sus beneficiarios. La camiseta naranja no sirve de comprobante de honradez, del mismo modo que la guinda no funciona como certificado de inocencia.
Ese es el contraste que deja este expediente: partidos que se presentan como credos irreconciliables aparecen vinculados, desde sus gobiernos, con contrataciones de empresas señaladas dentro de una misma red. En el templete, cada quien presume su doctrina; frente al presupuesto, las diferencias necesitan algo más que un logotipo para resultar creíbles. Aquí no basta cambiar de camiseta: hay que abrir los expedientes.
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