La impunidad del «Caso de Desaparición forzada» de tiempos del gobierno panista de Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca en Tamaulipas no está guardada en un archivo de 2018: según las familias de los desaparecidos, anda en camionetas, pasa frente a sus casas y les recuerda que exigir justicia también puede costarles tranquilidad. No es únicamente el horror de lo que ocurrió. Es el hostigamiento que denuncian hoy.
Madres y esposas del colectivo Buscando mi razón de ser exigieron a Claudia Sheinbaum que detenga la intimidación de elementos de la Secretaría de Marina en Nuevo Laredo.
En una carta entregada a la Presidencia y dirigida también a Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, denuncian que desde los primeros días de septiembre enfrentan “acechantes patrullajes” para amedrentarlas y castigarlas por seguir buscando a sus familiares.
Porque, al parecer, no les basta con ocho años de ausencia: ahora también tienen que soportar el miedo estacionado frente a la puerta.
El caso comprende la desaparición forzada de al menos 50 personas, atribuida a elementos navales entre febrero y mayo de 2018. La CNDH reconoció 37 en su recomendación 36VG/2020. Las familias señalan que al menos 17 siguen desaparecidas. Y de los 30 marinos detenidos en abril de 2021 y procesados por la desaparición de siete personas, aseguran que ninguno permanece en prisión.
Treinta detenidos. Ninguno preso. Las familias siguen buscando. Ese es el saldo que ponen sobre la mesa, no una ceremonia de justicia cumplida.
En su carta acusan a jueces federales de haber favorecido la liberación de los elementos y señalan a una FGR “omisa e incapaz de ganar un solo caso”. Conviene distinguir las resoluciones: el escrito refiere absoluciones y exoneraciones, pero también decisiones de no vinculación a proceso. No son lo mismo, aunque para las denunciantes el resultado tenga el mismo sabor: nadie responde y la ausencia continúa.
La resolución más reciente que mencionan es del 10 de septiembre: un juez no vinculó a proceso a un marino por la desaparición de José Daniel Trejo García y Gabriel Gáspar Vázquez, al considerar que la FGR no presentó pruebas creíbles y suficientes. Las familias piden investigar la actuación del juez Manuel Perusquia Cabañas y de los demás juzgadores que han intervenido en las liberaciones. Su denuncia de parcialidad y negligencia debe investigarse; no sustituye, por sí sola, la acreditación de esas responsabilidades.
Pero el reclamo no termina en los tribunales. Ahí empieza su dimensión más actual.
Desde junio de 2018, las familias cuentan con medidas cautelares de la CNDH que instruyeron a la Marina a evitar que sus elementos se acercaran a ellas. Aun así, denuncian visitas y patrullajes frente a sus domicilios con vehículos oficiales grises, sin números económicos visibles, y otros blancos de modelo reciente. Si esos hechos se corroboran, la protección habría quedado en papel mientras el hostigamiento circula por la calle.
Las consecuencias alcanzan a los niños. Las madres cuentan que sus hijos entran en crisis nerviosas cuando ven camionetas de la Marina cerca de sus casas, en las plazas o al acudir a sus templos. Temen que se lleven a sus madres y también las desaparezcan. Para esas familias, el uniforme no representa tranquilidad: activa el terror.
Qué protección tan de utilería si una medida cautelar no consigue siquiera que una niña o un niño se sienta a salvo frente a su propia casa.
Por eso, a Sheinbaum le exigen detener de inmediato los actos de molestia y represalia; a Piedra Ibarra, activar la protección y retomar su petición al Tribunal de Disciplina Judicial para investigar a los jueces señalados. No están pidiendo un discurso conmovedor ni otra sesión de paciencia institucional. Están pidiendo que las dejen buscar sin acosarlas y que la justicia deje de ser una promesa aplazada.
Esta es la impunidad en dos tiempos: en pretérito, por las desapariciones que siguen sin una respuesta de justicia para las familias; en presente, por el acoso que atribuyen a elementos de la misma institución señalada por aquellos hechos.
El gobierno actual no puede cambiar cuándo comenzaron las desapariciones. Sí tiene que responder por lo que hace hoy frente a la denuncia de quienes siguen buscando. El calendario no es una coartada: cuando el miedo vuelve a pasar frente a la casa, el agravio no es historia.
Con información: PROCESO/
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