La Fiscalía estatal de N.L encontró indicios de que Cinthia Abigaíl Tamez Rivera mató a su pareja y a sus tres hijos para luego suicidarse, en Montemorelos, horas después de que presuntamente sostuvo una discusión con el hombre y tras haber consumido bebidas alcohólicas.
El alcohol puede ser una pieza importante en la reconstrucción de un hecho violento, pero no un comodín explicativo ni —mucho menos— el verdadero autor del crimen.
Si los peritajes confirman intoxicación, su papel plausible sería el de amplificador: enturbia el juicio, rebaja frenos, estrecha la atención sobre la provocación y vuelve una discusión un terreno más explosivo; no convierte, por sí solo, una pelea en un multihomicidio ni prueba intención, secuencia o responsabilidad penal.
La cerveza y el whisky no jalan el gatillo: a lo sumo, se sientan en la mesa de la tragedia como cómplices químicos de la desinhibición. Eso es lo que deberá establecer la Fiscalía con pruebas periciales, no con la cómoda narrativa de que una discusión regada con alcohol explica por sí misma cinco muertes.
De manera preliminar, la Fiscalía de Nuevo León sostiene que Cinthia Abigaíl Tamez Rivera, conocida como “Cindy” en redes sociales, habría asesinado a su pareja, Leodegario Moya, y a tres de sus hijos, para después suicidarse en Montemorelos. La hipótesis se apoya, según el fiscal general Javier Flores, en la coincidencia del calibre del arma, los casquillos localizados y la reconstrucción de dos escenas: una vivienda en el Fraccionamiento Los Nogales y un Jeep Mojave rojo hallado tres cuadras más adelante, en Los Fresnos.
En esa versión aparece el alcohol: una persona declaró que la pareja había convivido un día antes en vehículos RZR y que bebieron cerveza; durante el cateo, además, fueron localizadas evidencias de cerveza y una botella de whisky. No se encontraron drogas en el domicilio. También está sobre la mesa un “malentendido” o enojo entre la pareja durante la madrugada. Todo eso, por ahora, es contexto investigable; no una explicación científica cerrada ni una sentencia disfrazada de boletín.
El alcohol no instala una voluntad homicida en un cerebro sano como si fuera una aplicación maldita. Lo que hace es más prosaico y, justamente por eso, peligroso: interfiere con los circuitos cerebrales que permiten frenar impulsos, evaluar riesgos, leer correctamente las señales sociales, sostener la atención y pensar en las consecuencias.
La corteza prefrontal —el freno ejecutivo que ayuda a parar, ponderar y no convertir un agravio en una catástrofe— funciona peor bajo intoxicación. Al mismo tiempo, la reacción emocional frente a una amenaza, un insulto o una sospecha puede ganar volumen.
Dicho sin bata blanca: el alcohol puede volver la discusión un cuarto sin ventanas. La persona intoxicada fija la atención en el agravio inmediato, pierde de vista señales que normalmente invitarían a detenerse —el miedo de otros, la posibilidad de irse, la gravedad de una amenaza, las consecuencias legales y humanas— y dispone de menos recursos para cambiar de estrategia. A ese fenómeno se le conoce como “miopía alcohólica”: menos panorama, más impulso; menos cálculo, más reacción.
Pero de ahí a afirmar que el alcohol “se hizo cargo” del multihomicidio hay un salto que la evidencia no permite. La investigación científica es clara en algo incómodo para el relato fácil: el alcohol eleva el riesgo de agresión en algunas personas y circunstancias, pero no en todas. Importan la cantidad efectivamente ingerida, la velocidad de consumo, antecedentes de violencia o impulsividad, acceso a un arma, el contenido y escalamiento de la discusión, posibles crisis previas, rasgos psicológicos, y la secuencia concreta de los hechos. La intoxicación puede desordenar la maquinaria del autocontrol; no la reemplaza con un mandato criminal.
Por eso, si la Fiscalía pretende sostener que el alcohol tuvo relevancia causal, necesitará algo más robusto que latas, botellas y testimonios de convivencia. Harán falta, entre otros elementos, toxicología post mórtem con concentración de alcohol y lectura forense de sus límites; cronología verificable; balística; trayectorias; residuos de disparo; huellas, ADN y teléfonos; análisis de comunicaciones y videos; así como los perfiles psicológicos post mórtem anunciados. Incluso una alcoholemia elevada podría acreditar intoxicación, no explicar automáticamente quién tomó cada decisión, en qué orden ni con qué intención.
El alcohol pudo haber bajado los frenos y la discusión pudo haber encendido la mecha; atribuirles, sin peritajes completos, la autoría moral y material de una masacre sería otra forma de cerrar el expediente antes de abrirlo por completo.
