La presidenta llegó a Culiacán a recetar soberanía, cooperación y amor al pueblo, como si las arengas fueran chalecos antibalas. Pero mientras atribuye la violencia a la “injerencia extranjera”, Sinaloa acumula una factura local, diaria y brutal que ningún discurso de pecho inflado logra borrar: casi 3 mil 900 homicidios, más de 4 mil 400 personas privadas de la libertad y 12 mil 526 vehículos robados desde septiembre de 2024.
En Sinaloa, donde la realidad lleva dos años desmintiendo la propaganda a balazos, la presidenta Claudia Sheinbaum eligió la coartada más cómoda: la violencia, dijo, la provoca la “injerencia extranjera”.
No habló de una estrategia federal que ha convertido los refuerzos militares en rutina de boletín; tampoco del colapso cotidiano que viven familias, comerciantes, transportistas y comunidades enteras atrapadas entre células del Cártel de Sinaloa. Mucho menos de que, bajo el Gobierno de Morena, la entidad sigue pagando con cadáveres, desapariciones y vehículos robados una guerra que el Estado presume combatir sin conseguir contener.
Desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 19 de septiembre de 2026, el saldo no admite maquillaje ni consignas patrioteras: 3 mil 877 homicidios dolosos, un promedio de 5.2 asesinatos al día; 4 mil 424 personas privadas de la libertad, seis diarias; 12 mil 526 vehículos robados, casi 17 al día; 3 mil 970 detenidos y 211 personas abatidas.
Es decir: mientras desde el templete se pide “paz con justicia, libertad y soberanía”, en las calles la contabilidad es otra. Cinco homicidios diarios. Seis levantones diarios. Diecisiete vehículos robados cada 24 horas. Una barbarie administrada con frases huecas y recorridos oficiales.
Sheinbaum sostuvo que su Gobierno no hace política con odio, sino con amor. El problema es que el amor institucional no ha blindado carreteras, no ha devuelto a los desaparecidos, no ha impedido el robo masivo de vehículos ni ha desmontado las redes criminales que gobiernan a tiros amplias zonas del estado.
Y ahí está el fracaso que la retórica pretende esconder: el Gobierno manda convoyes contra una red criminal que se mueve en células, roba automóviles, infiltra información, vigila rutas y desaparece antes de que lleguen los blindados. El Estado exhibe botas; el cártel conserva movilidad, territorio y capacidad para matar.
Sinaloa no necesita otra ceremonia de soberanía para explicar lo inexplicable. Necesita una estrategia que deje de contar soldados, detenidos y decomisos como trofeos administrativos, mientras la población cuenta muertos, secuestrados y despojos.
Porque la injerencia podrá ser una consigna útil para el aplauso. Pero los 3 mil 877 homicidios no los cometió un discurso extranjero. Los cometió una realidad que el Gobierno no ha sabido —o no ha querido— enfrentar,no haciendo lo que puede, sino lo que sea necesario.
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