El Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso nombres, empresas y cargos públicos en el organigrama de Los Mayos. El 29 de septiembre sancionó a 21 personas y 25 entidades vinculadas, según la OFAC, con la red de Ismael Zambada Sicairos, el Mayito Flaco. Entre los señalados está Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. El dato incómodo no es el parentesco: es la acusación de que la influencia política sirvió para abrirle paso al cártel y mantener lejos a las autoridades.
Según el Tesoro, Torres mantenía una alianza con El Ruso, jefe de una facción de Los Mayos que domina la plaza de Mexicali. La dependencia sostiene que Pedro Ariel Mendívil, exdirector de Seguridad Pública municipal, recibía sobornos a cambio de poner a la policía al servicio del grupo criminal; también afirma que Torres recibía pagos mensuales para que el cártel operara con relativa impunidad.
A Luis Alfonso Torres, hermano de Carlos, le atribuye la recepción de esos sobornos y el lavado del dinero mediante empresas y campañas políticas. Si el señalamiento se acredita, no estaríamos ante un narco que burló al gobierno, sino ante una presunta red que encontró quién le cuidara la puerta desde dentro.
La gobernadora había dicho que confiaba en una investigación profunda de la Fiscalía General de la República. Torres, por su parte, desestimó la indagatoria al afirmar que «no se trata de una investigación basada en hechos». Ahora el Tesoro coloca a su exesposo y a su hermano en lo que llama el centro de una trama de narcocorrupción que alcanzó «los más altos niveles» del gobierno estatal.
Y el mapa no termina en Mexicali. La OFAC identifica operadores en Tijuana, casas de cambio, negocios y colaboradores cercanos del Mayito Flaco, mientras Los Mayos siguen en guerra con Los Chapitos.
Las sanciones exhiben la dimensión de la presunta componenda; no sustituyen una condena penal. Pero sí dejan una pregunta que ningún comunicado pulcro debería tapar: si el narco necesitaba protección política y policial para trabajar con esa soltura, ¿quién va a investigar hasta dónde llegó esa protección ?
Con información: Diario Español/ El País/ Pablo Ferri/
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