El Cartel de Jalisco, (CJNG), no solo ha traficado drogas,la extorsión y combustible: también convirtió el turismo de lujo en una trituradora de ahorros para adultos mayores. Y lo hizo mediante una maquinaria de empresas, resorts, falsos abogados, impostores fiscales y documentos apócrifos que, pese a sanciones de Estados Unidos y congelamientos de cuentas en México, siguió cobrando a sus víctimas como si nada hubiera pasado. La evidencia disponible describe un esquema atribuido a esa organización criminal.
El resort como ventanilla de despojo
Una de las prioridades de la Administración Trump para desmantelar al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es pegarle donde realmente le duele: en la caja registradora. No basta con perseguir cargamentos de droga, combustible robado, armas o sicarios; Washington ha identificado que el cártel también construyó una industria de fraude turístico capaz de producir cientos de millones de dólares a costa de ciudadanos estadounidenses y canadienses, particularmente adultos mayores.
Entre 2019 y 2023, el fraude de tiempos compartidos dejó pérdidas superiores a 400 millones de dólares y afectó a más de 6,000 estadounidenses. El dinero, según el Departamento de Justicia estadounidense, no fue a parar a una agencia de viajes particularmente deshonesta, sino al financiamiento de operaciones del CJNG: tráfico de drogas, compra de armas y pago de sobornos.
El 19 de febrero, Washington sancionó una red de 17 empresas en Puerto Vallarta y Nayarit, entre ellas el resort Kovay Gardens, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle. La acusación estadounidense señala al fundador del complejo, Carlos Humberto Rivera Miramontes, de tener un historial de colaboración voluntaria con narcotraficantes, y lo vincula con Michael Ibarra Díaz Jr., identificado como empresario afiliado al cártel y facilitador de la venta de tiempos compartidos a turistas estadounidenses y canadienses que luego terminaban defraudados.
La operación no era sofisticada por su tecnología, sino por su descaro: vender una promesa, cobrar por esa promesa, inventar obstáculos para cumplirla y volver a cobrar por resolver los obstáculos inventados.
La estafa en capítulos
Un tiempo compartido es, en teoría, un derecho de uso vacacional: una semana al año en un hotel o condominio, a cambio de un pago inicial y cuotas anuales de mantenimiento. En la práctica descrita por las víctimas, ese derecho se convierte en anzuelo para vender paquetes nuevos, prometer reventas lucrativas y luego desaparecer con el dinero.
Laura —nombre ficticio— ya tenía tiempos compartidos en otras locaciones y quería deshacerse de ellos. Representantes de Kovay Gardens le ofrecieron una membresía en Nayarit; Blue Point Converters le propuso comprar sus antiguos paquetes. Todo fue empaquetado y firmado el mismo día, como suele ocurrir cuando la urgencia del vendedor es proporcional a la fragilidad del engaño.
Laura pagó cerca de 30,000 dólares por la membresía de Kovay Gardens. A cambio, le prometieron que, tras un año, recibiría más de 100,000 dólares por los tiempos compartidos que supuestamente había vendido. Los documentos fueron entregados por César Cárdenas, representante de Blue Point Converters, y la autorización del resort fue firmada por Arturo Vera.
Pasó el año. Llegaron las excusas. Después, los compromisos de devolver la llamada en siete días. Finalmente, el silencio. Laura comprendió en marzo de 2026 que no había vendido nada: había pagado por entrar a un circuito de fraude. Para entonces, el Departamento del Tesoro ya había denunciado la red asociada a Kovay Gardens.
La historia de Huguill, otra víctima que pidió anonimato, reproduce el patrón: la promesa de intercambiar su participación de tiempo compartido en Estados Unidos por una propiedad en Kovay Gardens, obtener un pago superior al valor estimado o recuperar íntegramente su inversión al cabo de un año. El resultado fue el mismo: ni pago, ni reembolso, ni solución.
Del resort al call center
Las sanciones no detuvieron de inmediato el mecanismo; apenas obligaron a mudar el letrero. Kovay Gardens suspendió sus canales formales de atención, reservas, páginas web y redes sociales después de las medidas de la OFAC y de la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana. Ambas instituciones congelaron cuentas y sancionaron a empresas e individuos ligados al complejo.
Pero el 14 de marzo, miembros del resort recibieron un correo de Kovay Vacations informándoles que los canales y el dominio cambiarían a Selvara Signature Collection, marca vinculada a VG Desarrollos de la Bahía, otra empresa incluida en la lista de sancionados por la OFAC. Es decir: el negocio no desapareció; se reacomodó bajo otra etiqueta.
La segunda fase de la estafa llega disfrazada de rescate. A Jeremiah, otro estadounidense que solicitó reserva de identidad, empresas como Blue Sky Realty —con oficinas en Massachusetts— y Title Escrow Services —con presencia en Memphis— le ofrecieron corregir el supuesto incumplimiento de Blue Point Converters y comprarle su tiempo compartido de Kovay. La oferta rondaba los 100,000 dólares. La condición, como siempre, era pagar antes.
Primero le exigieron poco más de 60,000 pesos, unos 4,000 dólares, para registrarse ante el SAT. El supuesto recibo tenía como beneficiaria a Grupo Comercial Mow S.A.S. de C.V., empresa que, al ser revisada en el Registro Público de Comercio, no aparece legalmente constituida.
Luego le cobraron más de 80,000 pesos, casi 5,000 dólares, por presuntos impuestos estatales vinculados a la transacción en Nayarit. Para respaldar el cobro, le enviaron documentos que simulaban provenir del SAT y del Gobierno de Ciudad de México, no del Gobierno de Nayarit. En ambos aparecía Heriberto Sánchez Esquivel como supuesto representante legal.
La falsificación tenía grietas elementales. Luis Pérez de Acha, abogado especialista en fraudes fiscales, fue tajante: si el inmueble está en Nayarit, el Gobierno capitalino no interviene; el SAT no cobra impuestos estatales; y la papelería federal y la local no se presenta junta como si fueran anexos de una misma dependencia. No era burocracia confusa: eran documentos falsificados.
Bancos falsos, abogados falsos, impuestos falsos
Title Escrow Services también ofreció a Jeremiah crear una cuenta en BBVA México donde, supuestamente, ya estaba depositado el dinero de su inversión. Le enviaron estados de cuenta apócrifos a su nombre y hablaron de una inexistente “cuenta transfronteriza” de una “División Transfronteriza” del banco.
BBVA detectó inconsistencias en esos documentos y precisó que no cuenta con un producto llamado “cuenta transfronteriza”. Aun así, la red le exigió una última transferencia de casi 6,000 dólares —más de 100,000 pesos— para cubrir supuestos impuestos federales y liberar los más de 100,000 dólares prometidos.
La estafa funciona porque jamás reconoce que es estafa. Cada pago se vende como el último trámite: el impuesto, la tarifa inicial, el registro fiscal, la comisión de liberación, el gasto legal, la transferencia internacional. La víctima no solo pierde su dinero; es llevada a pagar para recuperar lo que ya le robaron.
Maxine, otra denunciante que pidió anonimato por temor a represalias, recibió contactos de un supuesto despacho de Monterrey llamado Sander, Meyer y Asociados, que decía representar a Comercializadora del Mar, S.A. de C.V., desarrolladora de Kovay Gardens. La propuesta era casi teatral: más de 200,000 dólares por un “incumplimiento contractual” de Blue Point Converters, con el argumento de mitigar daños reputacionales y resolver rápido la controversia.
Pero los afectados organizados en grupos de Facebook conocen el libreto: despachos con nombres corporativos, promesas de indemnizaciones millonarias y una condición invariable de pago anticipado por aranceles, impuestos o trámites legales. No llegan a indemnizar: llegan a exprimir lo que queda.
También aparecen nombres como Boutique Private Residence Club, con sede en Punta Mita; Philly 1st Real Estate y East Coast Real Estate Investments, ambas supuestamente ubicadas en Filadelfia. El patrón se repite: ofertas de reventa o renta, ganancias extraordinarias, cargos previos obligatorios y ninguna ganancia materializada.
El portafolio criminal
El negocio de los tiempos compartidos exhibe la diversificación criminal del CJNG: una estructura que no depende únicamente de rutas de droga ni de violencia armada. Puede operar resorts, centros de llamadas, redes inmobiliarias ficticias, empresas de cobranza, suplantación de instituciones fiscales, falsificación bancaria y despachos jurídicos de utilería.
No es un fraude periférico ni una travesura de operadores aislados. Las autoridades estadounidenses describen un modelo verticalmente integrado que aprovechó información de propietarios, falsos intermediarios inmobiliarios, sitios web engañosos, telefonistas entrenados y la suplantación de abogados, funcionarios e incluso mandos policiales.
La perversidad del esquema no está solo en haber robado cientos de millones de dólares. Está en haber convertido una aspiración ordinaria —vacacionar, vender una membresía, recuperar una inversión— en combustible para una organización acusada de traficar drogas, comprar armas y pagar sobornos. El tiempo compartido no era el producto: era la trampa.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ANDRES RODRIGUEZ/
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