«TAMBIEN AMERICO: GOBERNADOR de TAMAULIPAS CONTRATA FIRMA LEGAL en EE.UU para NEGOCIAR INFORMACIÓN a CAMBIO de IMPUNIDAD»…al estilo Marina del Pilar.

En octubre de 2025 circuló el trascendido: que Americo Villarreal Anaya,aun gobernador de Morena en Tamaulipas, habría buscado convertirse en informante de autoridades estadounidenses para salir del radar, aunque fuera poniendo en la mira a propios y extraños. Ocho meses después, Los Angeles Times y enseguida The New York Times, reportaron —con base en fuentes anónimas conocedoras del caso— que el gobernador de Tamaulipas estaría bajo investigación estadounidense relacionada con contrabando de combustible y que habría ingresado a Estados Unidos mediante un programa de «parole» asociado a la cooperación con autoridades, vulgo informante.

Villarreal Anaya, negó entonces cualquier irregularidad y calificó las versiones de falsas y sin sustento, aunque la información era consistente con lo publicado por otros medios nacionales.

Que dice la nueva del@ción:

«We recognize the value of Valor Tamaulipeco and its commitment to impartiality. Therefore, we would like to inform you that we are aware that, like the governor of Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, the governor of Tamaulipas, Américo Villarreal, has hired a law firm here in the United States to carry out proceedings before federal authorities.

Through this intervention, he is insisting on recovering his visa in exchange for providing more information, including information about people close to him and the organized crime groups with which he has allegedly had dealings involving smuggled hydrocarbons.

The governor is seeking, at all costs, to provide sensitive security-related information so that U.S. authorities will change his current status from that of a person under investigation to that of a close collaborator.

La traducción: 

Reconocemos el valor de Valor Tamaulipeco y su compromiso con la imparcialidad. Por ello, queremos informarle que tenemos conocimiento de que, al igual que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, ha contratado a un despacho de abogados aqui en Estados Unidos para realizar gestiones ante autoridades federales.

Con esta intervencion  insiste en recuperar su visa a cambio de proporcionar mas información , incluso de personas cercanas a él y el crimen organizado con el que ha tenido tratos en el tema de hidrocarburos de contrabando.

El gobernador busca, a toda costa, entregar información sensible en materia de seguridad para que las autoridades estadounidenses modifiquen su actual estatus de persona investigada a un colaborador cercano.

Aunque contratar un despacho en EE.UU., asi sea con cargo al erario de Tamaulipas, no viola por sí mismo la Ley de Seguridad Nacional en México, reformada por Andrés Manuel López Obrador y publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2020, la situación cambia si se acredita que Américo Villarreal, en su calidad de gobernador, sostiene comunicaciones o entrega información a agentes extranjeros fuera de los cauces legales.

El artículo 70 abre la puerta a responsabilidades administrativas o penales y obliga a reportar esas comunicaciones a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana dentro de los tres días siguientes.

¿Despacho jurídico o ventanilla de cooperación?

No es la primera vez que el gobernador, de moral laxa, recurre a recursos públicos para pagar abogados y despachos; lo mismo hizo en México en 2023.

La ecuación se torna aun mas delicada, cuando el gobernador contrata y utiliza una firma legal en Estados Unidos para negociar con autoridades federales de aquel país, pues detrás del membrete hay una gestión para entregar información, negociar beneficios personales y construir una salida política ante autoridades extranjeras. No estamos ante una simple asesoría jurídica: estamos ante un problema de rendición de cuentas, soberanía y legalidad.

Porque Tamaulipas no puede gobernarse con dos ventanillas: una para los discursos de plaza pública pletóricos de humanismo y transformación y otra, en secreto, para las oficinas federales de Washington. Mucho menos cuando el operador es el jefe del Ejecutivo estatal, depositario de información pública sensible y responsable político de una entidad fronteriza atravesada por el crimen organizado y el contrabando de hidrocarburos del que ha sido sobradamente su aliado.

La pregunta no es si un gobernador tiene derecho a contratar abogados. Lo tiene. La pregunta es otra: ¿ese despacho representa una defensa jurídica transparente o sirve de intermediario para una cooperación personal, clandestina y políticamente utilitaria con autoridades de EE.UU ? Y si hubo intercambio de información, ¿qué se entregó, a quién, en qué calidad y con qué autorización?

La Ley de Seguridad Nacional no fue escrita para que los gobernadores jueguen a ser emisarios particulares ante gobiernos extranjeros. Su artículo 70 ordena que los servidores públicos estatales se sujeten a reglas específicas en su relación con agentes extranjeros y reporten a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en un plazo de tres días, cualquier reunión, comunicación o intercambio de información con ellos. La omisión puede generar responsabilidad administrativa o penal. 

Desde luego, un correo electrónico basado en un trascendido —incluso de aquellos que poco después suelen confirmarse— no basta para decretar culpabilidad. Pero una negación de boletín tampoco basta para sepultar una duda de interés público.

Los Angeles Times sostuvo que Villarreal había perdido su visa en el marco de una investigación y que viajaba bajo un esquema de Significant Public Benefit parole que el periodista Claudio Ochoa explica con sobriedad; el mandatario lo negó públicamente. Esa contradicción exige documentos, fechas, respuestas oficiales y una explicación verificable, no propaganda.

Si Américo Villarreal esta negociando con EE.UU,como advierte la infidencia muy probablemente interna,esta buscando protegerse a costa de delatar al resto como lo dimos a conocer en 2025,mucho antes que L.A Times y The NYT.

Y si de trascendido se trata: en enero de 2023 dimos a conocer otro que, años después, se convirtió en escándalo: Américo Villarreal, recién llegado al cargo de gobernador y en medio de acusaciones de ligas con el crimen organizado, incluso en informes del ejercito, había nombrado como uno de sus principales asesores a Juan Pablo Penilla, abogado del capo Miguel Angel Treviño alias El Z-40″ e integrantes de Los Zetas y del Cártel del Noreste. De tal suerte que no se puede minimizar ni soslayar que la agenda de delaciones AVAnza más rápido que la exposición formal del escándalo.

Con información: em@il: Valortamaulipeco@proton.gmail.com/ Medios