Tras el retiro de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Presidenta Claudia Sheinbaum acusó que esa medida tiene un propósito político y busca interferir en los asuntos de México.
La Mandataria afirmó que las sanciones contra personas políticamente expuestas no responden a un criterio parejo en los países de América Latina ni están sustentadas en pruebas.
«Son búsquedas de interferir, de haber injerencia en la política mexicana y no debe ser así. Debe haber una relación de respeto mutuo».
Pero la acusación de “injerencia” que hace la Presidenta no se sostiene: Estados Unidos no está eligiendo autoridades mexicanas, dictando sentencias ni modificando leyes nacionales. Está decidiendo —como cualquier Estado soberano— a quién admite en su propio territorio.
Qué curiosa manera de entender la soberanía: cuando México decide quién entra a su territorio, se llama control migratorio; cuando Estados Unidos cancela una visa, entonces resulta que es una conspiración imperial para alterar la política mexicana.
No.Retirar una visa no es un golpe de Estado, ni una invasión, ni una urna intervenida desde Washington. Es una decisión administrativa de Estados Unidos sobre el acceso a Estados Unidos. La visa no es un derecho adquirido por el portador, mucho menos una credencial hereditaria que incluya inmunidad por apellido, parentesco o cercanía con el poder.
Claudia Sheinbaum dice que la medida contra Andrés Manuel López Beltrán tendría un “sentido político” y constituiría una interferencia. Pero conviene aterrizar el concepto: injerencia sería que un gobierno extranjero pretendiera ordenar a México a quién investigar, a quién postular, qué leyes aprobar o qué decisiones tomar en Palacio Nacional. Negar el ingreso a su propio país, en cambio, es ejercer una facultad soberana. Exactamente la misma que México invoca cuando rechaza el ingreso de personas extranjeras.
La exigencia de que Washington presente pruebas ante la Fiscalía General de la República también confunde dos asuntos distintos. Si Estados Unidos acusa formalmente a alguien de un delito cometido en México, claro que debe aportar elementos y seguir los canales de cooperación judicial correspondientes. Pero una visa no equivale a una condena penal. Para retirar un permiso de entrada no hace falta organizar un juicio público en México, pedir permiso a Morena ni entregar un expediente a modo para el aplauso de la conferencia mañanera.
Y ahí está el fondo del berrinche: no incomoda la supuesta violación a la soberanía; incomoda que el filtro haya tocado a alguien del círculo familiar y político del expresidente. Porque cuando el poder habla de “pruebas”, suele exigirlas con un estándar olímpico para los suyos y tratarlas como un detalle prescindible cuando se trata de señalar adversarios.
Que Estados Unidos decida quién cruza su frontera no determina quién gobierna México. Lo decide el electorado mexicano. Pretender que la cancelación de una visa es una agresión contra la democracia nacional es inflar un trámite migratorio hasta convertirlo en melodrama patriótico.
La soberanía no consiste en exigir que otro país entregue visas por simpatía política. Consiste en que México haga valer sus instituciones, investigue cuando corresponda y deje de confundir los privilegios de una élite con los derechos de la República.
Con información: ELNORTE/
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