En México, el gobierno puede presumir que bajó el homicidio doloso, pero la violencia tiene la irritante costumbre de no obedecer al boletín de prensa. El país registra una reducción reciente de la violencia letal, sí; pero viene después de una década de ascenso y, al primer semestre de 2026, la tasa nacional todavía se encuentra 26.1% arriba de la registrada en 2015. No es pacificación: es, en el mejor de los casos, una tregua estadística todavía bajo observación.
La trampa está en medir el desastre con una sola regla. El homicidio doloso bajó, pero crecieron de forma alarmante los “otros delitos contra la vida”, las desapariciones y los feminicidios.
Es decir: menos cadáveres en una casilla no implica necesariamente menos violencia en el territorio. El crimen también se transforma, se oculta, cambia de etiqueta y encuentra maneras más sofisticadas de desaparecer a sus víctimas del conteo cómodo.
Tamaulipas ofrece una postal incómoda de esa realidad. Su tasa de violencia letal es de 22.6 víctimas por cada 100 mil habitantes, apenas por encima del promedio nacional de 22.1.
En el último año, el incremento fue marginal, de apenas 0.09 puntos; una cifra que permitiría a cualquier funcionario sacar pecho sin siquiera despeinarse. Pero la lectura seria exige más que celebrar decimales.
En homicidio doloso, Tamaulipas registra una tasa de 2.6, claramente por debajo de la media nacional de 6.7. Además, frente a 2015, redujo ese indicador en 10.5 puntos de tasa y disminuyó la violencia letal total en 9.3 puntos.
Son datos relevantes y no deben minimizarse aunque no son resultados de ningun acto de autoridad, sino de la presión ejercida por EE.UU que apenas iniciaba y narcos ya paraban.
Sin embargo, incluso en este escenario, los otros componentes de la violencia letal aumentaron 1.1 puntos, mientras los llamados “otros delitos contra la vida” crecieron 5.8 puntos.
La conclusión no es que Tamaulipas esté peor que hace una década; es más precisa y menos complaciente: mejoró en el indicador que más se presume, pero persisten señales de una violencia que se mueve por debajo de la alfombra.
El problema nacional es exactamente ése. México no enfrenta una violencia uniforme ni una solución uniforme. Morelos, Colima, Baja California, Quintana Roo y Sinaloa concentran las tasas más altas; Colima y Morelos incluso empeoraron durante el último año sobre niveles ya escandalosos. Pero la crisis no se limita a esos estados: se distribuye en focos territoriales, con dinámicas distintas y respuestas institucionales que parecen diseñadas para la foto regional, no para la realidad local.
Y luego está el otro acto de magia: atribuir la reducción de homicidios a los operativos federales como si detener personas, decomisar armas y destruir laboratorios fuera prueba automática de que se redujo la violencia por esa causa.
El análisis disponible no encuentra una relación consistente y sostenida entre esas acciones y la caída posterior de los homicidios. El gobierno actúa, sobre todo, donde la violencia ya está alta; llegar al incendio con una cubeta no demuestra que la cubeta apagó el fuego, mucho menos cuando nadie publica todos los datos para comprobarlo.
Tamaulipas, por tanto, no debería ser presentado como paraíso recuperado ni como infierno intacto. Es un caso que obliga a abandonar la propaganda de brocha gorda: hay una reducción importante en homicidio doloso y en violencia letal total respecto de 2015, pero también una persistencia de formas de violencia que el discurso oficial suele mandar al sótano de las estadísticas y donde la entidad, vergonzosamente, es subcampeona nacional.
La paz no se acredita porque una gráfica baje. Se acredita cuando bajan todas las formas de violencia, cuando las desapariciones dejan de crecer, cuando los delitos contra la vida no se esconden en categorías residuales y cuando las autoridades pueden demostrar —con datos públicos, completos y verificables— qué hicieron, dónde lo hicieron y por qué funcionó.
Lo demás es una ceremonia de aplausos frente a una hoja de cálculo.
Con información: MEXICO EVALUA/
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