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sábado, 15 de agosto de 2026

“MICHOACÁN, ¿ESTÁ en CUBA?: GOBERNADOR pide DOCENA de AÑOS de CÁRCEL para ACTIVISTA que PROTESTÓ por ASESINATO de MANZO”… primos del mandatario están presos en EE. UU. por narcos.


En Michoacán parece que el Estado gobernado por Morena y Alfredo Bedolla, ya encontró la fórmula mágica para combatir la violencia: no atrapar a los criminales que tienen al estado incendiado, sino pedir 12 años de cárcel para quien salió a protestar porque asesinaron a un alcalde, donde Morena esta claramente implicada.

Raúl Meza Abonce, de 27 años, participó en las movilizaciones tras el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. Ahora, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla pretende tratarlo como si fuera el cerebro criminal del Cartel de Jalisco o los primos del mandatario en custodia por narcos en EE.UU: le atribuye un “plan común”, “división de funciones” y una operación colectiva para atacar el Palacio de Gobierno. Porque, al parecer, ondear una bandera desde un balcón es más urgente de perseguir que la violencia que mantiene a Michoacán de rodillas.

La administración estatal no se conforma con solicitar más de una década de prisión y suspenderle sus derechos políticos: además reclama una reparación de 1.37 millones de pesos por daños al edificio gubernamental. Es decir, el mensaje oficial parece ser: si te indignas porque matan a un presidente municipal de los que ya van 14 bajo el gobierno de Sheinbaum, prepárate para que te cobren hasta los vidrios, las puertas y quizá el aire acondicionado. 

La defensa sostiene que la acusación es desproporcionada y que Meza fue colocado en la mira por ser uno de los rostros visibles de la protesta. El gobierno, por su parte, afirma que no fue una manifestación legítima, sino una acción violenta y coordinada que afectó el funcionamiento institucional. Será el Poder Judicial quien determine responsabilidades, pero el contraste es brutal: ante una sociedad harta de asesinatos e impunidad, el aparato estatal parece mostrar una eficacia formidable… cuando se trata de castigar el enojo ciudadano.

Qué tranquilidad saber que, mientras Michoacán se desangra, el gobierno tiene claras sus prioridades: convertir la protesta en expediente penal y la indignación en una factura millonaria.

Con información: ELIA CASTILLO/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/

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