El robo de combustibles en México ya no consiste únicamente en perforar un ducto de Pemex a escondidas, llenar bidones y salir corriendo antes de que llegue una patrulla —si es que llega. El negocio evolucionó: pasó de la ordeña artesanal a una industria con instalaciones, tanques, tuberías, motobombas, sistemas de calentamiento y áreas para separar hidrocarburos. En otras palabras, el huachicol dejó el cubetazo para ponerse casco, chaleco y razón social.
Las llamadas minirrefinerías clandestinas operan a la vista de todos, incluso junto a carreteras transitadas y cuarteles de la Guardia Nacional.
No son precisamente una aguja en un pajar: requieren infraestructura pesada, personal técnico, inversiones millonarias y una logística que difícilmente cabe en la cajuela de un Tsuru,ademas de protección gubernamental de todos niveles.
Aun así, para las autoridades parecen tener el superpoder de la invisibilidad.
Los aseguramientos de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos exhiben el tamaño del fenómeno.
Se han encontrado instalaciones capaces de almacenar y procesar miles de litros de combustible; sin embargo, hay un detalle incómodo que se repite con admirable puntualidad burocrática: se aseguran predios, maquinaria y producto, pero no aparecen detenidos. El combustible tiene dueño, operador, transportista y comprador; lo único huérfano, al parecer, es el responsable penal.
En San Luis Potosí, una de las instalaciones aseguradas operó durante años con permisos para producir biocombustibles, hasta que el negocio tomó un giro más lucrativo —y bastante menos ecológico— hacia el procesamiento de hidrocarburos vinculados al crimen organizado. Porque en México hasta una planta “verde” puede terminar refinando la impunidad.
El modelo también se alimenta del llamado huachicol fiscal: combustibles que entran al país con documentos falsos, precios subvaluados o disfrazados de aceites, aditivos y otros productos para evadir impuestos. Después se almacenan, se mezclan con combustible robado de ductos, se procesan y pueden terminar hasta en estaciones de servicio. Un fraude con cadena de suministro, presentación corporativa y, posiblemente, factura.
El caso de Reynosa resume el disparate nacional: una instalación con capacidad para procesar miles de barriles diarios habría operado durante cuatro años a apenas 1.5 kilómetros de una base de la Guardia Nacional y era visible desde el Libramiento Reynosa Sur II. No estaba en una cueva, debajo de una montaña ni camuflada como piedra volcánica; estaba, literalmente, cerca de quienes tendrían que detectarla.
Con información: ELNORTE/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: