Sinaloa no sólo cuenta muertos: también baja cortinas, despide trabajadores y aprende a vivir con el miedo como si fuera parte del paisaje. A punto de cumplir dos años, la estrategia federal con componente militar ha producido capturas intermitentes en medio de una crisis que se administra por episodios, pero se padece todos los días.
Cualquier plan que se digne de serlo tendría que pasar, forzosamente, por la disminución de las tres principales violencias: levantones, ejecuciones y despojos. Y eso no ha ocurrido.
Sinaloa: casi dos años de guerra, cinco mil negocios menos y un gobierno que sigue sin enterarse
El próximo 9 de septiembre se cumplen dos años desde que Sinaloa entró en una crisis de violencia que el gobierno ha intentado atender a golpe de operativos, capturas mediáticas y comunicados tranquilizadores del estratega Omar García Harfuch, quien no sólo ha sido incapaz de contenerla, sino que la ha maquillado.
El resultado, sin embargo, está a la vista: 3 mil 724 homicidios dolosos, 4 mil 303 personas privadas de la libertad, más de 12 mil vehículos robados, cinco mil empresas cerradas y 27 mil empleos formales perdidos. Una especie de “normalidad” sinaloense que no tiene nada de normal.
Mientras las autoridades parecen medir el desastre por la cantidad de detenidos que pueden anunciar cada cierto tiempo, la sociedad mide otra cosa: negocios quebrados, calles vacías, familias que dejan de salir, empresarios extorsionados y una economía que se desangra lentamente. En promedio, durante este periodo, Sinaloa ha registrado más de cinco homicidios y seis privaciones de la libertad cada día. No es una racha; es una crisis estructural.
Por eso, la protesta frente al Palacio de Gobierno no era sólo contra el relevo político que viene tras la salida de Rubén Rocha Moya.
Era contra la pretensión de cambiarle el nombre al escritorio y venderlo como solución. “¡Fuera el rochismo!”, gritaban empresarios, activistas y ciudadanos que ya entendieron que no basta retirar a un gobernador si se conserva intacto el grupo, la lógica y la red de intereses que, acusan, ayudaron a hundir al estado.
La exigencia es elemental, aunque en Sinaloa parezca revolucionaria: que el gobernador interino no sea una extensión de Rocha, que se renueve el gabinete y que Claudia Sheinbaum deje de tratar al estado con remedios de temporada. Porque no se necesita otro desfile de funcionarios prometiendo coordinación mientras el comercio cierra, la agricultura se tambalea y la gente calcula si vale la pena salir de casa.
Coparmex ha puesto cifras a lo que la calle ya sabía: la violencia no sólo mata personas; también mata negocios, empleos, inversión y futuro. Más de cinco mil empresas cerradas no son una estadística para boletín: son miles de familias sin ingreso, emprendedores endeudados y colonias enteras perdiendo actividad económica.
Y aun así, apenas poco más de 200 personas llegaron a protestar. La lluvia dispersó a algunos, pero el miedo —ese que nadie necesita explicar— probablemente hizo el resto. Manuel Clouthier lo resumió con brutalidad: al gobierno hay que presionarlo para que actúe. El problema es que en Sinaloa la indignación todavía compite contra el temor, y el temor suele llegar mejor armado.
El reclamo de fondo no es por un gobernador de laboratorio ni por un salvador de ocasión. Se pide a alguien sin ligas con el rochismo, sin nexos con el crimen y con capacidad de sentarse frente a una sociedad que ya no quiere discursos de estabilidad mientras vive en la inestabilidad permanente.
Sinaloa necesita un plan de rescate integral, no otra colección de capturas intermitentes para alimentar conferencias mañaneras. Seguridad, reactivación económica, apoyo al campo, protección al comercio, atención a víctimas y reconstrucción institucional. Lo demás es seguir administrando el colapso hasta que ya no quede nada que rescatar.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: