Michoacán ya tenía más de 10 mil elementos del llamado Plan Michoacán, pero al parecer la fórmula federal para enfrentar la extorsión, el control criminal y la inseguridad es muy sencilla: cuando algo no funciona, se le agregan otros mil 557 uniformados y se anuncia como si acabaran de descubrir la pólvora.
Ahora mandan 657 elementos de la Guardia Nacional y 900 del Ejército para custodiar huertas, empacadoras y rutas de exportación de aguacate. Porque, claro, después de años de cobro de piso, amenazas y dominio criminal sobre productores y transportistas, lo que faltaba era una nueva fotografía del despliegue militar. No resultados: más botas.
La verdadera alarma no la encendió el sufrimiento cotidiano de los michoacanos ni la asfixia de los productores mexicanos. Se activó cuando Estados Unidos suspendió inspecciones para la exportación. Ahí sí apareció la urgencia institucional: había que blindar el aguacate, proteger la cadena comercial y garantizar que el fruto verde siguiera cruzando la frontera sin sobresaltos. Para el ciudadano común, en cambio, queda el consuelo de saber que vive en un estado “reforzado” por enésima ocasión.
La pregunta es elemental: si con más de 10 mil efectivos no se logró frenar la extorsión ni recuperar el control de rutas y regiones enteras, ¿qué cambiarán exactamente mil 557 más? ¿Habrá una estrategia distinta, inteligencia financiera, detenciones de mandos criminales y desmantelamiento de redes de complicidad? ¿O sólo se trata de aumentar la cifra para que el boletín parezca contundente ?
Porque Michoacán no necesita una calculadora militar para sumar tropas; necesita una política de seguridad que reste impunidad. Mientras el gobierno siga confundiendo despliegue con solución, el crimen seguirá cobrando cuotas y el Estado seguirá cobrando aplausos por mandar refuerzos a una guerra que, con tanto uniforme y tan pocos resultados, parece administrada para no terminar nunca.
Con información: ELNORTE/
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