En México ya no desaparece la gente: se “administra” su ausencia. La cifra —135,356 personas no localizadas— dejó de ser escándalo para convertirse en telón de fondo, como si fuera parte del paisaje institucional. Y en ese paisaje, Jalisco no es excepción: es podio.
Tercer lugar del “levantón nacional”, sólo detrás de Tamaulipas, entidad que aún gobierna Américo Villarreal —un maleante en modo gobernador bajo color guinda—, y del Estado de México, según el propio registro oficial que el gobierno prefiere mencionar en voz baja.
El caso reciente de seis jóvenes desaparecidos entre Puerto Vallarta y Guadalajara no irrumpe: confirma.
El 25 de junio, Flor Yoselin Espinoza Contreras, de 18 años; José Israel Ramos Mejía, de 17; y Elvira Monserrat Guzmán Mascorro, de 14 años mientras esperaban el transporte público para ir a su graduación.
Mientras tanto, el 30 de junio en Guadalajara desaparecieron Justhin Enrique Torres Sandoval, de 15 años; Jórdan Isaac García López, de 14; y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, de 14 años, tras asistir a su graduación en la Secundaria Técnica 113.
La Fiscalía habla de “posible reclutamiento del crimen organizado”, una fórmula que suena técnica pero traduce algo más crudo: el narco ya no sólo mata, también recluta como si fuera empleador de facto en territorios donde el Estado llega tarde o no llega. El eufemismo sirve para maquillar lo evidente: hay regiones donde la autoridad compite —y pierde— frente a estructuras criminales que operan con lógica empresarial.
Según la Fiscalía estatal los tres adolescentes comentaron a uno de sus compañeros que serían llevados a trabajar a la sierra durante tres meses y más tarde la madre de uno recibió un mensaje pidiendo que orara por ellos.
Jalisco, que presume turismo, inversión y marca global, también exporta una normalización peligrosa: la desaparición como riesgo cotidiano. El contraste es obsceno. Mientras se venden postales de playas y tequila, se multiplican las fichas de búsqueda. Dos realidades que coexisten sin tocarse, salvo cuando algún caso logra romper el cerco mediático.
El problema no es sólo la violencia; es la narrativa oficial que la domestica. Se habla de “hechos aislados”, de “investigaciones en curso”, de “líneas abiertas”. Pero el patrón es consistente: jóvenes, rutas específicas, indicios de reclutamiento, silencio posterior. La repetición ya no admite excusas administrativas.
Si algo revela este tercer lugar es una jerarquía incómoda: no de progreso, sino de ausencia del Estado. Y en esa tabla, subir posiciones no es competir; es fallar.
Con información: EL UNIVERSAL/ SNPDNLO/
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