Seis mujeres muertas en 90 días dentro de una cárcel de la Ciudad de México y la versión oficial suena a trámite burocrático: suicidio, causas naturales, complicaciones médicas. Como si la muerte en serie pudiera archivarse con etiquetas clínicas y un sello institucional. Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa, no es un hospital ni un asilo; es una prisión bajo custodia del Estado. Y aun así, seis internas —Rosa, Vanessa, Viridiana, María Elena, Mónica Valeria y Diana Laura— salieron de ahí en bolsas negras mientras la autoridad explica que todo fue, básicamente, mala suerte.
Las cifras son frías, pero los nombres no: dos asfixias, una broncoaspiración, una acidosis metabólica, una hipertensión maldita y una insuficiencia renal. Traducido: una colección de muertes que, juntas, dejan de parecer coincidencia y empiezan a oler a sistema. En redes, sus rostros circulan editados por familiares que no compran la versión oficial. Ninguna aparenta siquiera rozar los 60 años. Ninguna parece parte de una estadística inevitable.
El caso que más incomoda es el de Diana Laura: a días de recuperar su libertad, murió en lo que la autoridad llamó suicidio. Porque claro, nada más lógico que quitarse la vida justo cuando estás por salir. Otro caso también entra en esa cómoda categoría. Y todos, sin excepción, fueron “notificados” al Ministerio Público, como si el acto de avisar fuera sinónimo de investigar.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que no suele encender alarmas por deporte, recibió seis quejas y decidió mirar más de cerca. Traducción: algo no cuadra. Hablan de posibles responsabilidades, de factores de riesgo, de condiciones estructurales. Lenguaje técnico para decir que tal vez el problema no es que seis mujeres decidieran morir, sino que el sistema les facilitó el camino.
Casualmente —porque en México todo es casualidad—, días después de que se anunciara la investigación, la subdirectora operativa del penal, Yéssica López Avilés, dejó el cargo. Motivos personales, dicen. Nada que ver con seis muertes bajo su gestión. Pura coincidencia administrativa.
El problema es más grande que Santa Martha. En México hay unas 16 mil mujeres privadas de la libertad, apenas el 6% de la población penitenciaria, hacinadas en espacios diseñados para hombres. Módulos pequeños, servicios deficientes, sobrepoblación como norma. En 2023, once mujeres murieron por suicidio en el Cefereso 16, una prisión federal que operaba sin atención médica ni de salud mental. Pero el discurso oficial insiste en que cada caso es aislado, casi anecdótico.
Y no es como si nadie hubiera avisado. Desde 2019, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ya había detectado condiciones en Santa Martha que podían derivar en tratos crueles, inhumanos o degradantes. Veinte recomendaciones después, el resultado es este: seis mujeres menos y un sistema que sigue funcionando exactamente igual.
Porque en el fondo, el mensaje es claro: el Estado te encierra, te administra y, si mueres en el proceso, lo más probable es que lo llame “incidente”. Y siga adelante.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/VERONICA M. GARRIDO/
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