En Sinaloa no hace falta reformar el Poder Judicial: basta con revisar el árbol genealógico de Enrique Inzunza. El senador morenista, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, no solo conoce los pasillos del Supremo Tribunal de Justicia… prácticamente los heredó
Antes de dar el salto al gabinete de Rubén Rocha —otro nombre que ya también figura en el radar de la justicia estadounidense y que, convenientemente, pidió licencia—, Inzunza se formó durante 25 años dentro del tribunal sinaloense, donde no solo hizo carrera: hizo estructura. Fue presidente en tres ocasiones, tiempo suficiente para entender que el poder judicial, bien administrado, puede convertirse en asunto familiar.
Y así ocurrió.
El mapa es digno de una empresa dinástica, no de una institución que presume autonomía. Su hermana Aída despacha como magistrada electoral; Lorena, otra hermana, es jueza civil; y Javier, el hermano, opera como secretario de acuerdos. Por si faltaba equilibrio institucional, su esposa, Claudia Meza, también es magistrada civil. El control no se delega: se reparte entre consanguíneos.
La red se extiende con precisión quirúrgica. Su sobrina, Diana Elide Iribe Cázarez, resuelve asuntos familiares desde un juzgado; su prima, Yarely Valdez Inzunza, administra el seguimiento de causas y la atención al público —es decir, controla la puerta de entrada al sistema—. Y como en toda buena estructura, también hay control financiero y territorial: Emilio Cázares maneja la contabilidad, mientras Iliana Cázares dirige la Región Norte.
Todo queda en casa. Literalmente.
El problema no es solo el evidente nepotismo, sino el contexto: Inzunza forma parte de un grupo de 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados por autoridades estadounidenses de colaborar con “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, presuntamente facilitando operaciones a cambio de sobornos. No es una acusación menor; es la clase de señalamiento que, en cualquier sistema mínimamente funcional, detonaría investigaciones inmediatas y separación del cargo.
Pero Sinaloa juega con otras reglas.
Porque mientras el gobernador Rocha, el alcalde de Culiacán y el vicefiscal optaron por pedir licencia tras el escándalo, Inzunza sigue en su escaño, intacto, como si las acusaciones fueran ruido de fondo y no un cuestionamiento frontal a la integridad del Estado.
Al final, la pregunta no es si el Poder Judicial en Sinaloa está comprometido. La pregunta es más incómoda: ¿cuánto del aparato institucional está diseñado para funcionar como red de protección y no como sistema de justicia?.
Con informacion: ELNORTE/
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