Entre declaraciones patrimoniales que parecen redactadas con tinta invisible para la fracasada Unidad de Inteligentes Financieros (UIF), Enrique Díaz Vega convirtió su paso por la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa en algo más parecido a un sprint inmobiliario que a un encargo público.
En menos de tres años bajo el gobierno de Rubén Rocha Moya, el ahora exfuncionario no solo administró las finanzas estatales: administró, sobre todo, su propio portafolio. Diez propiedades nuevas, la mayoría pagadas de contado —porque al parecer la austeridad republicana no aplica cuando uno pasa por caja— y un crecimiento inmobiliario que rebasa los 18 millones de pesos según sus propias declaraciones, esas que curiosamente no distinguen entre valor catastral o comercial. Un detalle menor cuando se trata de inflar o maquillar cifras.
El calculo tampoco es casual. Apenas unos meses después de asumir el cargo, Díaz Vega ya estaba firmando escrituras como si fueran acuerdos de gabinete. En 2022 arrancó con terrenos modestos —670 mil, 1.09 millones— para luego escalar rápidamente a locales comerciales por más de 3.6 millones y cerrar el año con un terreno de más de 36 mil metros cuadrados por apenas 1.65 millones. Gangas dignas de estudio… o de auditoría.
Para 2023, el ritmo no bajó: casa nueva por casi 3 millones, terrenos en serie y, como plato fuerte, dos predios adquiridos a Kyara S.A. de C.V. por más de 7.7 millones. Todo esto mientras mantenía vínculos empresariales bastante convenientes: operaciones con compañías donde él mismo tenía participación o control, como Housesin Desarrollos, donde su tajada accionaria creció discretamente del 28 al 38 por ciento durante su gestión. Negocio redondo: desde el escritorio público hasta la escritura privada.
El resultado: un inventario personal de 44 propiedades con valor declarado de 128.9 millones de pesos. Nada mal para alguien que, en teoría, estaba ahí para cuidar el dinero de otros.
Pero el capítulo inmobiliario palidece frente a lo que asoma en el expediente judicial en Estados Unidos. Díaz Vega no solo aparece como empresario próspero, sino como presunto operador político-criminal. La acusación en una Corte de Nueva York lo coloca, junto con Rocha Moya y otros funcionarios, en una supuesta red de colusión con “Los Chapitos”. ¿El servicio? Facilitar operaciones del cártel a cambio de sobornos y apoyo electoral.
Según la acusación, el entonces secretario no se limitó a reuniones protocolarias: habría entregado listas de opositores con direcciones incluidas para que el cártel hiciera el “trabajo de campo”. Democracia asistida, versión Sinaloa.
Mientras tanto, del otro lado de la frontera, el Departamento de Justicia ya le echó ojo a sus inversiones: cuentas en PNC Bank, en Pittsburgh, y en Alterna Securities en Houston podrían terminar bajo decomiso. Curiosamente, como suele pasar en estos casos, los montos exactos siguen en la penumbra, igual que otras 15 cuentas en México repartidas entre BBVA, Actinver, Banamex y compañía.
La pregunta incómoda no es cuánto acumuló Díaz Vega, sino cómo un funcionario con ese ritmo de enriquecimiento y ese nivel de señalamientos pasó —según todo indica— sin activar las alarmas del sistema antilavado. Porque aquí no estamos hablando de movimientos sofisticados escondidos en paraísos fiscales: hablamos de propiedades, empresas propias y operaciones a plena luz del día.
Pero en México, ya se sabe, hay fortunas que no hacen ruido… aunque compren medio Sinaloa en el proceso.
Con informacion: ELNORTE/
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