EEl gobierno federal lleva un año rifándose 92 capos “de alto impacto” en vuelos VIP rumbo a Estados Unidos, pasando por encima de amparos, formalidades y hasta la Constitución, pero cuando Washington pide la cabeza política de un gobernador morenista, entonces sí, de pronto en Palacio descubren que existe el “principio de soberanía” y todos se vuelven garantistas selectivos.
La alfombra roja de las extradiciones
En menos de un año, el gabinete de seguridad ha organizado tres tandas de entregas masivas de narcos: 29, luego 26 y la masa reciente de 37, para un total de 92 criminales de “alto perfil” enviados a cortes gringas como si fueran mercancía en liquidación de fin de sexenio ampliado.
Entre ellos iban figuras como Rafael Caro Quintero, los Treviño Morales (Z‑40 y Z‑42) y otros veteranos del catálogo del terror que México no quiso o no pudo procesar a fondo en su propio territorio.
Todo eso se justificó bajo el paraguas mágico de “riesgo para la seguridad nacional”, una etiqueta que sirve lo mismo para blindar decisiones opacas que para brincarse la esencia del tratado de extradición: proceso, pruebas, defensa y respeto a los amparos que, en el papel, son el único muro entre el ciudadano y el capricho del Ejecutivo.
En la práctica, la extradición se volvio trámite administrativo adornado con discursos patrióticos, mientras los jueces emitian opiniones que Relaciones Exteriores usa como papel tapiz para que la Casa Blanca esté contenta.
La Seguridad Nacional a modo
La Ley de Extradición Internacional y la Ley de Amparo dicen clarito que el procedimiento debe ajustarse al tratado y que el juicio de amparo es la vía para controvertir una extradición, incluso con plazos ampliados porque está en juego la libertad y la jurisdicción del Estado mexicano.
Pero cuando el acusado es capo ligado a Morena pero sin cargo oficial y el vecino del norte trae prisa, la interpretación se vuelve elástica: todo encaja en “seguridad nacional”, todo es urgente, todo amerita fast track, y los efectos suspensivos del amparo se tratan como molestos obstáculos que hay que “aclarar” hasta vaciarlos de contenido.
En otras palabras: si un juez concede la suspensión para frenar la entrega, aparece la creatividad jurídica del régimen para decir que no se está violando nada, que sólo se está “armonizando” la ley interna con los compromisos internacionales, mientras el reclamado ya va a mitad de vuelo rumbo a una prisión federal en Estados Unidos.
Harfuch, Trump y la ofrenda que sí dolió
Durante 16 meses, la política de seguridad de Claudia Sheinbaum, operada por sus estratega Omar García Harfuch, ha estado marcada por las exigencias de Donald Trump, quien convirtió las extradiciones en termómetro de obediencia: Estados Unidos pedía, México entregaba, y todos salían a presumir estadísticas y fotos de capos esposados.
La caída del Mencho, la cacería de mandos del CJNG como “El Jardinero” y el reciente desfile de narcos en avión oficial se vendieron como prueba sin decirlo, que ahora sí se había acabado la era de los “abrazos, no balazos”.
Pero esta semana la cosa se salió del guion: el Departamento de Justicia puso sobre la mesa la detención del gobernador en funciones de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, morenista de hueso colorado, acusado de vínculos con el crimen organizado y financiaciones turbias en las elecciones de 2021 donde Americo Villarreal,el gobernador de Tamaulipas esta igual de enlodado.
Ahí se rompió el encanto: el Gobierno encontró su “ofrenda imposible” y descubrió, de golpe, que la soberanía no es un meme y que buena idea dejar que Washington meta mano en la clase política que sostiene al régimen con verdad, justicia y soberanía.
Cuando el capo es gobernador, cambia la doctrina
A los narcos se les puede mandar sin flores ni despedida, aunque haya amparos, recursos y tratados que exijan un procedimiento robusto; al fin que son “riesgo para la seguridad nacional” y, de paso, excelentes fichas de cambio para negociar con Trump y presumir “cooperación ejemplar”.
En cambio, cuando el señalado es un gobernador narco-morenista, tan solo uno de media docena mas en camino, son aliados electorales, operadores políticos del triunfo de Sheinbaum, de pronto los mismos que pisotearon suspensiones y formalidades se convierten en custodios de la legalidad estricta: “nos oponemos”, dicen, como si fueran ONG de derechos humanos recién despertadas.
La doble moral es quirúrgica: la ley se interpreta de manera expansiva para atropellar a 92 capos, pero se vuelve texto sagrado para proteger a un solo político con credencial guinda.
Lo que antes se calificaba como “altura de miras” en la lucha contra el narcotráfico, hoy se mira como injerencia insoportable cuando el expediente apunta hacia el círculo de poder de Morena, exhibiendo que el verdadero “riesgo para la seguridad nacional” es que se toque a la élite que se ha beneficiado de ese mismo sistema.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/BEATRIZ GUILLEN/
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