LA «BOLSA en la CABEZA y el CEREBRO en PAUSA: VIDEO EXHIBE POLICIAS COMETIENDO los MISMOS DELITOS que TIENEN HUYENDO a ZERON EX-JEFE de FEDERALES»….no es “interrogatorio fuerte”, es un menú de delitos graves.

En Chiapas, bajo el gobierno de Morena y Eduardo Ramírez, la creatividad policial investigativa en medio de la formula que presume el estratega Omar Garcia Harfuch, «inteligencia+coordinacion» ,parece haber alcanzado su punto más sofisticado: la bolsa de plástico como herramienta de “investigación científica”. No es broma, es método. Y no es clandestino: ahora también es contenido viral.

Los protagonistas de esta pieza grotesca son agentes de la Fiscalía General del Estado, incluyendo al comandante regional de Combate a Robo de Vehículos, Pablo Enrique Reyes Custodio, quien —lejos de combatir delitos— parece más interesado en perfeccionar la comisión de delitos propios con técnicas de asfixia como si fueran parte de un manual operativo.

Los videos no dejan mucho espacio a la interpretación: dos hombres, en distintos momentos, son sometidos al clásico “interrogatorio” que no necesita pruebas, peritajes ni inteligencia. Basta una bolsa negra, presión sostenida y la certeza de que, en este sistema, la confesión vale más que la verdad.

En una escena, el comandante pregunta con tono casi burocrático: “¿Aquí en Tuxtla?”, mientras le coloca la bolsa a un detenido visiblemente golpeado. No es una pregunta, es un trámite. La respuesta es lo de menos; lo importante es mantener la coreografía de la tortura institucional.

En otro momento, la víctima apenas alcanza a respirar antes de que le retiren la bolsa. “Se quejaron”, dice Reyes Custodio entre risas. La frase no es menor: condensa el nivel de descomposición. No hay preocupación por la legalidad, ni por los derechos humanos y los humanos derechos ni siquiera se guardan las apariencias. Hay burla. Hay normalización. Hay impunidad asumida.

Porque aquí el problema no es solo la brutalidad, sino la mediocridad estructural: agentes que sustituyen investigación por violencia, mandos que convierten el cargo en licencia para delinquir, y una institución que reacciona únicamente cuando el escándalo ya está circulando en redes.

La respuesta oficial tampoco sorprende. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar “pidió investigar” —la fórmula estándar para administrar crisis sin alterar el fondo— mientras el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca anunció un “grupo especial”. Traducido del lenguaje institucional: tiempo, control de daños y, con suerte, uno o dos chivos expiatorios.

Pero el patrón es viejo. En México, la tortura no es una desviación, es una herramienta recurrente cuando la capacidad investigativa es nula. Y Chiapas, lejos de ser la excepción, vuelve a confirmar la regla: cuando falta inteligencia, sobra violencia.

Aquí no hay exceso de fuerza; hay ausencia de Estado de derecho. No hay error operativo; hay práctica sistemática. Y no hay “manzanas podridas”; hay una estructura que permite, tolera y reproduce este tipo de conductas.

Lo que se ve en esos videos no es “interrogatorio fuerte”, es un menú de delitos graves con penas pesadas encima de cada uno.

Delitos que se presumen

• Tortura
  Servidor público que causa dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona para obtener información, una confesión, castigarla o intimidarla, comete delito de tortura.
  La bolsa en la cabeza, la asfixia controlada, las risas mientras se quita y pone para provocar sufrimiento son el ejemplo de libro de texto.
• Abuso de autoridad
  Cuando un servidor público, aprovechando su cargo, realiza actos arbitrarios, ilegales o contrarios a derechos humanos (como torturar detenidos), incurre en abuso de autoridad, además de los delitos específicos como la tortura.
• Lesiones y posibles tentativa de homicidio
  Si los golpes y la asfixia dejan huellas físicas o ponen en riesgo la vida, se pueden sumar delitos de lesiones calificadas e incluso tentativa de homicidio, según el resultado médico y el grado de peligro creado.
• Delitos por omisión o autorización
  No solo responde el que pone la bolsa. También el que ordena, instiga, autoriza, permite o tolera la tortura teniendo el deber de impedirla. Se les considera responsables del mismo delito.

Penas que se pueden aplicar

• Tortura (Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura)
  La guía oficial de la ONU y la propia interpretación de la ley señalan que la pena por tortura está entre 10 y 20 años de prisión, ampliable hasta 30 años cuando hay agravantes (por ejemplo, si la víctima es especialmente vulnerable o si intervienen varios agresores).
  Además, conlleva inhabilitación para el servicio público y otras sanciones accesorias.
• Leyes estatales y Código Penal
  Las leyes estatales tipo “Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura” prevén, como referencia, 3 a 12 años de prisión, multa, destitución del cargo e inhabilitación hasta por 20 años, más las penas de otros delitos concurrentes (lesiones, homicidio, etc.).
  En casos donde de la tortura resulte la muerte, las penas pueden ir de 40 años de prisión a prisión vitalicia, según legislaciones análogas.
• Abuso de autoridad y delitos conexos
  El Código Penal Federal y los códigos locales prevén penas de prisión, multa, destitución e inhabilitación para servidores públicos que cometen abuso de autoridad, además de las penas propias de la tortura y las lesiones que se acrediten.
• Prohibición de beneficios
  La Ley General contra la Tortura establece que una persona procesada o sentenciada por tortura no puede beneficiarse de indultos, amnistías u otras figuras análogas, precisamente por la gravedad del delito.

Traducido a “fiscal de fierro vs fieros”

Si se acredita legalmente, mas que visualmente que esos agentes asfixiaron con bolsas a detenidos para sacar información o “castigarlos”, lo que procede no es una amonestación interna, sino: prisión de dos dígitos, pérdida del trabajo, inhabilitación larga, y, si el caso es grave, penas que pueden acercarse a los 30 años o más sumando delitos.

Al final, lo más revelador no es que torturen. Es que lo hagan con esa tranquilidad, como si supieran —porque probablemente lo saben— que las consecuencias serán mínimas o inexistentes.

La bolsa en la cabeza de las víctimas es solo la metáfora perfecta de una institución que lleva años operando exactamente igual: sin aire, sin control y, sobre todo, sin cerebro.

Con informacion: ELNORTE/