Mientras el discurso oficial presumia una cruzada histórica contra la corrupción, la realidad —esa necia que ya no cabia,ni cabe en las mañaneras— vuelve a meter ruido: casi 10 mil millones de pesos lavados en menos de tres años, detectados por la propia Secretaría de Hacienda y la FGR. Sí, leyó bien: un monto que compite tranquilamente con el presupuesto anual de toda la Secretaría de Relaciones Exteriores o incluso con Gobernación. Pero aquí no pasó nada… o al menos no lo suficiente como para incomodar el relato.
El caso gira en torno a tres joyitas empresariales: Optimización Dalga, Lovies y OHAT, firmas que el SAT ya etiquetó sin rodeos como parte del club de las factureras —ese ecosistema donde se simulan operaciones con la misma naturalidad con la que se reparten contratos públicos.
Entre 2016 y 2019, estas compañías movieron 9 mil 631.8 millones de pesos en más de 17 mil depósitos, y retiraron prácticamente lo mismo mediante más de 55 mil operaciones. Un carrusel financiero de precisión quirúrgica.
La FEMDO, que no suele exagerar cuando se trata de números de este calibre, intentó verificar si estas empresas tenían algún permiso para operar como centros cambiarios o transmisores de dinero. La respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fue tan contundente como incómoda: no existían. Ni registro, ni autorización, ni rastro legal. Fantasmas con cuentas millonarias.
Las empresas fueron constituidas en 2015,duarnte el sexenio de Enrique Peña Nieto,mucho antes del arranque del sexenio obradorista, pero sus operaciones clave se extendieron hasta 2019, ya bajo el nuevo régimen que prometía barrer la corrupción de arriba hacia abajo.
En todas ellas aparece un nombre que se repite como firma al pie de página: Vicente Estrada Viveros, ya sea como accionista, apoderado o pieza clave en la estructura. Un viejo conocido en un esquema que, como suele ocurrir, no se sostiene solo.
La investigación establece que las empresas fueron constituidas en 2015 ante Notarios Públicos de la Ciudad de México y del Edomex. En las tres empresas aparece el nombre de Vicente Estrada Viveros.
En Optimización Dalga, en la que figuran como accionistas Diana Luz Torres García y Francisco Manuel González Rodal, Estrada aparece como apoderado.
En Lovies es accionista, al igual que Rafael Solano López, aunque en esta empresa la administradora es Claudia Guzmán Salazar.
Y en OHAT, Estrada es también apoderado legal, mientras que Teresa García Quijano y José Luis Pedraza Ávila aparecen como accionistas y este último además como administrador.
Las empresas registraron operaciones con personas físicas de la Ciudad de México, Metepec, Tlalnepantla, Xalapa y Zapopan.
Fuentes federales informaron que la FGR ya llevó este caso ante un juez y está a la espera de llevar a cabo una audiencia para imputar a las seis personas mencionadas por el delito de lavado de dinero.
El tercer expediente de alto perfil que fue judicializado es el de Manuel Rodolfo Trillo Hernández «La Trilladora», presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa, a quien le imputaron el blanqueo de 6 mil 119.8 millones de pesos de 2013 a 2018.
Por el tamaño del golpe financiero, este caso se coloca entre los tres más grandes judicializados en México: sólo por debajo del escándalo de Black Wallstreet Capital (15 mil millones) y por encima de “La Trilladora”, operador financiero del Cártel de Sinaloa (más de 6 mil millones). Nada mal para un país donde, según el discurso oficial, la corrupción ya es cosa del pasado.
Pero la pregunta incómoda sigue ahí: ¿cómo se mueve un volumen equivalente al presupuesto de una secretaría de Estado sin que nadie lo note… o sin que nadie quiera notarlo? Porque si algo queda claro es que, incluso bajo el gobierno de AMLO —ese que prometía no ser igual—, el dinero sucio seguia encontrando caminos sorprendentemente limpios.
Con informacion: ELNORTE/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: