Dos detenidos, tres “con licencia”, uno que finge estar en funciones y cuatro que se los tragó el narco-éter: así está el inventario más reciente de narcopolíticos sinaloenses acusados por Estados Unidos, la joya de la corona del “no somos iguales”.
A casi tres semanas de que el Departamento de Justicia de EU señalara a 10 funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa por vínculos con el narco, el marcador va así: 2 ya están en manos de Estados Unidos, 3 se pusieron el chaleco antibalas llamado “licencia”, 1 sigue técnicamente en funciones y de 4 no hay ni rastro.
Lo realmente fino: todos formaban parte de la maquinaria formal del Estado, pero respondían, presuntamente, a la nómina del Cártel de Sinaloa.
Rocha, Gámez y el arte de desaparecer con licencia
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa por Morena, pasó de decir que no tenía miedo y que no pensaba dejar el cargo, a pedir licencia en un video oficial el 1 de mayo “mientras dure el proceso de investigación”.
Al día siguiente el Congreso impuso a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina y ella misma admite que la última vez que supo de Rocha fue cuando éste la felicitó por quedarse a cuidar el changarro.
Un detalle digno de novela barata: el 9 de mayo un comando balaceó un antiguo domicilio de Rocha que ya está abandonado, y el gobernador con licencia ni se asomó a decir “aquí sigo, muchachos”; sus redes están muertas desde el 1 de mayo.
En la narrativa oficial, no está prófugo: simplemente es un gobernador cuántico, en superposición entre Badiraguato, la clandestinidad y la victimización política.
Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, también de Morena, dijo el 29 de abril que las acusaciones de EU “no tienen fundamento”.
El 1 de mayo el cabildo informó que pediría licencia al menos por diez días, colocaron a Ana Miriam Ramos en su lugar… y desde entonces sus redes se apagaron y su paradero es más misterioso que un testigo protegido de la DEA.
Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de Sinaloa, pidió licencia sin goce de sueldo el 5 de mayo, un día después de que la Fiscalía presumiera que seguía “en pleno ejercicio de sus atribuciones”.
Desde su carta de licencia, silencio absoluto: ni ubicación, ni postura, ni claridad sobre su situación legal; solo la nota al pie: “dispuesto a atender cualquier requerimiento institucional”, siempre y cuando no implique pisar una corte.
Inzunza, el senador “en funciones” que solo existe en Instagram
Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa, también acusa “ataques” contra la Cuarta Transformación y se presenta como mártir de la persecución imperialista.
El 2 de mayo publicó un video desde Badiraguato anunciando que se incorporaría a la Comisión Permanente: “ahí nos vemos”, dijo; el problema es que nunca se vio en el Senado.
Cuando iniciaron los trabajos de la Permanente avisó en redes que no iría porque estaba en Sinaloa; tampoco se le vio en los días siguientes, pero sí tuvo tiempo de subir historias por el Día de las Madres, y posts los días 13 y 17 de mayo, ubicándose muy orgullosamente en Badiraguato.
Su suplente, Alejandro Murat, hasta le lanzó la indirecta pública: lo correcto sería que pidiera licencia, como Rocha; pero lo correcto y lo legal en la narcopolítica mexicana suelen vivir en universos paralelos.
Los dos que sí cruzaron la frontera… pero a la mala
Mientras los morenistas de alto rango se desvanecen en el aire, hay dos que ya están en cárceles gringas: Enrique Díaz Vega (exsecretario de Finanzas de Sinaloa) y Gerardo Mérida Sánchez (exsecretario de Seguridad).
Claudia Sheinbaum y el gobierno federal confirmaron que ambos están detenidos en Estados Unidos, no en México, lo cual resume perfecto el nivel de confianza en la justicia nacional: para enfrentar cargos serios, mejor irse directo con el US Marshals Service.
Mérida fue detenido el 11 de mayo cuando cruzó por Nogales hacia Arizona y ya fue presentado ante una corte en el Distrito Sur de Nueva York, donde se declaró no culpable; antes de eso había intentado blindarse con un amparo en Michoacán contra detención y extradición.
Ahora está en MDC Brooklyn, registrado formalmente en el sistema penitenciario federal gringo, mientras en México apenas están “abriendo investigaciones”.
Díaz Vega, en cambio, se entregó el 15 de mayo ante autoridades estadounidenses; una fuente del Departamento de Justicia dijo que pronto comparecerá en Nueva York y se prevé que también se declare no culpable.
La postal es demoledora: los exfuncionarios se entregan a EU porque creen más en la justicia del país que los acusa de narco que en la del país donde cobraban sueldo como autoridades.
Los cuatro que se los tragó el narco-Estado
En el sótano del escándalo están los cuatro sin rastro: Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación; Alberto Jorge Contreras Núñez “Cholo”, exencargado de la Comisaría General de la Policía de Investigación; José Antonio Dionisio Hipólito “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal; y Juan Valenzuela Millán “Juanito”.
No hubo reacción pública, ni ruedas de prensa defensivas, ni videos llorando persecución política; simplemente se esfumaron del mapa institucional y mediático.
El caso de “Juanito” es particularmente brutal: está acusado de participar en el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y de un familiar.
En cualquier país serio eso sería un terremoto institucional; en Sinaloa apenas alcanza para una nota en la sección de “más información” y una infografía de “funcionarios sin rastro”.
Narcofugitivos S.A. de C.V.: resumen del sexenio
El cuadro final es quirúrgico:
- Gobernador con licencia, desaparecido en lo político y en lo físico.
- Alcalde de la capital estatal, también con licencia, también evaporado.
- Vicefiscal que abandona el cargo justo cuando lo voltean a ver.
- Senador que “sigue en funciones” pero solo en Instagram y en Badiraguato.
- Exsecretario de Finanzas y exsecretario de Seguridad, en cárceles de EU.
- Cuatro mandos policiales, sin rastro, sin explicación y sin prisa oficial por encontrarlos
Todo esto ocurre mientras el discurso oficial insiste en que el problema es “la narrativa” y los “ataques al movimiento”, no que una parte importante de la estructura de gobierno de Sinaloa está señalada por trabajar, presuntamente, para el Cártel de Sinaloa.
El narcofugitivo ya no es solo el capo de sombrero y cuerno de chivo: ahora viene con fuero, con nombramiento, con curul, con licencia aprobada por el Congreso y, cuando se complica, con vuelo directo a Nueva York y ficha en el MDC Brooklyn.
Con informacion: ELUNIVERSAL/
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