Andrés Manuel López Obrador no solo parió la “cuarta transformación”; parió un modelo de narco–política de Estado que ya le explotó en la cara a sus cachorros: Rocha en Sinaloa hoy con licencia y pedido por Estados Unidos, y Américo en Tamaulipas formadito en la misma fila, esperando que desde Washington le avisen cuándo le toca su “pedazo”.
La película “Moreno–narca”: Rocha como protagonista, AMLO como director
El reportaje de Javier Alatorre en Azteca,parece trailer de remake de “La Ley de Herodes”, pero con presupuesto 4T y guion aprobado en Palenque.
Ahí está todo el casting:
- Gobernador en funciones convertido en García Luna de la 4T: Rubén Rocha Moya, ahora con licencia “republicana” porque la Fiscalía de EU lo trae en la boleta como pieza clave del Cártel de Sinaloa versión Chapitos.
- Senador aspirante a gobernador, Enrique Insunza, que soñaba con oficina en palacio de gobierno y le salió más cerca la celda en Brooklyn.
- Secretario de Seguridad, fiscales y mandos que fungían como escolta institucional de los cargamentos de fentanilo, avisando operativos y abriendo paso a la cadena logística del cartel.
En el expediente gringo, Rocha no ganó Sinaloa: se la entregaron a balazos, levantones, amenazas y asesinatos, con los Chapitos operando como brazo electoral de Morena a cambio de que el gobierno se hiciera pendejo con el tráfico de droga y armas.
Resultado: 60% de los votos y 18 de 20 alcaldías para Morena, un “carro completo” empapado en fentanilo y sangre.
Mientras tanto, López Obrador visitó Sinaloa 15 veces, más que cualquier presidente, abrazó a la mamá del Chapo y repitió el mantra “abrazos, no balazos” mientras ordenaba liberar a presuntos delincuentes y negaba, con cara compungida, cualquier pacto con el narco.
La narrativa oficial: “no mentimos, no robamos, no traicionamos”; la práctica: sí mienten, sí roban, sí traicionan, y encima lo llaman proyecto histórico.
AMLO: de “abrazos, no balazos” a política pública de colusión
El video muestra el hilo conductor: no es que Rocha sea “una manzana podrida”; es el fruto lógico del árbol que sembró López Obrador cuando hizo de la tolerancia al narco una política de Estado.
Hay escenas claves que en el montaje de Alatorre quedan como confesión involuntaria de la 4T:
- Trump declara a los cárteles mexicanos organizaciones terroristas internacionales y amplía el margen legal para perseguir no solo a los capos, sino a los funcionarios que los protegen.
- Washington procesa a 92 narcos extraditados que detallan cómo operaban con políticos de Morena, incluidos los capos de Sinaloa aliados a Rocha.
- El Departamento de Justicia arma la denuncia contra Rocha y sus lugartenientes, describiendo reuniones con Chapitos para pactar elecciones, protección y sobornos.
Y mientras tanto, en México:
- AMLO descalifica a la DEA, pregunta “de dónde sacan la información”, se victimiza por “injerencia” y convierte la crítica estadounidense en golpeteo político.
- Morena se niega a incluir en la reforma electoral sanciones duras al dinero del narco en campañas o a la anulación de elecciones contaminadas por crimen organizado.
La señal al crimen fue clarita:
“Si quieres competir… hay que coordinarse con el narco, hay que tener muchos padrinos”.
La 4T institucionalizó eso; lo único que hizo Trump fue ponerle sello judicial de “organización terrorista” a los cárteles y empezar a jalar del hilo de los políticos que los usan como operadores de campaña.
Tamaulipas: Américo Villarreal, “el de la misma peli”
Mientras Rocha tiembla con la palabra “extradición”, en Tamaulipas, Américo Villarreal está en la antesala de la misma película, mismo género: “Moreno–narca sangrienta” pero con guión norteño.
- Rocha admitió públicamente que le “debía un pedazo de la gubernatura” a Américo Villarreal, entonces delegado de Morena en Sinaloa.
- Esa gratitud se entiende cuando se cruza con el entorno criminal que rodeó el ascenso de Américo, con señalamientos de apoyo del Cártel de Sinaloa y de operadores del huachicol como Sergio Carmona.
- En Tamaulipas, ya desde 2022 se denunciaba que Morena había ganado la gubernatura con apoyo del crimen organizado con el que mantuvo alianza en el trafico de huachicol; mientras tanto, desde Palacio se despachaban las acusaciones como “persecución política” y “guerra sucia”.
Es decir:
Rocha no solo copia el modelo; comparte proveedor político y presunto ecosistema criminal con Américo.
En la narrativa de los expedientes y los reportajes críticos, Américo aparece como coprotagonista, todavía sin orden de extradición, pero con las luces de la DEA apuntando al escenario y los casos recientes de violencia –como asesinatos de civiles en contexto de disputas ligadas a redes de corrupción y huachicol– alimentando la idea de un gobierno tóxico, permisivo y funcional al crimen.
El huachicol fiscal: la otra mitad del monstruo
El video no se queda solo en narco y balas; baja al sótano financiero: el huachicol fiscal autorizado desde Palacio Nacional, como completa la pieza de Azteca y el libro de Jorge Fernández Menéndez citado en el reportaje y ahora confirmado por Diputado Federal de Matamoros.
Ahí entran:
- Sergio Carmona, el “rey del huachicol”, financiando campañas de Morena desde 2018, especialmente estatales, con dinero de contrabando de combustibles.
- Jesús Ramírez y otros operadores metidos en la ingeniería del saqueo, según la reconstrucción de Scherer/Fernández Menéndez: un esquema para robarse cientos de miles de millones de pesos vía evasión y lavado, parte de los cuales lubricaron campañas.
EU mira el cuadro completo:
- Brazo armado: cárteles declarados terroristas, comprando territorios, votos y gobiernos a balazos.
- Brazo de cuello blanco: huachicol fiscal, factureras, para financiar al narcopartido y luego lavar el botín en obras faraónicas, viajes de lujo y propiedades en el extranjero.
Por eso hoy no solo se habla de Rocha; se mira también al “almirante del huachicol” detenido en Argentina, cuya posible extradición a Estados Unidos podría detonar más nombres morenistas, incluidas conexiones con gobernadores como Américo.
La relación bilateral: de socios “respetuosos” a investigador y expediente
El reportaje remata un punto clave: esto no es solo un escándalo local; es una crisis bilateral que, en palabras de corresponsales en Washington, es “la peor en más de 100 años” entre México y Estados Unidos.
Algunos indicadores de esa ruptura:
- Trump declara terroristas a varios cárteles mexicanos y abre la puerta legal para perseguir a políticos que los apoyan.
- El Departamento de Justicia integra acusaciones formales contra un gobernador en funciones (Rocha) y otros nueve funcionarios, “golpe de gracia” a la relación con México.
- Congreso y Comité de Relaciones Exteriores en EU anuncian que seguirán llevando narcopolíticos mexicanos a tribunales; esto “apenas comienza”.
Del lado mexicano, la respuesta es casi caricaturesca:
- Morena se victimiza, habla de “campañas de desprestigio”, acusa injerencia, y se niega a investigar a los suyos.
- En el Consejo Nacional de Morena convierten la sesión en cumbre de narcopolíticos: porras a Rocha, cero autocrítica, y una nueva dirigente que llama a “hacer examen de conciencia” mientras el aparato decide no tocar al acusado.
La relación bilateral se reconfigura así:
Washington deja de pretender que hay un “sector decente” en Morena al que pueda apostar; México oficial se atrinchera en la narrativa de soberanía ofendida, mientras EU procede por la vía judicial con expedientes, testigos cooperantes y solicitudes de extradición.
La ironía final que deja el reportaje es brutal:
La justicia que no se quiso hacer en México –porque el sistema electoral se negó a anular elecciones narcas, porque el partido bloqueó sanciones al dinero criminal, porque el presidente protegió a sus operadores– ahora llega desde cortes estadounidenses, con todo el costo de humillación internacional y la carga de redefinir la agenda bilateral en términos de narco–terrorismo y narco–Estado.
Con informacion: AZTECA/
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