En cualquier democracia decente, la libertad de prensa es un derecho blindado; en Tamaulipas, parece ser una concesión administrada por el gobernador Americo Villarreal ,con una iniciativa de Ley que busca instaurar el llamado Colegio de Periodistas del Estado, promovido y bendecido por un Congreso dominado por Morena, dominado por el gobernador, con una arquitectura legal para domesticar la crítica, un proyecto tan oportunista como obscenamente autoritario.
La vieja receta: disfrazar de “ordenamiento profesional” lo que en realidad es un mecanismo de control político. La ley que lo sustenta —impulsada entre aplausos del oficialismo de Morena— ofrece prebendas, becas y reconocimientos a quienes se plieguen al discurso gubernamental, mientras margina o deslegitima a quienes ejercen el oficio con independencia. No se trata de proteger periodistas, sino de convertirlos en piezas del aparato propagandístico del régimen estatal.
Desde la óptica constitucional, el engendro legal viola de forma burda el artículo 6°, que garantiza la libre manifestación de ideas, y el 7°, que protege la libertad de difundir información sin censura previa. Al pretender “regular” la actividad periodística mediante afiliaciones y “certificaciones” otorgadas por un colegio controlado por el gobierno, se instaura de facto un sistema de censura indirecta. Es decir: quien no se somete, no existe.
Pero lo más grave no es el texto de la ley, sino el contexto de su aprobación. Un Congreso sometido por mayoría morenista, alineado a un gobernador cuya administración huele a opacidad y complicidad con el crimen organizado, aprueba este instrumento con la precisión de un notario del poder.
La independencia de poderes, principio esencial del constitucionalismo moderno, queda reducida a una caricatura de democracia.
Lo que la ley pretende “institucionalizar” no es la dignidad periodística, sino la obediencia editorial. En lugar de fortalecer a los periodistas frente al poder, los ata a él con un cordón dorado de “beneficios”. Y no se trata de una política de apoyo, sino de un sistema de cooptación, perfectamente diseñado para fabricar periodistas de consigna.
Tamaulipas, tierra acostumbrada a la violencia y la complicidad oficial con el crimen, vuelve a sufrir un ataque más sutil: el de una mordaza con membrete legal. El gobernador presume institucionalidad, pero lo que inaugura es una nueva etapa del servilismo informativo, donde el periodismo crítico se vuelve un acto de resistencia y no una función democrática.
Esta ley que ya tiene convocatoria para firmar en su contra en la plataforma Change.org, no busca profesionalizar; busca neutralizar. Y su aprobación, más que un error político, representa un síntoma de autoritarismo encubierto, impensable en un Estado que se presume “transformador”.
Que dice la petición en Change.org
El periodismo en Tamaulipas no necesita «tutores» gubernamentales, necesita garantías de seguridad y respeto a su autonomía. La iniciativa presentada el pasado 6 de abril por la diputada Cynthia Jaime busca todo lo contrario: levantar una estructura burocrática para vigilar, calificar y, en última instancia, silenciar a las voces críticas bajo el disfraz de una supuesta «profesionalización».
¿Por qué esta iniciativa es un atentado contra la democracia?
1. El «Tribunal de Conciencia» del Estado:
La propuesta pretende crear un «Colegio de Periodistas» con la facultad de calificar quién cumple con la ética periodística. En un estado de derecho, la ética es una responsabilidad del periodista ante su audiencia y sus propios códigos internos, no una norma dictada por el poder público. Permitir que el Gobierno decida quién es «ético» es entregarle la lista de quién debe ser censurado.
2. Subordinación total al Poder Ejecutivo:
El proyecto estipula que la Secretaría General de Gobierno tenga injerencia en los estatutos y la validación de este Colegio. Esto rompe cualquier principio de autonomía gremial. Un periodismo que depende del permiso o la validación del gobernante en turno deja de ser periodismo para convertirse en propaganda.
3. El chantaje de la seguridad:
Lo más alarmante es la intención de vincular el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a los criterios de este nuevo órgano. En el estado más peligroso para ejercer el periodismo, condicionar la protección física a la «buena conducta» o alineación del comunicador es, sencillamente, ponerle precio a la vida.
Nuestra exigencia:
Los periodistas de Tamaulipas, apoyados por la sociedad civil y en proceso de comunicación directa con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), exigimos:
El retiro inmediato de la iniciativa presentada por la diputada Cynthia Jaime.
Respeto irrestricto a los Artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíben la censura previa y garantizan la libertad de difundir opiniones e información.
Cese al hostigamiento legislativo que busca amordazar a la prensa crítica mediante figuras de control estatal.
La libertad no se negocia. Si cae el derecho a informar, cae el derecho de toda la sociedad a saber la verdad.
¡Firma ahora y no permitas que la censura se convierta en ley en Tamaulipas! Change.org
Con informacion: Noticias de Tampico/ Change.org/
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