Estados Unidos acaba de hacer oficial lo que en Sinaloa era chisme a voces: que el gobernador Rubén Rocha Moya no solo gobierna el estado, también le hace las veces de jefe de logística institucional al Cártel de Sinaloa.
El “gobierno” de Sinaloa, bajo acusación
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Rocha y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para meter toneladas de droga a Estados Unidos a cambio de sobornos y apoyo político, cita el diario Español,El País.
La acusación viene del Distrito Sur de Nueva York, ese lugar donde a los políticos mexicanos se les quita lo intocable y se les ve como lo que son para la justicia gringa: presuntos delincuentes comunes con fuero de exportación.
Según el documento, el grupo de funcionarios habría “vendido sus cargos” para proteger cargamentos de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, blindar a los jefes del cártel de investigaciones y permitir que la violencia “brutal” ocurriera sin consecuencias.
Traducido del juridiqués: el Estado de Sinaloa no estaría infiltrado por el narco; el Estado de Sinaloa sería el narco, con nómina, placas y escoltas oficiales.
Quién es quién en la narco‑nómina
No es solo Rocha: en la lista aparece también el senador morenista Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa, acusado con los mismos cargos de narcotráfico y delitos relacionados con armas.
La acusación alcanza a exsecretarios, mandos policiacos y hasta al alcalde de Culiacán, un dream team institucional para cualquier organización criminal que quiera tercerizar la seguridad pública.
Entre los señalados están el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; el fiscal adjunto Dámaso Castro Saavedra; los exjefes de la policía de investigación Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez; el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez; el exsubdirector de la policía estatal, José Antonio Dionisio Hipólito; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez; y el excomandante de alto rango de la policía municipal, Juan Valenzuela Milán
A Valenzuela, por si fuera poco, lo acusan de participar en el secuestro y homicidio de una fuente de la DEA y de un familiar, es decir, ya ni se molestan en disimular que la policía municipal también ofrece servicio de levantones VIP.
Tabla de la presunta “estructura institucional” al servicio del cártel
| Personaje | Cargo (actual o previo) | Lo que EU le imputa |
|---|---|---|
| Rubén Rocha Moya | Gobernador de Sinaloa | Conspirar con el Cártel de Sinaloa, narcotráfico y armas. |
| Enrique Inzunza | Senador de Morena, exsecretario general | Mismos cargos de drogas y armas. |
| Enrique Díaz Vega | Exsecretario de Administración y Finanzas | Uso del cargo para proteger operaciones del cártel. |
| Dámaso Castro Saavedra | Fiscal adjunto estatal | Blindar investigaciones, filtrar info a criminales. |
| Marco Antonio Almanza Avilés | Exjefe de policía de investigación | Protección a cargamentos y represalias violentas. |
| Alberto Jorge Contreras Núñez | Exjefe de policía de investigación | Protección operativa al cártel. |
| Gerardo Mérida Sánchez | Exsecretario de Seguridad Pública | Uso de fuerzas de seguridad a favor del cártel. |
| José Antonio Dionisio Hipólito | Exsubdirector de la policía estatal | Participar en esquema de protección y violencia. |
| Juan de Dios Gámez Mendívil | Alcalde de Culiacán | Colaborar en la red de protección política. |
| Juan Valenzuela Milán | Excomandante de la policía municipal de Culiacán | Secuestro y homicidio de fuente de la DEA y familiar. |
Todos enfrentan cargos de conspiración para importar narcóticos, posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos, con penas mínimas de 40 años y potencial cadena perpetua; el paquete completo de narco‑gobierno del siglo XXI.
Cómo se describe el pacto: política a cambio de sangre
La narrativa estadounidense es clara: los políticos “corruptos” de Sinaloa habrían usado sus puestos para proteger al Cártel de Sinaloa, asegurarle impunidad y permitirle mover toneladas de drogas hacia Estados Unidos.
A cambio, recibían sobornos millonarios y el músculo del cártel para operar elecciones a punta de secuestros, intimidaciones y violencia instrumentalizada como política pública.
El texto acusa a policías mexicanos de participar directamente en secuestros, asesinatos, protección de cargamentos y en represalias contra enemigos del cártel.
Las fuerzas de seguridad, según la acusación, seguían órdenes de políticos y fiscales, quienes a su vez protegían a los líderes criminales de investigaciones, arrestos y juicios, y les filtraban información clave de operativos.
Para rematar, el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, afirma que Rocha habría llegado a la gubernatura en 2021 con ayuda de “Los Chapitos”, quienes presumiblemente se encargaron de secuestrar e intimidar rivales políticos para asegurar el resultado electoral.
En otros países eso se llama fraude electoral, en Sinaloa, al parecer, se llama “triunfo de la democracia” y se celebra con banda y narcomantas.
Las respuestas: soberanía selectiva y papelazo diplomático
La Secretaría de Relaciones Exteriores dice que ya recibió las solicitudes de extradición, pero que los documentos “no cuentan con elementos de prueba” suficientes para determinar la responsabilidad de los acusados.
Es decir, para la Cancillería, el mismo Departamento de Justicia que México aplaude cuando condena a El Chapo ahora, mágicamente, no da el ancho cuando se mete con un gobernador en funciones.
Rocha, por su parte, se declaró inocente, dijo que todo es un ataque contra la Cuarta Transformación y acusó a Estados Unidos de violar la soberanía de México.
En su versión, las acusaciones “carecen de veracidad y fundamento” y él lo va a demostrar “con toda contundencia” en el momento oportuno, es decir, cuando la realidad deje de estorbarle al discurso.
Desde Washington, el embajador de Estados Unidos remató que la corrupción que facilita el crimen organizado será investigada y procesada siempre que entre en la jurisdicción estadounidense.
Traducido: si en México no quieren tocar al gobernador ni con el pétalo de una carpeta de investigación, en Nueva York sí están dispuestos a recibirlo, pero con grilletes.
La fractura bilateral: del “Culiacanazo” al “Rocha‑gate”
Las acusaciones revientan unas relaciones bilaterales ya desgastadas por la política antidrogas y por episodios como el Culiacanazo y, ahora, la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua en un operativo turbio que el Gobierno federal supuestamente ni sabía que existía.
La apuesta de Washington es evidente: si el gobierno mexicano no desmantela la protección política del Cártel de Sinaloa, alguien más lo intentará desde un tribunal federal a miles de kilómetros.
El mensaje es demoledor: el gobernador de Sinaloa, un senador de Morena, fiscales y mandos policiales aparecen en la misma línea de texto que el Cártel de Sinaloa y Los Chapitos, como piezas del mismo engranaje criminal.
Lo que para el discurso oficial mexicano es “transformación”, para los fiscales neoyorquinos tiene otro nombre: conspiración para narcotráfico con armas de grado militar y una estructura de narco‑terrorismo barnizada de institucionalidad.
Con informacion: MICAELA VARELA/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/
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