Ningún marino es culpable, ningún tornillo se aflojó solo, ningún funcionario pisará tribunales. La Fiscalía General de la República, esa institución que cuando se trata de investigar al poder saca la lupa de aumento invertido, concluyó que nadie de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, adscrita a la Secretaría de Marina, tiene responsabilidad penal por el descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó 14 muertos y más de cien heridos el 28 de diciembre. Casualidad o destino: la tragedia fue justo el Día de los Inocentes.
Ernestina Godoy, ahora con toga de prestidigitadora, informó que gracias a un oportuno “acuerdo reparatorio” —145 firmas a cambio de extinguir la acción penal—, el caso quedó enterrado bajo la vía y el silencio. Justicia exprés, reparación relámpago y exoneración institucional: la fórmula perfecta del Estado autoprotector.
Según la fiscal, seis auditorías de la ASF, otras seis de la “Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno” (una oficina cuyo nombre parece inventado por el Ministerio de la Ironía) y cinco expedientes previos concluyeron que todo está en orden. Todo. Hasta las locomotoras que usaban diésel de mala calidad, o las licencias que se revisaron solo después del accidente, pasaron la aduana de la pureza burocrática.
Y como guinda del pastel, Godoy afirmó que los peritajes en ingeniería, arquitectura y seguridad industrial confirmaron que la vía y los vagones “cumplen con la norma aplicable”. Lo único que no cumple con la norma es el hecho de que catorce personas están muertas y nadie va a responder.
Lo demás es trámite: una empresa alemana “certificará” el Interoceánico, otra “evaluará” de forma “independiente”, y el gobierno seguirá inaugurando megaproyectos con un credo infalible: si algo falla, la culpa se autoexonera.
Con informacion: ELNORTE/

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