En el México donde opinar incómoda más que delinquir, José Alberto Maldonado Pérez duró exactamente un día desaparecido antes de aparecer como estadística: torturado, maniatado y con una bolsa en la cabeza, tirado en una carretera como mensaje… o advertencia.
El guion ya es conocido. Primero irrumpen hombres armados —porque aquí la violencia siempre llega con logística—, golpean, se llevan al objetivo frente a su familia, y luego el Estado activa su protocolo favorito: mirar para otro lado. La esposa pidió ayuda en tiempo real, grabó, denunció, suplicó. Nadie llegó. Nadie vio. Nadie hizo.
Veinticuatro horas después, el cuerpo apareció a 15 kilómetros. Suficientemente lejos para simular traslado, suficientemente cerca para dejar claro que esto no fue casualidad.
Las autoridades, en su papel habitual de notarios del desastre, se apresuraron a aclarar lo importante: que no hay indicios de que la víctima estuviera en actividades ilícitas. Traducción: no era criminal, pero tampoco vamos a decir quién sí.
Porque el detalle incómodo es otro. Maldonado Pérez no era un desconocido en redes. Era crítico —directo, vulgar, sin filtros— del alcalde emecista Martín Castillo. De esos que no escriben columnas diplomáticas sino mentadas frontales. De esos que no negocian el tono para caer bien.
“Gobierno de la chingada”, “forma tan pendeja de gobernar”… palabras que en un país democrático deberían caber en cualquier plaza pública, pero que en ciertos municipios parecen equivaler a una sentencia.
Y aquí es donde la historia deja de ser un crimen común y empieza a oler a otra cosa: a castigo ejemplar. A disciplina territorial. A recordatorio de que el poder local, cuando se mezcla con impunidad, no necesita censura institucional… le basta el miedo.
Amigos y familiares no dudan: lo silenciaron. Y la forma importa. Porque no fue un balazo rápido ni un asalto cualquiera. Fue tortura, fue exposición, fue mensaje. La violencia en México rara vez es solo violencia; casi siempre es comunicación.
Mientras tanto, el aparato institucional sigue en modo automático: carpeta de investigación, declaraciones tibias y el clásico “no hay información suficiente”. El mismo libreto que ha convertido al país en una fosa con burocracia.
La pregunta no es solo quién lo mató. Es quién se beneficia del silencio que deja. Y, sobre todo, quién garantiza que el siguiente crítico no corra la misma suerte.
Porque en Aramberri —como en Matamoros y otros tantos puntos del mapa— la libertad de expresión no se debate: se sobrevive,cuestion de volverse a preguntar donde esta el Medico Edgar Patiño que se atrevio a desafiar al alcalde de Morena y el Cartel del Golfo al mismo tiempo.
Con informacion: ELNORTE/
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