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lunes, 30 de marzo de 2026

«VIDEO que EXHIBE TODA la FAMILIA CHISPA-CDG APAPACHADA por AMERICO y su GOBIERNO es un REGALO de INFORMACIÓN que NO quiere TRADUCIR en CAPTURA el GOBIERNO FEDERAL»…tendrian que encerrar al gobernador.


Esto, tal como está, es casi un regalo de inteligencia que cualquier fiscal mínimamente decente ,en cualquier pais con una pizca de estado de derecho y otro poquito de imperio de la ley, usaría para ir por órdenes de aprehensión, cateos y congelamiento de cuentas, y que en Tamaulipas sirve, al contrario, para barnizar de “normalidad institucional” un amasiato del gobernador de Morena,Americo Villarreal, con un lugarteniente del Cártel del Golfo-CJNG que cobra piso, levanta gente, lava dinero y pone muertos a la vista de todos, sin importar si cobraban como Delegados en la nomina de la FGR.

El expediente que les pusieron en la mesa

ADN Noticias y los reportes de inteligencia no están insinuando:están dibujando con plumón fluorescente al ex-militar Mario Guitián Rosas, “La Chispa”, como operador de rango de Los Metros del Cártel del Golfo en Reynosa, con empresas fachada, contratos públicos y antecedentes de violencia que lo relacionan con huachicol, secuestros, extorsión y asesinatos.

No solo aparece en foto abrazando y cenando con Américo Villarreal y el senador José Narro Céspedes; después de que el morenista llega al poder, sus negocios florecen como si la gubernatura de Morena y Americo Villarreal fuera incubadora de Pymes criminales.

La informacion no permite interpretaciones subjetivas, esta claro que el gobierno estatal le compró “servicio de guardias de seguridad privada” a la pareja de La Chispa, Ana María Juárez, con pagos oficiales por 242,857 pesos entre enero de 2023 y septiembre de 2024, mientras la empresa Llantires —de Guitián, su esposa y sus hijos— obtiene cuatro contratos por adjudicación directa con la FGR que suman 662,120 pesos.

O sea: el operador del cártel no solo no es perseguido, es proveedor VIP del Estado y de la Fiscalía; el crimen organizado no está infiltrando al gobierno, está timbrando facturas en sociedad con el gobierno y no es caso aislado,es su sistema operativo.

La inacción es criminal

En cualquier manual de procuración de justicia donde el fiscal no haya sido detenido por servir precisamente al Cartel del Golfo, como Jesus Eduardo Govea, la combinación de inteligencia oficial, contratos, testimonios de víctimas y vínculos con homicidios debería detonar carpetas robustas; en Tamaulipas, pero lo único que detona son excusas y silencios.

El delegado de la FGR, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, es asesinado poco después de asegurar dos millones de litros de combustible ilegal, y los reportes apuntan a que el artífice del huachicol fiscal es La Chispa, que además lo confrontaba por el seguimiento policial.

El empresario y activista Gabriel Hernández Tobar denuncia en 2024 amenazas de muerte de Mario Guitián Rosas; en 2025 lo matan, y su familia acusa públicamente al mismo personaje y a sus cómplices en el gobierno de Tamaulipas.

¿Respuesta institucional? 

Cero: ni una detención, ni un cateo mediático, ni un circo de “célula desarticulada”; al contrario, el guion que circula es que “solo si hay evidencia concluyente” se turna al Ministerio Público, como si el propio Estado no hubiera acumulado ya evidencia que grita sola.

La cadena mando–cártel que delata el amasiato

No se trata de un narco solitario que se coló a la foto equivocada: el cuadro que ADN Noticias es una estructura político-criminal bastante ordenada.

Arriba está un gobernador que llevó a cenar al lugarteniente del CDG-CJNG, que después aparece recibiendo contratos para seguridad y otros servicios, mientras la narrativa oficial insiste en que “no hay pactos con nadie”.

En medio están personajes como el senador morenista José Ramón Gómez Leal y la diputada local Magaly de Ander, señalados como puentes entre La Chispa y el gobierno, pero que se refugian en el clásico “no hay respuesta” ante las solicitudes de entrevista.

Y como remate, un fiscal general, Jesús Eduardo Govea Orozco, con historial de proceso penal por delincuencia organizada y liberación de un capo del Golfo, hoy acusado de “negarse a encausarlo penalmente” y, por omisión, de cometer delitos al no tocar ni con el pétalo de una investigación al mismo lugarteniente que abraza al gobernador.

Llamarle “regalo de información” a este material no es exageración: están entregando, en paquete, la foto del operador, su red empresarial, los montos, los contratos públicos, las víctimas, los presuntos homicidios y los nexos políticos, todo en un contexto donde la percepción de inseguridad en Reynosa se dispara arriba del 80%.

El “regalo de información que incrimina al Estado


Si después de esto el gobierno estatal, la fiscalía local y la FGR no rediseñan sus prioridades de investigación, lo que queda en evidencia ya no es la fuerza del cártel, sino la fragilidad —o la complicidad— de un Estado que prefiere seguir facturando con el lugarteniente antes que procesarlo penalmente.

Cada día que pasa sin que la autoridad accione sobre este cúmulo de datos convierte a Américo Villarreal, a su fiscal Govea y a los legisladores que hicieron de puente en coautores, por omisión, del mensaje más claro que puede mandar un gobierno: aquí no gobierna Morena ni el Congreso, aquí manda la oficina de cobro del Cártel del Golfo con sello oficial.

La pregunta ya no es si hay elementos para judicializar, sino cuánto tiempo más van a tratar de sostener la farsa de que todo esto solo son “dichos” mientras los contratos, los muertos y las fotos con abrazos siguen hablando por ellos.

Con informacion: ADN/NOTICIAS/

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