El Fonatur —ese ente que todavía finge planear el turismo nacional y no administrar ruinas costeras— acaba de descubrir, con diapositiva y todo, que en Acapulco no hay mar de fondo sino marea criminal. Su diagnóstico interno, disfrazado de PowerPoint de oficina, “identifica dinámicas de control territorial” en las playas… Es decir, cobro de piso, extorsión y control de liderazgos, pero en fonaturés técnico: “intermediación”, “cooptación”, “reordenamiento”.
Traducido: en cada palapa hay un dueño invisible con pistola, en cada sombrilla un impuesto no declarado, y en cada ola un recordatorio de quién manda. La extorsión dejó de ser delito para volverse trámite.
En la lámina bautizada, con ironía celestial, “Dinámicas de control de territorio”, el gobierno divide a Acapulco como si repartiera un pastel podrido: ocho zonas, 42 playas y 1,468 concesiones federales. De ellas, casi todas exprimidas por redes criminales que encontraron en el turismo el negocio perfecto: sol, arena y cuota obligatoria. La Zona Diamante brilla, sí, pero de tanto dinero negro que escurre en efectivo húmedo.
La tragedia lleva nombres. El ambientalista Marco Antonio Suástegui fue ejecutado en Icacos tras denunciar lo que todos sabían y nadie firmaba: “aquí pagas o te matan”. No era metáfora. Meses antes le habían quemado sus motos acuáticas; después, le apagaron la voz. Otros, como el empresario Óscar Omar de Jesús Pineda, prefirieron huir antes de ser el próximo caso de nota roja.
La autoridad, mientras tanto, sigue aggiornando su léxico:“homicidios dolosos”, “robo de vehículos”, “zonas con incidencia”. Lengua de oficina para disfrazar la guerra que se libra entre el Cártel Independiente de Acapulco, los del Jalisco, “Gente Nueva” y “Los Rusos”. Nombres que suenan a menú de guerra patrocinada por el abandono.
Así, el puerto se hunde entre reportes que confirman lo evidente: en Acapulco el Estado es el inquilino que todavía no ha pagado su cuota.
Con informacion: ELNORTE/
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