Un penal con 750 internos, avisos previos de que “se venía la violencia”, comisión de derechos humanos tocando la puerta… y el Estado mexicano contestando con su clásico “visto, pero sin leer”.
El domingo que Vallarta amaneció en llamas
El CJNG traía la rabieta por la caída de El Mencho en Tapalpa y decidió desquitarse quemando medio Puerto Vallarta, coches, negocios y lo que se atravesara, mientras adentro del penal de Ixtapa se armaba el motín que llevaban un día anunciando por audios. El resultado: 23 reos afuera, humo por todos lados y un custodio, Rafael Hernández, muerto por estar en el lugar equivocado en el país equivocado de la estrategia equivocada.
En la conferencia oficial, el zar de Seguridad, Omar García Harfuch, salió con cifras de videojuego: 30 presuntos delincuentes muertos, una mujer embarazada, elementos de Guardia Nacional y Fiscalía caídos, pero del penal sólo hay claridad en algo: cómo mataron al custodio, porque para eso sí alcanzó la narrativa. El resto es niebla, comunicados y “agresiones cobardes” de un lado y del otro.
Fuga al estilo sírvase usted mismo
El penal de Ixtapa, con capacidad para 1.600 personas pero con unas 750 adentro y “falta de personal” reconocida por la propia Secretaría de Seguridad, era básicamente una puerta giratoria con torres de vigilancia para la foto. Desde fuera llegó un vehículo polarizado que empezó a disparar a la aduana, mientras adentro los reos ya estaban en pleno motín, como si hubieran ensayado la coreografía.
Varios internos se subieron a coches particulares, atropellaron custodios y remataron a Rafael Hernández en la operación; según trabajadores, también usaron explosivos caseros que tenían listos, porque en esa cárcel las autoridades no detectan ni un petardo, pero sí te quitan las agujetas en el ingreso “por seguridad”. El Gobierno lo vende como “ataque coordinado”, pero lo que se ve es una cárcel tan abierta que sólo faltó que el CJNG dejara el pase de salida sellado.
La carretera al narco‑SPA rural
El puente de La Desembocada, a dos kilómetros del penal, era el pasadizo clave: ese día el CJNG lo bloqueó con vehículos incendiados y explosivos, y todavía semanas después un trabajador murió por los restos de esos artefactos. Ahí cayó uno de los fugados, Max Rafael Bárcenas Reyes, “Pinto”, recién escapado y ya muerto en un supuesto enfrentamiento del que nadie da detalles claros.
Por ese mismo puente los reos se fueron a esconder a comunidades rurales como El Colorado, en el límite con Nayarit y con las montañas, porque cuando el Estado abandona el territorio, el narco lo convierte en Airbnb para prófugos. Ahí recapturaron el 26 de febrero a cuatro: un homicida de Jalisco, un ladrón de CDMX, un veterano de delitos contra la salud y un ratero de Nayarit, todos enviados a Puente Grande y cargo extra por homicidio agravado y evasión.
Los que agarraron y el que mató a un periodista
El 27 de febrero cayó Chrystian Alejandro Lozano, jalisciense de 39 años que ya estaba en prisión por asesinar a un periodista británico residente en Vallarta a pedradas, para luego enterrarlo en una fosa hecha casi “entre amigos”. Ese también ya va a Puente Grande, porque cuando la justicia reacciona tarde, al menos reacciona con traslados espectaculares.
Mientras tanto, 17 siguen felices y prófugos: homicidas, desaparecedores, secuestradores exprés, narcos y un colombiano con nombre de película, Jhon Kennedy Campaz, todos con trayectorias que harían sonrojar a cualquier serie de Netflix. Entre ellos está El Joker, Cristian Alonso Moreno, identificado como jefe de plaza del CJNG en Lagos de Moreno y vinculado a una masacre de siete personas; si alguien cree que éste sólo “aprovechó la oportunidad” y no era parte del operativo, que se revise el nivel de ingenuidad.
El catálogo de prófugos y el Estado en modo avión
En la lista de los que se fugaron el mismo día de ingreso (11 de noviembre de 2021) aparecen sentenciados por desaparición forzada, homicidio calificado, tentativa de homicidio, delitos contra la salud, robo calificado y posesión de armas exclusivas del Ejército, todos entrando juntos y saliendo juntos como si fueran generación de preparatoria. A eso se suman especialistas en secuestro exprés, homicidio con sello de Nayarit, un extranjero y operadores del CJNG que llevaban años mapendo territorios para el cártel.
La Secretaría de Seguridad no ha aclarado si todos tenían vínculo directo con el CJNG o si varios sólo se subieron al tren del caos, pero frente al historial de varios, la versión de “aprovecharon la revuelta” suena a clásico: el Estado simulando sorpresa del incendio que ellos mismos dejaron crecer. Mientras tanto, Puerto Vallarta vende postales de playa, pero en el margen de la foto quedan los coches calcinados, el puente minado y un penal donde 23 salieron en estampida y 17 siguen probando qué tan poco control tiene el gobierno sobre su propio territorio.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/BEATRIZ GUILLEN
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