La red de huachicol fiscal con uniforme blanco y azul no solo sigue oliendo a diésel: también sigue cobrando puntualmente en nómina, bajo el manto protector de un apellido: Naval y compañía de alto mando que se jura incorruptible mientras sus indiciados están en “congeladora”… con sueldo completo.
Seis indiciados, cero prisa y todo el sueldo
La propia carpeta de la FGR enumera a por lo menos 24 militares en activo con referencias a su participación en la trama, pero siete de ellos —un vicealmirante, un contralmirante y cinco capitanes— están en una especie de limbo administrativo: no mandan, no responden, no rinden cuentas, pero sí pasan por caja.
En el eufemismo naval, están “a disposición en espera de órdenes”, lo que en castellano llano significa: castigados de mentiritas, estigmatizados hacia dentro, pero intocados hacia fuera.
El vicealmirante Salvador Camargo Vivero fue director del puerto de Tampico justo en el periodo en que entraron casi 20 envíos ilegales de combustible; hoy está muy campante, en “licencia ordinaria” rumbo al retiro, como si lo hubieran castigado con vacaciones largas.
Al contralmirante Marco Antonio Bandala López lo señalan como operador de la red en varios puertos, y a capitanes como Juan Carlos Sario Pichal o Víctor Hugo Perry Pérez los vinculan con la firma o el paso de buques de contrabando, todo aderezado con enriquecimientos inexplicables que harían sonrojar a cualquier contador público… salvo a la justicia naval.
La narrativa de “cero tolerancia” y la práctica del salario garantizado
Oficialmente, la Marina repite el mantra de “cero tolerancia a la corrupción”, “nadie está exento” y “la justicia naval y civil deslindará responsabilidades caso por caso”.
En la misma respuesta, presume bajas administrativas, invoca la presunción de inocencia y se cuida de no responder una pregunta básica: ¿dónde están y qué hacen hoy los marinos indiciados en la red criminal?
El resultado es un mecanismo perfecto de autoprotección: se controla el daño mediático diciendo que están “separados de la estructura orgánica”, se mantiene la lealtad interna conservando su jerarquía y sueldo, y se patea hacia adelante cualquier consecuencia real mientras la presidenta promete —desde septiembre de 2025 hasta febrero de 2026— que “vienen más detenciones”… que nunca llegan.
El mensaje a tropa y mandos es nítido: la corrupción es pecado mortal en conferencia de prensa, pero falta administrativa remunerada en el organigrama.
El muro alrededor de Ojeda y la omertà grabada
Para rematar, el gobierno ha levantado un muro protector alrededor del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, tío político de los supuestos cabecillas, los hermanos Farías Laguna, descritos por fuentes militares como en relación casi paternofilial.
En la orden de aprehensión se asienta que los Farías, “valiéndose de su grado, cargo, relaciones y vínculos dentro de la Secretaría de Marina”, colocaban a gente de confianza en aduanas y “contaban con el respaldo del entonces secretario de Marina”; pero la línea oficial insiste en que no hay “ninguna investigación” contra él.
El audio divulgado por Aristegui Noticias documenta una conversación de junio de 2024 entre Ojeda y el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, donde el titular de la Marina ofrece básicamente dos caminos: destapar todo “me vale madre quién caiga” o cerrarlo en casa “con el cambio de toda esta bola de cabrones, mandarlos a otros lugares”.
Guerrero hace su escrito, dibuja de puño y letra el esquema de la red; cinco meses después lo matan, y su carta no llega a la fiscalía sino hasta julio de 2025, mientras la versión oficial sigue vendiendo que la investigación nació por iniciativa de la propia institución.
Nava y el sexenio del huachicol militarizado
La protección política no solo blinda a Ojeda; también blinda retrospectivamente al primer círculo del sexenio pasado, que convirtió la militarización de puertos y aduanas en el relato mágico con el que se prometió acabar la corrupción… mientras sus sobrinos políticos y subalternos tejían una estructura para meter cientos de millones de litros de gasolina sin pagar impuestos.
Lo que se vendió como “mano dura” terminó siendo un esquema de captura de aduanas por marinos con apellido bien conectado, donde la frontera entre Estado y mafia se desenfoca a conveniencia.
Hoy, seis de los marinos con pruebas similares a las que bastaron para encarcelar a otros siguen bajo bandera, cobrando por un rango que ya no debería significar honor, sino expediente abierto.
La paradoja es brutal: el Estado presume su “mayor golpe” contra la corrupción del sexenio mientras tolera una planilla de presuntos huachicoleros de uniforme que siguen recibiendo quincena, escoltados por el silencio institucional y la devoción al apellido.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/CARLOS CARABAÑA/
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