Como si se tratara de un saqueo después de una batalla ganada, mandos en retiro y activos de la Marina y del Ejército ocuparon las aduanas marítimas y terres tres del país al amparo del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. En tres años estructuraron un entramado para traficar combustibles,drogas y armas de la mano de prestanombres y cárteles de la droga.
Pese a las denuncias, la anterior administración decidió no investigar. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sí, pero enfrenta resistencia de los militares que aún mantienen control en áreas clave de la Agencia Nacional de Aduanas.
Las investigaciones revelan un panorama sin precedente en la larga historia de corrupción en México: jefes y mandos militares ,-entre soldados y marinos- al frente de funcionarios civiles y agentes aduanales, 500 barcos usados para el contrabando de millones de litros de combustibles, tráfico de autos, armas y drogas junto con cárteles de la droga, una red de empresas transportistas у comercializadoras con derivaciones políticas y cientos de miles de millones de pesos en pérdidas para Pemex y el erario.
La develación de la trama ha dejado ya una secuela de muertes y decenas de detenidos. Hasta el 24 de septiembre último se habían girado 37 órdenes de aprehensión contra jefes y mandos militares y civiles, y se esperaban otras 60, sobre todo de civiles, entre los que se encuentran agentes aduanales.
Información de seguridad, judicial y de inteligencia a la que Proceso tuvo acceso indica que unos 200 elementos de la Marina y unos 150 del Ejército se encuentran bajo investigación.
Pero el grupo compacto se cifra en 15 mandos militares de ambas Fuerzas Armadas que ocuparon las aduanas marítimas y terrestres durante la segunda mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Las indagatorias no han terminado y están encaminadas a la búsqueda de más órdenes de aprehensión en las que podrían figurar generales de Ejército,jefes (coroneles y mayores) y oficiales (capitanes), así como sus equivalentes en la Marina: capitanes, contralmirantes, vicealmirantes y almirantes; además de mandos y jefes de la Guardia Nacional por haber custodiado el transporte de pipas con combustible ilegal.
Hasta el cierre de esta edición, el miércoles 24, las autoridades federales habían hecho nueve aseguramientos. Además de los conocidos en los puertos de Tampico, Ensenada y Guaymas,informados a fines de marzo último, han continuado otros en las aduanas de Veracruz, Tuxpan, Coatzacoalcos, Mazatlán, Man-
zanillo y Nuevo Laredo.
En los operativos se han asegurado pipas y ferrotanques con millones de litros de gasolina, diésel y turbosina; es decir, combustibles para autos, camiones y aviones.
Las indagatorias se centran en los exmandos de las Fuerzas Armadas que se hicieron de las aduanas por mandato de López Obrador; las marítimas fueron para la Marina y las terrestres para el Ejército. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se quedó con 21 aduanas fronterizas y 12 interiores, es decir, 32 terrestres; mientras que la Secretaría de Marina (Semar) se quedó con las 17 aduanas marítimas,además de la de Pantaco, en la Ciudad de México.
El entonces presidente dispuso, de manera explícita publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 2022, que además de la operación en los recintos, los militares participaran en la Unidad de Administración y Finanzas; es decir, en el control directo de los recursos.
De acuerdo con las fuentes consultadas, dio la orden en específico de que la Marina se quedara con las áreas de Recaudación у Operación Aduanera, que incluyen las aduanas fronterizas con Estados Unidos.
La Sedena se quedó al frente de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), además de las aduanas terrestres, que también incluyen algunas de la frontera con Estados Unidos, como la de Ciudad Juárez.
El mando de la ANAM fue entregado al general de división en retiro André Georges Foullon, quien fue subsecretario de la Sedena en el gobierno pasado y permaneció hasta la llegada de la presidenta Sheinbaum.
Varios de los mandos castrenses ya han sido reemplazados, tanto en la operación como en la administración aduanera, aunque algunos militares aún ocupan áreas estratégicas en la agencia, pese a la oposición del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Además de la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, en las investigaciones participan la propia ANAM, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Las tres últimas bajo el control del secretario y hombre de confianza de Sheinbaum, Omar García Harfuch.
Resistencia y división en la Marina
El actual Alto Mando de la Marina, Armada de México, el almirante Raymundo Morales Ángeles, pretendía que el instituto armado fuera la que diera a conocer las actuaciones ilegales de los mandos y exmandos de la Marina en el tráfico ilegal de combustibles, incluidos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Lagunas y su hermano Fernando con grado de contralmirante, sobrinos políticos de su antecesor, el almirante en retiro Rafael Ojeda Durán.
El propósito del Alto Mando de la Marina era dar a conocer que esa institución, por sí misma, había emprendido una purga al interior, debido a la corrupción de mandos marinos en las aduanas.
Pero la detención de los sobrinos del exsecretario se conoció antes en la prensa, a principios de septiembre.
El almirante Morales Ángeles tuvo la oportunidad de retomar el deslinde en un inédito discurso durante el desfile militar del 16 de septiembre. Aunque también hablaron la presidenta Sheinbaum y el secretario de la Defensa Nacional, el general de división Ricardo Trevilla Trejo, el acto fue organizado para darle la oportunidad al almirante Morales Ángeles de reivindicar a la Marina y separarse de los hechos bajo la administración de su antecesor.
En su discurso, que de acuerdo con cercanos al jefe militar naval sí fue conocido previamente por Sheinbaum, comandanta en jefe de las Fuerzas Armadas, el almirante Morales dijo: «Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callar». Y aseveró: «Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón».
Según el vicealmirante, la purga seguirá «pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate».
A su llegada como Alto Mando de la Marina, el almirante Morales Ángeles recibió de exfuncionarios de la Semar información que desestimaba las acusaciones. La Unidad de Inteligencia Naval ha sido clave en las pesquisas.
El secretario de Marina supo directamente de los alcances del entramado por voz del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien fue director de Recaudación en Aduanas. Fue asesinado el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, tras reportar las irregularidades al nuevo Alto Mando.
De acuerdo con la información a la que se tuvo acceso, el contralmirante Guerrero tenía prevista una reunión con Lázaro Cárdenas Batel, jefe de oficina de la Presidencia de la República, para hacerle llegar evidencias a la presidenta Sheinbaum.
También se le identifica como el denunciante de los hermanos Fernando y Roberto Farías Laguna ante su tío, el almirante Ojeda, entonces secretario de Marina, mediante una carta en junio de 2024. Según la información, el contralmirante Guerrero Alcántar identificó la estructura y nombres de jefes militares presuntamente implicados en el entramado.
La Marina vive desde hace meses un proceso de división interna.
De un lado, el secretario Morales Ángeles, quien públicamente y en el gabinete de Seguridad nacional ha expresado su decisión de investigar; por otro, jefes y mandos de la administración anterior que se resisten a dejar el control de áreas estratégicas que aún conservan en la ANAM.
Participantes de las investigaciones mencionan en específico el control de Puerto Integral Seguro (PIS). Se trata de la plataforma en donde se registra todo lo que llega del mundo a México. Tiene el registro de los barcos que vienen, con cuántos contenedores, de dónde llegan y con qué bandera.
«Es el centro de la operación del huachicol fiscal y sigue en manos de antiguos mandos de la Marina. La presidenta ya se lo pidió cuatro veces y no lo sueltan, aunque ya se ha comenzado a tener acceso», aseguran las fuentes de seguridad e inteligencia consultadas por Proceso.
La plataforma, que originalmente estaba resguardada en la Agencia Nacional de Aduanas de México, fue trasladada a las instalaciones de la Marina durante el sexenio anterior. La nueva administración de aduanas pretende regresarla a la sede de la ANAM.
Otras áreas que mencionan y que hasta el 24 de septiembre último seguían bajo el control de los marinos designados por el gobierno anterior es la Dirección General de Operación Aduanera, encargada de la liberación de mercancías y a cargo del almirante Fernando Alonso Angli Rodríguez, quien antes estuvo a cargo de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) en Veracruz.
El almirante asumió esa responsabilidad luego de que ejerciera como comandante de la Tercera Zona Naval, con sede en el puerto de Veracruz.
Las fuentes dijeron a Proceso que un hombre de relevancia en la operación de las aduanas es el almirante Enrique Flores Morado, a quien ubican como exjefe de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, y quien hasta esa misma fecha aparecía como director general de Operación Aduanera 2.
Otra área importante que conserva la Marina es la coordinación de Protección Marítima y Portuaria y Aduanas, a cargo del contralmirante Cuauhtémoc González Woolrich.
Los funcionarios de Seguridad dijeron que la ANAM también pretende recuperar aduanas que están en manos de la Sedena y que llegaron al control de las aduanas durante la gestión del entonces secretario de la Defensa y jefe del Ejército, el general retirado Luis Cresencio Sandoval.
Con la llegada del nuevo gobierno, el general Foullon fue reemplazado por Rafael Marín Mollinedo, quien fue titular de Aduanas entre diciembre de 2022 y junio de 2023. Salió cuando López Obrador entregó las aduanas a los militares.
«Los boquetes»
Las autoridades federales encargadas de la investigación identifican más de seis mil operaciones con 508 barcos que entraron a México con combustible sin que se reportara como tal.
En el propio gobierno federal aseguran haber recibido como herencia «dos enormes boquetes»: uno, causado por el tráfico de combustible, y el segundo: el de las factureras que disfrazaron el contrabando.
Fuentes judiciales aseguraron que el almirante en retiro Ojeda ha abogado por el almirante en retiro Felipe Solano Armenta, su compadre, y quien fue director general de Operación Aduanera. En ese encargo todas las aduanas le reportaban. Su segundo en la ANAM, el capitán de navío Humberto Enrique López AreIlano, quien fue director de Supervisión de Aduanas Marítimas, ya fue detenido y se encuentra recluido en el penal de Almoloya.
Los cálculos económicos varían,pero en los distintos escenarios de quienes participan en las investigaciones las cifras alcanzan los cientos de miles de millones de pesos. Ejemplifican con un caso, el de la empresa Ingemar.
Según las fuentes, entre septiembre de 2023 y febrero de 2025 ingresaron ilegalmente a México seis mil millones de litros de combustibles, que en promedio se comercializaron a 23 pesos por litro. Las autoridades indican que la evasión fue de 10 pesos por litro. Es decir, 60 mil millones de pesos no reportados al fisco.
Uno de los socios de esa empresa es el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo, quien públicamente ha rechazado estar involucrado en el contrabando de combustibles, al precisar que es inversionista, con 49% de las acciones, pero que no tiene la mayoría para tomar las decisiones de la empresa.
El 7 de julio último, el gobierno federal aseguró en Coahuila 15 millones de litros de diésel, gasolina y destilado de petróleo de procedencia ilícita. Hasta ahora ha sido el contrabando más grande detectado por vía férrea.
El cargamento ha sido atribuido a la empresa mexicana y a la estadunidense Belar Fuels Company.
En los cálculos generales, la pérdida también ha sido significativa para Pemex, que vio reducido su mercado debido a que las gasolineras dejaron de comprarle diésel y gasolina y la compraban a los huachicoleros. Los cálculos preliminares refieren una caída de hasta 40% de sus ventas.
De acuerdo con la revisión de los datos oficiales de Pemex, hecha por la reportera de Proceso Camila Ayala, las ventas totales de la petrolera mexicana sufrieron un desplome de 29.7% entre 2022 y 2024. Esa tercera parte del mercado habría sido para la vasta
empresa criminal.
«El presidente lo supo»
De las operaciones ilegales, por lo menos, dos hombres cercanos a López Obrador y de primer nivel en el gabinete de Seguridad nacional tuvieron conocimiento: el exsecretario de Marina, el almirante en retiro Ojeda y el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, el general en retiro Audomaro Martínez, cuyos entornos familiares aparecen directa e indirectamente en la trama.
Aunque el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ha dicho que fue en 2023 cuando el entonces secretario de la Marina le dijo que había «problemas» en esa Fuerza Armada, allegados al actual Alto Mando de esa Fuerza confirman que las operaciones delictivas en las aduanas fueron detectadas desde el sexenio pasado, pero que el
llamado de auxilio a la FGR ocurrió a principios de 2024.
Para dar una idea de las ganancias obtenidas por quienes participaban en la trama,los funcionarios federales explican que Pemex autoriza una ganancia de entre 2.35 a 2.65 pesos por litro de gasolina, que en el mercado se vende actualmente a un máximo de 24 pesos por litro,mientras que el precio con los huachicoleros es de entre 6 y 7.80 pesos el litro, con lo cual los vendedores ilegales superaban con mucho sus márgenes de ganancia en sus operaciones con las empresas con sumidoras.
«No se hizo nada, sino hasta el cambio de gobierno.
Cuando llegó la nueva administración a …
Marina (1 de octubre de 2024) no había nada; no se recibió ninguna investigación o algún reporte. Fue a partir de entonces cuando comenzaron las investigaciones, que estuvieron a cargo de los nuevos responsables de la Unidad de Inteligencia Naval (UIN) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a la que se le pidió apoyo.
«Se armó una investigación y se entregó a la FGR. Pero eso ocurrió hasta después del aseguramiento en el puerto de Tampico», Tamaulipas, en donde fueron descubiertos 10 millones de litros de diésel.
Esa acción fue dada a conocer por el gabinete de Seguridad federal el 31 de marzo último y fue presentada por el gobierno de Sheinbaum como un «aseguramiento histórico», debido al volumen del combustible ilegal.
De acuerdo con el reporte oficial, el contrabando arribó al puerto de Tampico el 19 de marzo, donde fue declarado ante el fisco como aditivos para aceites lubricantes.
Otra autoridad que durante el gobierno de López Obrador estuvo al tanto del tráfico ilegal de combustible fue el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a cargo entonces del general en retiro Audomaro Martínez, el jefe militar más cercano al expresidente durante décadas.
El general fue informado por la propia Agencia Nacional de Aduanas de México meses después de que los militares se hicieran cargo de las aduanas en mayo de 2022, pero el jefe del aparato de inteligencia civil del Estado mexicano desestimó los reportes. «Nunca investigó, ni pidió más información», coincidieron los consultados.
Sobre el conocimiento de lo que ocurría, una fuente de Seguridad afirma que el propio expresidente López Obrador fue advertido de lo que ocurría. «Lo supo de primera mano, pero reiteró su confianza en los militares», refiere una integrante del gabi nete de inteligencia.
Todo se podía
La empresa criminal no se limitaba al contrabando de diésel.Según participantes en la investigación, «los marinos también robaban crudo a Pemex, que luego mandaban refinar en barcos».
Refieren el llamado caso Jensen,dado a conocer en abril pasado y en el que el millonario James Jensen, junto con su tamilia, originarios de Utah, introdujo entre enero de 2022 y diciembre de 2024 dos mil 881 cargamentos de petróleo crudo robado a Pemex con la ayuda del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El petróleo salía de México y era regresado por Jensen como «aceite usado». Ese contrabando causó a Pemex daños por 300 millones de dólares, según informaron las autoridades estadunidenses cuando dio a conocer la detención del magnate.
«Todo se podía; es decir, todo tipo de tráfico», explican. No sólo era el diésel que entraba a México o el crudo robado que mandaban a Estados Unidos, sino vehículos, armas y drogas.
Los registros indican que ingresaron 22 mil autos al país sin los permisos debidos.
«Cuando llegaron a las aduanas,los militares ya sabían a lo que iban», aseguran los funcionarios que conocen las indagatorias.
El aseguramiento del buque Challenge Procyon con los 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores, 23 tractocamiones con remolque junto con armas de fuego y municiones, empezó a dar la dimensión del robo sistemático a las arcas nacionales.
Pero la cloaca se abrió días antes.
El 29 de marzo el gabinete de Seguridad informó del aseguramiento de siete millones 944 mil litros de diésel en un predio de Ensenada, Baja California. Se trataba de una instalación clandestina con gran capacidad de almacenaje para la descarga y distribución del diésel.
El predio es propiedad del senador de Morena Gerardo Novelo Osuna, quien aseguró que él tenía contratado el terreno en donde se llevó el aseguramiento que la autoridad describió como «el más grande» registrado en el estado.
Para el traslado del combustible de contrabando se necesitaron dos mil pipas. La carga fue custodiada por la Guardia Nacional, pero fueron ubicadas porque tenían localizador GPS, de acuerdo con la evidencia videograbada conocida por este medio y que forma parte de las investigaciones.
Una de las líneas de investigación tiene que ver con los presuntos vínculos con los cárteles en todo el país y según su zona de influencia para el tráfico de precursores, drogas, armas y autos.
Además del CJNG, mencionan al Cártel del Noreste en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila; el de los Arellano Félix, en Tijuana; el de Sinaloa y el de La Línea, en Chihuahua.
De manera simultánea, en el puerto de Guaymas, Sonora, fue asegurado el buque Torm Agnes con dos millones de litros de diésel. Había arribado a Guaymas el 20 de marzo y descargó dos millones 226 litros de diésel, aunque en la documentación presentada en aduanas reportó 9.8 toneladas de «fluidos sólidos».
El buque que introdujo la carga ilegal adelantó cuatro días antes su salida del país luego de que el gobierno de México informara del aseguramiento en Tampico.
La operación fue documentada por Proceso en su edición de junio último («Semar contrata a empresa de cónsul honorario de Nicaragua. Bajo su custodia entró combustible ilegal a México»).Tan sólo en estos tres operativos,realizados en diez días, fueron asegurados oficialmente 20 millones de litros de diésel.
Los sobrinos, parapeto político-militar
El día que el gobierno federal dio a conocer el aseguramiento de los 10 millones de litros de diésel contrabandeado en el puerto de Tampico también se informó de la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Lagunas, mientras que su hermano Fernando, con grado de contralmirante, quedó en calidad de prófugo debido a que no estuvo en donde se hicieron las aprehensiones.
Los sobrinos del almirante Ojeda se han convertido en la cobertura de las investigaciones encaminadas hacia altos rangos de las Fuerzas Armadas; es decir, Ejército, Marina y Guardia Nacional, el cuerpo creado por López Obrador para dejarles la seguridad interior.
La revelación del caso de los sobrinos del almirante fue una manera de reducir el impacto en las Fuerzas Armadas, pero las investigaciones tendrían que derivar en el desmantelamiento de toda la estructura delictiva en la que participaron cientos de personas, entre jefes militares,narcotraficantes, empresarios,familiares de políticos y civiles que sirvieron de prestanombres,dicen los investigadores.
Con informacion: PROCESO
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